Privatización y precariedad en teléfono 122 de emergencias
La atención telefónica del servicio de emergencias 112, esencial para la gestión de situaciones críticas, está mayoritariamente subcontratada en España. Según una investigación de Civio, once comunidades autónomas externalizan este servicio, delegándolo en empresas privadas que aplican el convenio laboral de contact center.
El fatídico 29 de octubre, en el servicio de atención de emergencias de la Comunidad de Valencia, había poco más de 20 personas respondiendo a las llamadas. Al inicio del turno de las 15:00 horas, empezaron a entrar avisos por Utiel “bastante alarmantes” relataba un trabajador a El Salto, que recuerda que iban recogiendo datos sobre “una persona subida al tercer piso para escapar del agua. Luego llaman del polígono de Ribarroja, que estaban subidos a los techos de las naves…”
El trabajador está contratado por Ilunion Emergencias, que gestiona el servicio externalizado, dependiente del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los turnos de mañana y tarde están cubierto por 24 personas, el de por la noche ha llegado a cubrirse con seis personas.
Conforme avanzaba la dana, “el volumen de llamadas iba en aumento, y aun así la sala estaba en un dimensionamiento normal”, recordaba el delegado de CGT, Anastasio Borreguero.
Reconoce que la plantilla recibió refuerzos y llegaron a ser hasta 40 personas. “En ese día se dimensionó todo lo que se pudo, los compañeros estuvimos al lado y hemos hecho turnos de 10 horas de manera voluntaria”, relataba Borreguero. Pero había un límite. “Por mucho que quieras no puedes tener más personas trabajando a la vez porque no hay más terminales”, especificaba. Hubo hasta 400 llamadas en espera.
Ilunion Emergencias, perteneciente al Grupo ONCE, es la empresa con más contratos en vigor para la gestión de las llamadas de emergencias en toda España. Además de en la Comunidad Valenciana, opera en Andalucía, Castilla y León y Murcia, informa Civio.
El precio de adjudicación para desarrollar este servicio varía, desde los 1,72 millones de euros al año en Murcia hasta los 13,8 millones de euros en Andalucía. Solo Asturias, Islas Baleares, Extremadura, Navarra, Madrid (el 061 de emergencia sanitarias sí depende del Servicio de Urgencia Médica también gestionado por Ilunion), La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta, mantienen el servicio 112 directamente bajo responsabilidad pública.
Los operadores del 112 subcontratados se rigen por el convenio laboral de contact center o telemárquetin, lo que implica que apenas superan el salario mínimo interprofesional y la jornada anual es de 1.764 horas. Las diferencias por comunidades autónomas van desde subidas salariales que van de los 40 euros, en el caso de Murcia, a los 300 en Cataluña, y, en algunos casos, una reducción de las horas de trabajo anuales, como en Galicia, donde son 1.600.
La plantilla del 112 de de Castilla-La Mancha no se rigen por el convenio de contact center, aunque sus condiciones laborales en muchos aspectos pueden ser peores. En 2017 consiguieron un convenio propio, que supone apenas un complemento salarial de 144 euros.
“Lo que hacemos no es telemárquetin, lo único que tenemos en común es que nuestra herramienta de trabajo es un teléfono”, señalaba Isabel Moares a Civio, quien contaba que ha atendido incidencias relacionadas con jabalís que se cruzan en la carretera, intentos de suicidio, incendios o barcos hundidos. En el tiempo que lleva atendiendo llamadas de emergencias en Galicia, desde 2021, ya ha pasado por tres empresas, la última de ellas una UTE formada por Coremain y Telemark, subsidiaria del Grupo Konecta.
A finales del año pasado, los trabajadores del 1112 de Andalucía convocaron varios días de huelga ante la intención de la Junta de prorrogar el contrato con Ilunion, que gestiona también l 061 y la de Salud Responde.
Los trabajadores argumentan que su labor va más allá de las funciones típicas de un centro de llamadas, ya que manejan situaciones de vida o muerte. Por ello, reclaman ser integrados en el sector público y abandonar un convenio que consideran inapropiado para la naturaleza de su trabajo. Abogan por una gestión pública directa que reconozca la importancia y especificidad de su labor, garantizando así una atención de emergencias más eficiente y digna.
Redactor jefe de Noticias Obreras
