El movimiento por la vivienda de Madrid denuncia la inacción de las Administraciones
Organizaciones de Madrid denuncian el “silencio atronador” del gobierno regional tras la masiva manifestación por el derecho a la vivienda del 13 de octubre, a la que consideran “principal responsable de la emergencia social” que atraviesa la región.
Aunque tampoco la mayoría de los ayuntamientos, ni el Gobierno central han dado respuestas a sus demandas, las entidades convocantes, en concreto, la plataforma convocante achaca al Ejecutivo de Díaz Ayuso la responsabilidad de no asumir sus competencias.
En concreto, acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no permitir la declaración de zonas tensionadas, la venta de parque público a fondos buitres, su “inacción frente a la flagrante ilegalidad” de la mayor parte de los pisos turísticos, su política de “desclasificación automática” de las viviendas de protección pública o su “su sistemática agresión al patrimonio natural por intereses especulativo”.
Las acusaciones por “falta de respuesta” se extiende a la mayor parte de los ayuntamientos madrileños, especialmente a la capital. “No es de recibo que escurran el bulto ante esta emergencia social y que únicamente contemplen el urbanismo, a pesar de disponer de múltiples competencias en esta materia, como un modo de cuadrar sus presupuestos”, apuntan.
Los colectivos organizadores, como el Sindicato de Inquilinas, asociaciones vecinales, ecologistas, sindicales y sociales, denuncian la falta de medidas efectivas por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y reclaman acciones urgentes.
“Es inaceptable que las administraciones se desentiendan de esta emergencia social y que el urbanismo se utilice únicamente para cuadrar sus presupuestos”, declaran los colectivos en un comunicado. Critican las respuestas insuficientes del Gobierno central y exigen una intervención decidida para ampliar el parque de vivienda pública y reducir el precio de los alquileres. También demandan medidas contra los pisos turísticos ilegales y la protección del patrimonio natural.
Además, señalaron que esta semana, tras una asamblea evaluativa, se reunirán nuevamente para planificar nuevas acciones. “Seguiremos movilizándonos hasta garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio”, afirmaron los organizadores.
Redactor jefe de Noticias Obreras
