Demandan a la Sareb ante la Audiencia Nacional para que informe de sus ventas de vivienda protegida
El portal de periodismo de vigilancia de lo público Civio ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para obtener información sobre la venta de 9.440 viviendas protegidas por parte de la Sareb.
La organización sin ánimo de lucro trata de conocer los precios y los compradores de estos inmuebles, después de que el Consejo de Transparencia denegara el acceso a esta información, alegando que su conocimiento perjudica los intereses económicos y comerciales de la Sareb.
La Sareb, creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca está obligada a cumplir con Ley de Transparencia, al estar participada mayoritariamente por el Estado. La gestora de los llamados “activos tóxicos” de la crisis financiera de la pasada década fue creada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y una serie de entidades bancarias en 2012, gracias a los cerca de 51.000 millones de euros de deuda avalados por el Estado.
En 2022, el Estado aumentó su participación en la Sareb hasta el 50,14% después de que, un año antes, la Unión Europea obligara a contabilizar la deuda de esta entidad como pública, por lo que como toda sociedad con participación pública mayoritaria está obligada a cumplir la Ley de Transparencia.
Civio sostiene que la información sobre las operaciones comerciales de la Sareb debería ser de acceso abierto, ya que la deuda de esta entidad es pública, más aún cuando realiza transacciones de viviendas de protección oficial financiadas o construidas a cargo del presupuesto estatal.
En abril de 2023, presentó una solicitud de información a la Sareb, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del FROB, sobre los inmuebles comprados y vendidos por esta entidad, así como las entidades involucradas y los precios de las transacciones.
A pesar de la primera negativa de la Sareb y la consiguiente reclamación de Civio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obligó a la entidad a proporcionar la información solicitada, salvo los precios de compra y venta de inmuebles.
Incumpliendo el plazo dado, finalmente la Sareb envió los datos, en febrero de 2024, de 5.600 empresas que habían comprado activos a la Sareb entre las se encontraban al menos 41 megatenedores de vivienda, como Blackstone o CaixaBank, de forma directa o a través de filiales.
También envío datos sobre el tipo de activos comprados por la Sareb: de las 107.079 compras realizadas, cerca de 44.000 fueron viviendas libres y otras 12.349 eran viviendas protegidas, la mayoría de ellas compradas a Bankia y la tercera parte de ellas localizadas en las provincias de Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia.
La organización de vigilancia volvió a solicitar más información, esta vez sobre las 12.349 viviendas protegidas para tratar de conocer cuantas de ellas habían sido vendidas, a qué empresas y por qué cuantía.
Sin embargo, la Sareb volvió a negar toda información solicita, comunicando nada más que había vendido hasta marzo del año pasado, 9.440 viviendas de protección pública, reservándose más detalles con la justificación de que podría afectar a “la estrategia de la empresa, lo que tiene un impacto directo en nuestra posición frente a los competidores”.
En esta ocasión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, resolvió a favor de la Sareb al entender que primaban los intereses comerciales y económicos de la Sareb por delante del interés público.
Por ello, Civio ha decidido acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para que decida “si la ciudadanía tiene derecho a saber a qué precio y a quién ha vendido la Sareb las viviendas protegidas que compró desde su creación en 2012”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
