Trabajo fija el 11 de noviembre como límite para que la patronal se sume a la reducción de la jornada
El diálogo social entre Gobierno y agentes sociales para reducir la jornada de trabajo no da más de sí, por lo que el ministerio de Trabajo ha pedido a las partes que el próximo 11 de noviembre digan “sí o no” a su propuesta para implantar las 37,5 horas en todas las empresas y sectores.
“Trece reuniones después y 10 meses después y habiendo el Gobierno completado absolutamente su propuesta, la mesa ya no puede dilatarse más”, ha reconocido el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey.
CCOO y UGT, por su parte, dudan de que CEOE se sume al acuerdo final así que abogan por que el Gobierno priorice las reivindicaciones sindicales y atienda las medidas técnicas y organizativas que proponen las organizaciones de trabajadores.
La representación del empresariado, que no comparece públicamente tras cada reunión de esta mesa del diálogo social, según fuentes citadas por Europa Press, no ha variado su postura en todo este tiempo. Sigue aferrada al cumplimento de Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y pide el cumplimiento de los convenios.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha denunciado que más allá de pedir el cumplimiento de la vigencia de los convenios colectivos, los representantes empresariales “no nos han dicho cómo vamos a actuar, qué deberíamos hacer, qué proponen cuando acabe la vigencia de los convenios”, ha expresado.
Tampoco han propuesto “cómo se recortaría por ley la jornada después de ese periodo transitorio”, se ha quejado el vicesecretario de Política sindical de UGT, Fernando Luján.
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha pedido al Gobierno cerrar las cuestiones en materia de registro de jornada y desconexión digital todavía “pendientes” encima de la mesa, y recortar la jornada sin “ningún decalaje”.
La intención de Trabajo, según Pérez Rey, es “hacer por ley” que la jornada máxima a la semana quede en 37,5 horas, para sí llegar “a los 12 millones de trabajadores que potencialmente se van a ver beneficiados de ello”
El Gobierno trabaja ya con la idea de aprobar la limitación para que entre en vigor a principios de 2025, junto con la adaptación del derecho a la desconexión digital y un nuevo registro horario digital e “interoperable” por parte de la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumple la jornada establecida legalmente.
Con todo, Pérez Rey ha vuelto a pedir, “en especial a los representantes de las pymes y de los autónomos”, que se “centren en la representación de sus intereses y no en la política o en qué partidos o que personas están detrás de esta medida, que quieren la mayoría de la sociedad y de los trabajadores del país”.
La que es “la última propuesta” ministerial contempla ayudas económicas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura.
Una inyección económica que se suma a las bonificaciones de las cotizaciones de las nuevas contrataciones o conversiones de contratos a tiempo parcial a jornada completa que hagan las empresas de menos de 10 trabajadores y con volumen de negocio inferior a dos millones de euros del Plan pyme 37.
De mantenerse, la oposición de la patronal a dialogar sobre estas medidas y acordar la rebaja del tiempo de trabajo, la negociación entre el Gobierno y los sindicatos se centrará en la creación del registro horario digital y accesible para la Inspección de Trabajo, el endurecimiento de los incumplimientos y la regulación de la desconexión.
Estas medias pueden ponerse en vigor a través del desarrollo reglamentario, por lo que necesitan la aprobación en el Parlamento.
Según el representante de CC OO, Carlos Bravo, si el acuerdo final se limita a Gobierno y sindicatos, entonces cambiará el contenido de la negociación ya que “las ayudas no son para las organizaciones sindicales ni para los trabajadores”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
