Sindicatos y víctimas de la siniestralidad reclaman medidas para evitar que “trabajar cueste la vida”
Las organizaciones sindicales y las víctimas de la siniestralidad asisten indignadas al alza de la siniestralidad laboral en España, sin que ni la Administración ni la patronal den muestras de querer pasar de las buenas palabras a los hechos.
Al ritmo que vamos, unas 750 personas trabajadoras habrán muerto en su intento por ganarse la vida a través del empleo. Exactamente, son 498 las personas trabajadoras que han perdido la vida en el trabajo de enero a agosto de 2024, 40 personas más que las fallecidas en el mismo periodo del año anterior.
“Todo sigue igual o peor, la lucha contra la siniestralidad laboral sigue sin ser una prioridad política, porque preferimos mirar hacia otro lado, en vez de enfrentar este drama, que permanece tapado”, denuncia el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA), Miguel Cruz.
Es “insoportable”, “alarmante”, “preocupante”, “inaceptable”, coinciden en señalar los responsables sindicales de Salud y Seguridad de CCOO y UGT, Mariano Sanz y Ana García de la Torre, respectivamente.
No es para menos, cada dos días muerte una persona en el trabajo. Casi a diario los medios de comunicación informan de sucesos dramáticos en los centros de trabajo y en los trayectos de ida y de vuelta al puesto de trabajo.
En el fondo, se lamenta Cruz, resumiendo el sentir de las familias afectadas, “se sigue considerando que la persona que trabaja importa menos que el beneficio de su fuerza de trabajo y se la utiliza como una herramienta que cuando se rompe se cambia o se tira”.
La prevención está fallando
Lo que está pasando es que “las medidas de prevención están fallando”, apunta García de la Torre. “El sistema no funciona”, añade su compañero de CCOO, Sanz.
“La mayoría de las muertes en el trabajo se producen por causas fácilmente evitables, como las caídas en altura y los choques con objetos en movimiento”, advierte la secretaria de salud y seguridad laboral de UGT.
Muchas otras muertes se deben a infartos y derrames cerebrales que tienen mucho que ver con las condiciones de trabajo y con cómo se organiza la producción. Sin embargo, indica la sindicalista de UGT, “apenas se evalúan los riesgo psicosociales, salvo que haya habido una denuncia de los delegados y delegadas tras un accidente”.
“Falta prevención”, reconoce Sanz, pero, sobre todo, completa, “falta calidad en la prevención y falta integración de las medidas preventivas, porque en su gran mayoría se ha dejado en manos ajenas a las empresas, que prefieren contratar fuera estos servicios”.
“Se ha ido construyendo todo un gran sector
en torno a los servicios ajenos de prevención,
donde importa más la rebaja de costes que la calidad”
“Se ha ido construyendo todo un gran sector en torno a los servicios ajenos de prevención, donde importa más la rebaja de costes que la calidad”, advierte Sanz, de modo que “a los empresarios les sale más rentable incumplir y pagar las multas que poner los medios necesarios para evitar los accidentes y las enfermedades”.
Para Sanz, “en nuestro país, desde hace años se considera que, para favorecer el emprendimiento y la buena marcha de las empresas, hay que rebajar las exigencias legales”. Con esta premisa se llevaron a cabo “sucesivas reformas que recogieron casi todas, por no decir todas, las reclamaciones de la patronal, mientras que a las organizaciones sindicales ni se nos preguntó”.
Como consecuencia de aquellas decisiones, detalla Sanz, los técnicos de prevención de los servicios ajenos tienen que atender entre 100 y 200 empresas, lo que “complica y mucho la eficacia de su labor”. Por no hablar, de que “los empresarios con menos de 25 trabajadores pueden asumir las labores preventivas”, sin importar si tienen la preparación o la capacidad de cumplir escrupulosamente con la legislación.
Advierte el presidente de AVAELA que la forma en que se han implementado los servicios de prevención en las empresas tiene “una orientación mercantilista” que explica, en parte, que la siniestralidad siga en niveles inaceptables, puesto que al final “importa más el beneficio que generan estos servicios que la vida y la salud de las personas que se pretende proteger ”.
Falta de vigilancia de la Administración
La Administración tampoco ha mostrado la agilidad necesaria para reforzar su papel de vigilancia de la salud de la población trabajadora. Los últimos datos señalan que hay un inspector de trabajo por cada 1.500 empresas o unas 16.000 personas trabajadoras.
Tampoco, se quejan los sindicalistas, la Administración está gestionando con eficacia las enfermedades profesionales. “Sigue habiendo un subregistro de enfermedades profesionales, cuando hay miles de sustancias cancerígenas en los centros de trabajo, no lo decimos nosotros, también las instituciones europeas e internacionales”, se queja Sanz, de CCOO.
Su compañera en UGT, García de la Torre, además, insiste en que “si no se hace un buen diagnóstico de la situación, si no se sabe de qué y cómo enferman los trabajadores, resulta muy complicado adoptar las medidas preventivas oportunas”.
No ayuda que las condiciones de trabajo, más allá de los cambios en las modalidades de contratación, no mejoren sustancialmente. “La siniestralidad está muy conectada con la precariedad y esto se ha normalizada, se da por hecho que tiene que se así y no se mejoran las relaciones laborales, lo que resta fuerza a la exigencia de las medidas adecuadas de seguridad”, matiza el presidente de AVAELA.
