El informe FOESSA advierte de que el empleo creado no garantiza la integración social
Nueve millones y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social en España, un 17,7% más que antes de la Gran Recesión de 2007, según el avance de resultados del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España de la Fundación FOESSA elaborado con datos el segundo trimestre de 2024.
“Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la COVID siguen sin recuperarse”, a pesar de los datos positivos de la economía y del empleo, ha advertido la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.
En la presentación del Avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2024, Peiro ha insistido en que casi 20 años después de aquel crack económico, “tenemos todavía 4,3 millones en exclusión social severa en España”.
A la vez, “crece el número de hogares sin ingresos, como ocurre en cada una de estas crisis”, de modo que en el tercer trimestre de este año había 550.000 mil hogares sin ningún ingreso.
La situación de integración plena en la que se sitúan quienes no presentan ninguna carencia en los ocho indicadores utilizados por FOESSA (desde la falta de ingresos a falta de red de apoyo) afecta a 22 millones de personas en España en 2024, el 45%, cuando en 2008 llegaba al 51%.
Lo cierto es que las mejoras económicas globales no repercuten sobre el grupo de población más vulnerable de nuestra sociedad, lo que demuestra una vez más, “la incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y exclusión social”, ha señalado Peiro.
Trabajadores pobres
De hecho, según el análisis, el 12% de las personas trabajadoras se encuentra en situación de pobreza, lo que indica que muchas de las ocupaciones generadas no garantizan suficientes ingresos para hacer frente a gastos esenciales, como la vivienda y la alimentación.
Si bien el empleo presenta “los datos más positivos” desde el 2007, con un aumento del empleo y de la población activa, el empleo que se ha creado ha sido “dual”, según Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española.
Frente al empleo “formal y estable con potencial integrador”, se está creando empleo en “sectores con baja remuneración, poca estabilidad y en los que encuentra más fácilmente una oportunidad las personas migrantes o más vulnerables”.
Este empleo que genera exclusión también crece. Así, el número de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo de exclusión ha pasado del 1,1% en 2018 al 2,7% en 2024. Se trata de ocupaciones como la venta a domicilio, la venta ambulante, el empleo de hogar no cualificado, los peones agrícolas, los eventuales temporeros, los recogedores de cartón, reparto de propaganda, etc.
Aunque la reducción del desempleo no deja de ser una buena noticia, lo cierto es que una de cada tres personas desempleadas se encuentra en situación de exclusión severa y una de cada dos, la mitad, de los hogares donde la persona sustentadora principal está en paro. “El empleo ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social”, ha referido el responsable del estudio sociológico.
“El empleo está insuficientemente protegido”, por lo que hace falta, según ha señalado Flores, “complementar” las políticas activas de empleo con medidas de apoyo social. Es más, ha advertido que “la coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo es una asignatura pendiente”.
Vivienda inaccesible
Otra de los grandes factores que condenan a parte de la población a la pobreza y exclusión social es la vivienda. “Se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023”, ha reconocido Flores.
La situación de la vivienda, de hecho, es ya una crisis social, desatendida desde hace décadas, que afecta ya a uno de cada cuatro hogares en España, nueva de cada diez de los que han sido empujados a la exclusión social severa, que manifiestan tener problemas para acceder, permanecer y mantenerlos.
En conjunto, hay 4,6 millones de hogares con dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024, mientras que el sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ahora a 6,8 millones de personas (14,1% de la población), 1,7 puntos porcentuales más que en 2018 y 8,9 puntos porcentuales más que en 2007, momento en el que los gastos excesivos alcanzaban al 5,2% de las personas.
Como es fácil de imaginar, el esfuerzo para pagar la vivienda es mayor para la población con menos recursos. El 20% de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70% de sus ingresos al alquiler, cuando en 2007 era del 48% en 2007.
La exclusión se ceba especialmente con las familias que viven de alquiler. El riesgo de caer en la exclusión para quienes tienen la vivienda en propiedad afecta al 8% de la población, pero aumenta hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler y hasta el 59% en el caso de los hogares con tenencia en precario (cedida, realquilada, ocupada o con aviso de desahucio).
“Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o, en menor medida, mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital”, ha resaltado Flores.
Sanidad cada vez menos universal
El acceso a la sanidad está igualmente afectando a la integración de la población. Las listas de espera, la exclusión de determinados servicios del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y la dificultad de acceso para la asistencia a la salud mental están generando una desigualdad creciente, según el informe.
Los casos de enfermedades graves o crónicas que no han recibido atención en el último año alcanzan a más de 600.000 familias y el 12% de la población se ha encontrado con dificultades para comprar medicamentos y seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
El adelanto del estudio de FOESSA identifica los colectivos a los que más está afectando la precariedad laboral y la crisis de la vivienda, sin recibir la protección social adecuada: jóvenes, mujeres, familias con menores y migrantes presentan mayores posibilidades de caer en la pobreza y exclusión social.
La sociedad del riesgo
El análisis de la realidad que ha elaborado FOESSA pone en evidencia que “nos dirigimos a una sociedad del riesgo en la que pueden tambalear las vidas de distintos estratos de la sociedad, y no solo aquellos que ya vivían en la incertidumbre”.
El desgaste para tener y mantener una vivienda, la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias, y la brecha generacional que amenaza el futuro de jóvenes, niñas y niños de hoy, y por tanto que amenaza el futuro de nuestra sociedad, está conformando “una sociedad del riesgo que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero cada vez más las vidas de más familias en general”, ha explicado Raúl Flores.
El conocimiento científico y la escucha de las personas y familias que acompaña Cáritas, debería servir, en opinión, de su secretaria general, Natalia Peiro, para favorecer “un cambio de políticas y poder discutir abiertamente y con seriedad de cómo responder” a los desafíos planteados.
“Como sociedad nos enfrentamos a diferentes retos que deben ser abordados no solo pensando en las mayorías, sino poniendo también el foco en aquellas personas, colectivos y territorios que tienen mayores dificultades y que, en muchos casos, enfrentan una acumulación de problemas simultáneos que se retroalimentan entre sí”, ha insistido Peiro.
En este sentido, Flores ha señalado las tres bases desde la que partir para conseguir una sociedad más justa, “reducir la desigualdad social, promover la cohesión social y apostar por el bien común”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
