Entidades sociales y eclesiales exigen una reforma de la ley extranjería más profunda
Entidades en defensa de los derechos humanos reclaman una reforma más ambiciosa del reglamento de la ley de extranjería, una vez terminado el proceso de consultas, pese a reconocer algunos avances. El Reglamento de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) valoran que el Gobierno haya aceptado reducir el periodo de residencia previa para obtener la regularización o la simplificación de los procedimientos de arraigo.
Sin embargo, reclaman mayores garantías para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y más esfuerzos para acabar con situaciones de exclusión y desprotección que vive este colectivo.
Las propuestas de las entidades sociales persiguen favorecer “vías de entrada seguras y regulares que eviten la irregularidad administrativa”, por lo que reclaman mejorar la concesión de visados, flexibilizar la figura de la reagrupación familiar y una rebaja mayor de los períodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo, al entender que esta es “la única vía para evitar situaciones de exclusión y desprotección”.
El abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, Diego Fernández Maldonado, advierte que “en la actualidad consideramos que los requisitos para esa reagrupación familiar son muy rígidos, ya que exigen unos medios económicos muy altos y unos requisitos de vivienda que son de muy difícil obtención porque no se ajusta a la realidad de las personas migrantes y, en general, de la sociedad”.
Igualmente reclaman agilizar las autorizaciones, el primer escollo de las personas migrantes para poder regularizar su situación y reforzar la atención presencial de solicitudes de expedientes de extranjería El abogado de Cáritas indica que “hay muchas personas que por las circunstancias variadas que existen en su país de origen no pueden estar documentadas”, con “un impacto en todas las relaciones con la administración, desde la más básica, como empadronarse, hasta poder solicitar cualquier tipo de procedimiento ante la administración”.
Así, las organizaciones proponen crear puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas, con el fin de reducir la elevada brecha digital, y promover la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes. Además, estas seis entidades reclaman amparar el acceso a la justicia de las personas migrantes en situación irregular de modo que puedan presentar denuncias cuando sean víctimas de delito, lo que acabaría con su desprotección, temor a la expulsión y la impunidad de las personas infractoras.
“Las personas migrantes que están en situación irregular y que tienen miedo puedan denunciar situaciones de las que son víctimas de un delito y que normalmente no lo hacen por encontrarse en una situación administrativa irregular”, detalla Fernández Maldonado.
Respecto a la situación irregular de niños y niñas, recuerdan que hace falta fortalecer la protección y el reconocimiento de sus derechos con la mejora de los trámites para su autorización legal de residencia y la adaptación de nuestro sistema a las normas internacionales.
Las firmantes consideran necesario “seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería de forma dialogada y participada para desarrollar una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos”.
Para Fernández Maldonado, “un marco adecuado de extranjería en primer lugar, permitiría abrir más y mejores vías regulares de inmigración. Una vía regular de migración va en beneficio de todos, porque prevé las llegadas de manera más consensuada. En segundo lugar, estamos en un momento en el cual hay decenas de miles de personas en situación administrativa irregular”, de ahí que argumente que el reconocimiento de derechos de las personas migrantes servirá para que puedan “participar de manera adecuada y justa, no solo en derechos como en las aportaciones que pueden hacer a nuestra sociedad”.
No solo hay razones prácticas para defender la regularización, también es de justicia: “También les devuelve esa dignidad que es inherente a todas las personas migrantes y nacionales ya podrán participar de manera adecuada entre nosotros y nosotras en una sociedad en la que ya viven y pero no participan”, señala el experto de Cáritas.
Desde su punto de vista la política de extranjería debe hacer posible “migrar de manera regular como reivindicamos”, con el fin de que “las personas puedan venir con un visado que da lugar a una autorización de residencia”, así como tener en cuenta el arraigo como “vías para regularizar su situación”.
“En este reglamento se ha dado un paso adelante reduciendo los umbrales de arraigo, pero seguimos considerando que hay mucho margen de mejora para que se ajusten a la vida de las personas migrantes”, concluye.
Redactor jefe de Noticias Obreras