Un plan de choque
El sindicato UGT viene reclamando un “plan de choque” urgente para atacar de raíz las causas de la siniestralidad, mientras las negociaciones y estudios en el que participan el Gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales en el marco del diálogo social dan algún resultado.
“Necesitamos campañas para garantizar el cumplimento de la normativa, que no es mala en sí, a pesar de que hay que actualizar, y que se sepa que si se incumple, habrá consecuencias, hace falta más visitas a las empresas, mejorar la evaluación de los riesgos psicosociales con una ley específica, como la que existe sobre los cancerígenos, que nos ayude a prevenir los problemas de salud mental y no hace falta esperar más para desarrollar algunos reglamentos”, desgrana García de la Torre.
UGT propone la extensión de la figura de los delegados territoriales de prevención para que puedan llegar a aquellas empresas que no cuentan con representación sindical, dado que está bien documentado que en las empresas donde están presente los sindicatos hay menos accidentes, lo que corrobora Sanz, de CCOO.
El presidente de AVELA, Cruz, apoya esta reivindicación, porque “donde más está costando promover la cultura de la seguridad en el trabajo es en las pequeñas y medianas empresas que son la inmensa mayoría en nuestro país”.
Los sindicatos han llegado a proponer que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una vez formados, puedan actuar de oficio en aquellas situaciones donde existan riesgos evidentes para la vida e integridad de las personas trabajadoras.
“Pensamos que tendríamos un resultado inmediato, frente a otras medidas de la Administración que llevan su ritmo”, especifica García de la Torre. “No nos parece mal”, puntualiza Sanz, que “la Guardia Civil, por ejemplo, sobre todo en el mundo rural, pueda intervenir para pedir a un trabajador subido al tejado de una nave o colgado de una pared sin medidas de seguridad que se baje e informar a la Inspección”, puntualiza Sanz.
Diálogo social
Gobierno, patronal y sindicatos llevan meses reuniéndose en el marco del diálogo social para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales e impulsar la mejora de la vigilancia de la salud en el trabajo, con el propósito de responder a las nuevas formas organizativas del trabajo, incorporar la perspectiva de género y la atención a la salud mental.
Los dos responsables sindicales reconocen que esta mesa del diálogo social “va despacio”, “lejos del ritmo que nos gustaría”, entre otras razones por la complejidad y el grado técnico de las materias a tratar.
No obstante, tanto Sanz como García de la Torre, han percibido poco interés en la parte empresarial en agilizar la reforma legislativa y reclaman una actitud “más proactiva y propositiva” a la CEOE y CEPYME.
En la misma línea, reclaman un mayor impulso de la Administración para que agilice la negociación y sobre todo muestre una voluntad firme a favor de la salud de la población trabajadora.
“Le pedimos al Gobierno una legislación ambiciosa que debe introducir cambios importantes y reclamamos a las organizaciones empresariales que se esfuercen más para poder llegar a consensos”. No solo porque su papel en la prevención resulta imprescindible, sino porque además, ahora “trabajar le está costando la vida a muchas personas”, afirma García de la Torre.
“Es comprensible que el Gobierno quiera alcanzar un acuerdo tripartito, pero partimos de una situación de desequilibrio en la que los empresarios se sienten muy cómodos porque consiguieron introducir sus reivindicaciones en la legislación actualmente vigente”, explica Sanz.
El objetivo sindical en esta negociación, según García de la Torre, es “derogar algunas medidas de anteriores reformas laborales, reducir la externalización de la prevención, impulsar el cumplimiento real, no solo formal, de los planes, y mejorar la evaluación de riesgos”.
Por su parte, Sanz, reclama además mayor celeridad de la Justicia a la hora de identificar las faltas y delitos en materia preventiva y pide la creación de juzgados especializadas para que las personas y familias afectadas no tengan que “esperar seis años hasta tener una sentencia”.
Es una vieja aspiración de las víctimas que, además, piden fiscales especialistas y con dedicación exclusiva, porque actualmente en los tribunales provinciales asumen también otras competencias, además de que ampliar sus competencias al ámbito civil.
“Seguiremos negociando, estamos tratando materias muy importantes y sensibles, por lo menos, mientras veamos que hay margen de maniobra”, plantea Sanz. “Todavía no estamos en el punto de levantarnos de la mesa de negociación, pero necesitamos más agilidad, más fluidez y que el Gobierno esté a la altura”, remata García de la Torre.
Desde AVAELA, Miguel Cruz, reclama actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, incorporando las nuevas realidades del trabajo, aunque destaca que “no se puede perder su orientación ni su espíritu”, y, sobre todo, “asegurar el cumplimiento de la normativa”. En concreto, su apuesta por “la integración en todo el sistema productivo de la prevención y el objetivo de reducir a cero el riesgo y cuando no sea posible a minimizarlo lo más posible”.
En su opinión, la promulgación de esta ley supuso “un gran avance que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, especialmente a partir de la reforma laboral del PP”, por lo que pide “un nuevo impulso que debe llegar a las pequeñas empresas”.
Miguel Cruz, como presidente de AVAELA, reivindica las Administraciones públicas que pongan en marcha un sistema de atención y asesoramiento psicológico y jurídico a las personas afectadas por la siniestralidad laboral, que actualmente está llevando su asociación, con escasos recursos, en lo que entiende es una “clara labor de suplencia de una responsabilidad que debería cumplir el Estado y resto de poderes públicos”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
