CCOO propone un fondo de inversión de garantía estatal para abaratar el precio de la vivienda
El sindicato CCOO ha presentado una propuesta para crear un fondo de inversión que consiga abaratar el precio de la vivienda en España, en respuesta a la alamar social por la falta de cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda digna.
Después de todo, “la actual situación de la vivienda para la clase trabajadora es dramática” porque “está drenando ingentes recursos salariales”, ha planteado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha reconocido que el encarecimiento de la vivienda tiene “mucho que ver con la situación de pobreza a la que se empuja a muchas de las personas que tienen incluso empleo”.
“Hacen falta 6,1 años de salario bruto de una persona trabajadora para poder pagar una vivienda y el esfuerzo hipotecario real para pagar una hipoteca, a 20 años e interés variable, supone el 34%” ha indicado Sordo.
En su faceta más sociopolítica, el sindicato que dirige ha propuesto la creación de un Fondo de Inversión para la Vivienda Asequible (FIVA) con garantía estatal, como los bonos del Estado, financiado con la captación de ahorro privado de particulares y fondos institucionales tanto públicos como privados de nuestro país o de Europa.
Con él se podrían generar 50.000 viviendas asequibles anuales en régimen de alquiler con rentabilidades “topadas” para disminuir el precio del alquiler en, al menos, un 30%.
De este modo, la organización de trabajadoras y trabajadores quiere abordar “una de las problemáticas más importantes” de nuestro país que está generando “alarma social”. La propuesta se suma, según ha subrayado Sordo, a otras tantas que viene realizando su sindicato, consciente de que “no hay estrategias simples ni medidas únicas que arreglen el problema de la vivienda”.
Políticas sociales de vivienda
Pero, como ha dejado claro el dirigente sindical, hace falta cambiar ya de rumbo en materia de vivienda, pues, en su opinión, se trata de “la última oportunidad de nuestro país antes de que cambie el modelo y el mercado de vivienda para hacer políticas sociales de vivienda que permitan al conjunto de la población tener acceso a una vivienda a precio asequible en alquiler o propiedad”.
En este sentido, el líder de CCOO ha vuelto a reiterar que para rebajar el precio de la vivienda “hay que hacer todo, todo a la vez y durante bastante tiempo”. También ha apuntado que “construir más, liberalizar suelo y dejar operar al mercado” ya se ha demostrado una política ineficaz y equivocada, salvo para convertir la vivienda en “un activo inversor que no se deprecia”.
No obstante, ha admitido que hay que construir viviendas, pero también regular precios en algunas situaciones y zonas, movilizar el stock de viviendas vacías con medidas fiscales, limitar la rentabilidad de los alquileres a cambio de mejorar la seguridad de los propietarios y regular las viviendas vacacionales o de temporadas.
Dentro de estas medidas, este FIVA contribuiría a crear dos millones de viviendas públicas, sociales o asequibles para conseguir “un gran parque de vivienda social a precio asequible en régimen de alquiler, bien por la construcción o a través de la movilización de las ya existentes”.
Para ello, hace falta captar los ahorros de las familias y el capital de “actores comprometidos con la gestión a largo plazo de vivienda asequible” para articular un producto de ahorro con una remuneración adecuada, superior a la que conceden ahora las entidades financieras. La inversión necesaria ronda los 6.250 millones de euros anuales.
“Tenemos un nivel de retribución del ahorro a la vista, inferior a la de los países de nuestro entorno. El volumen que tenemos en el sistema financiero por cuenta corriente en España alcanza el billón de euros (50.000 millones de ellos solo de ahorros acumulados durante la pandemia, según el Banco de España) y su retribución es claramente mejorable. Por eso proponemos la creación de una libreta de ahorro remunerada, alineada con el modelo francés de la Livret A, cuyo saldo acumulado permite financiar políticas públicas”, según el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.
Además, inversores institucionales con vocación de impacto social podrían contribuir a su financiación a cambio de retornos razonables, alineados con la remuneración de los bonos del Estado a 10 años y con garantía pública, sin descartar “fondos de pensiones de empleo, mutualidades de previsión social empresarial, fondos de vocación filantrópica que han suscrito los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y que se comercializan en todo el conjunto del sistema financiero internacional”, ha añadido Bravo, sin olvidarse de fondos públicos, bien europeos, bien nacionales, dentro de programas de actuación ya anunciados desde la Comisión Europea y el Gobierno de España.
“Con ahorro, capacidad de canalizarlo y de retribuirlo mejor
podemos conseguir el objetivo de promoción de vivienda,
con precio y márgenes mucho más baratos”
“Se dice que España tiene capacidad para promover, para construir, pero que no puede financiar la vivienda que se necesita en el país y tiene que recurrir a inversores internacionales. Nuestra propuesta demuestra que con ahorro, capacidad de canalizarlo y de retribuirlo mejor podemos conseguir el objetivo de promoción de vivienda, con precio y márgenes mucho más baratos”, ha defendido Carlos Bravo.
Las promociones financiadas con este fondo deberán construirse sobre suelo público o privado con reserva legal para vivienda protegida y cedido a través de fórmulas que preserven la propiedad pública del suelo. Las viviendas que se construyan o adquieran deben ser calificadas como viviendas protegidas permanentes, sin que quepa su descalificación posterior.
Gestión pública, garantía estatal y colaboración entre Administraciones
Su gestión correría a cargo de una división creada a tal efecto dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y necesitaría de “la complicidad de las administraciones públicas”, las cuales tendrían que dotar suelo gratuito o derecho de uso de superficie a largo plazo, manteniendo todas las actuaciones de construcción limitadas y condicionadas a beneficios tasados.
Los costes de construcción y de financiación se verían así rebajados, mientras se ofrece seguridad plena a los ahorradores particulares e inversores institucionales. De hecho, la experiencia europea demuestra que con este modelo apenas se producen impagos, ya que quien accede a una vivienda a precios por debajo del mercado se convierte en el principal interesado en conservar su hogar ante las escasas probabilidades de encontrar alternativa en el mercado ordinario.
El sindicato presentará esta propuesta al Gobierno de España para que implante la regulación necesaria y le solicitará la puesta a disposición de suelo perteneciente al SEPE (Entidad Pública Empresarial de suelo) a este fondo, petición similar que cursará al resto de administraciones para que favorezcan el papel de las gestoras públicas, entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado.
La idea del FIVA, que podría promover las primeras viviendas en un plazo de unos tres años y medio, calculan sus defensores, tiene como referente, además de algunas iniciativas en Holanda o Austria, el caso de la “Livret A francesa”, que capta los ahorros de las familias a través de una cuenta corriente u otras acciones como la emisión de bonos a más largo plazo e inversión institucional o de fondos públicos, para financiar medidas sociales de interés general.
Redactor jefe de Noticias Obreras
