El ciclo de la vivienda en España: mercantilización, emergencia y propuestas
Décadas de políticas orientadas a convertir la vivienda en un bien más de mercado están detrás de la actual crisis habitacional, denuncian los autores de este Tema del Mes, miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que presentan la evolución de su lucha y sus propuestas para garantizar hogares dignos y asequibles.
Las políticas del ladrillo para mercantilizar un derecho fundamental como es la vivienda han dejado profundas cicatrices sociales. La mercantilización del derecho a la vivienda y la privatización masiva de viviendas de protección oficial (VPO) han llevado a una crisis habitacional sin precedentes, dejando al país con uno de los parques públicos de vivienda más pequeños de Europa y en una situación de emergencia cronificada que ya afecta a varias generaciones y a un alto sector de la sociedad.
Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los españoles vivían en alquiler. Ciudades como Madrid y Barcelona eran centros de vivienda en régimen de arrendamiento. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946 cambió el panorama al establecer contratos indefinidos y congelar rentas. Aunque esto protegía a los inquilinos, desincentivaba a los propietarios, que empezaron a vender sus inmuebles o a dejarlos deteriorarse.
Durante la dictadura franquista, el régimen impulsó la propiedad privada como un pilar de estabilidad social. El Estado promovió la construcción de viviendas subsidiadas para su compra, bajo el lema «España, país de propietarios, no de proletarios». El acceso a la vivienda dejó de concebirse como un derecho social y pasó a ser un objetivo individual y una mercancía muy lucrativa para constructores, promotores, bancos y todo el sector inmobiliario en general. Eran los principios del mantra que adoctrino a todo un país, que aún perdura, en que ser propietario era señal de éxito en la vida, al tiempo que empujaban a comprar porque alquilar «era tirar el dinero», ya que el piso jamás sería tuyo, en cambio si te hipotecabas por unas «módicas» cuotas mensuales, en 30 años podría ser tuyo y si no, siempre podías vender para comprarte uno mejor y volver a empezar.
El verdadero golpe al parque público de vivienda llegó con las políticas neoliberales de los años 90 y 2000. La Ley del Suelo de 1998 liberalizó el uso del suelo, permitiendo construir masivamente. Miles de VPO fueron recalificadas y pasaron al mercado libre tras agotar su periodo de protección, que en muchos casos era de solo 10 a 30 años.
La crisis financiera de 2008 agravó la situación. Con miles de familias desahuciadas y una enorme cartera de viviendas en manos de bancos rescatados, el Estado optó por vender estos activos a fondos de inversión internacionales como Blackstone. Un caso paradigmático fue la venta en 2013 de 1.860 viviendas públicas en Madrid a fondos buitre, dejando a sus inquilinos a merced de empresas cuya prioridad es maximizar beneficios.
La burbuja inmobiliaria en España se formó entre finales de los 90 y 2007, impulsada por un modelo económico basado en la construcción masiva y el crédito fácil. Los bancos ofrecían hipotecas de alto riesgo a personas con ingresos inestables, fomentando una falsa sensación de prosperidad. El estallido de la burbuja en 2008 dejó a cientos de miles de familias atrapadas en hipotecas impagables y los bancos, ante una ley hipotecaria anómala y criminal empezaron a ejecutar a las familias que perdían su hogar y se veían con una deuda impagable de por vida y sin casa, una situación que imposibilitaba volver a empezar.
El acceso a la vivienda
dejó de concebirse como
un derecho social y pasó a ser
un objetivo individual y una
mercancía muy lucrativa
Según datos oficiales, desde 2008 se han producido más de 800.000 ejecuciones hipotecarias, una tragedia social que dejó a muchas familias en la calle y sin alternativa habitacional. Los bancos, rescatados con fondos públicos, vendieron buena parte de estas viviendas a fondos de inversión, perpetuando el ciclo especulativo.
Esa misma crisis impactó de lleno en el sector inmobiliario español, arrastrando a bancos y cajas de ahorro que habían financiado proyectos especulativos insostenibles. Para evitar el colapso del sistema financiero, el Estado español aprobó un rescate multimillonario a los bancos en un nuevo golpe a la ciudadanía a la que se le pedían responsabilidades, se culpabilizaba de su situación y se le daba la espalda.
En 2012, España recibió un préstamo de 100.000 millones de euros de la Unión Europea para sanear su sistema bancario. Se crearon entidades como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como el «banco malo», que absorbió miles de inmuebles tóxicos procedentes de embargos y promociones fallidas.
Sin embargo, lejos de convertir estas propiedades en vivienda pública, SAREB vendió la mayoría a fondos de inversión y especuladores internacionales con importantes descuentos. De esta manera, el Estado asumió las pérdidas mientras los fondos privados se beneficiaron de la recuperación económica posterior, consolidando su poder en el mercado inmobiliario.
Con el acceso a la propiedad restringido por el endurecimiento de las condiciones hipotecarias, el mercado del alquiler se convirtió en la única opción para muchas familias. Sin embargo, la falta de un parque público sólido que diera respuesta a la emergencia y solución a las familias desahuciadas, sumado a la especulación generalizada hicieron que los precios del alquiler se disparasen. Las principales ciudades como Madrid y Barcelona sufrieron incrementos de hasta un 50% en la última década.
Hoy en día, el mantra de que «comprar es más barato que alquilar» ha resurgido, pero con una diferencia crucial: el acceso a la propiedad está limitado por la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda. El mercado inmobiliario sigue siendo un terreno fértil para la especulación, mientras que la protección social sigue siendo insuficiente. Donde antes solo tenías problemas de vivienda si perdías el trabajo o parte de los ingresos, a día de hoy da igual que estés trabajando, que acabas destinando casi la totalidad del sueldo a pagar la vivienda.
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Portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)
