Criticas de las plataformas pensionistas al acuerdo de la mesa de la Seguridad Social
Plataformas, movimientos de pensionistas y sindicatos minoritarios del país valoran negativamente el acuerdo de pensiones alcanzado en la mesa del diálogo social de la Seguridad Social entre los agentes sociales y el Gobierno.
El acuerdo no ha gustado en líneas generales a colectivos que desde hace 10 años se movilizan en defensa del sistema público de pensiones.
Reconocen “mejoras” en materias como el contrato de relevo, la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para los contratos fijos discontinuos o el nuevo reglamento de jubilación anticipada por trabajos penosos pendiente de concretar, no pasan de calificarlas como, “tímidas e insuficientes”.
La enmienda general de estas organizaciones se justifica por entender que se ha dado pábulo a un “cambio sustancial”, puesto que compatibilizar el trabajo y la pensión “precarizará de un solo golpe, salarios y pensiones”.
Así, critican que no se hayan adoptado “decisiones definitivas que garanticen a las personas pensionistas unas pensiones públicas dignas y suficientes” y sí, en cambio, que se permita que “las personas trabajadoras y pensionistas prolonguen su vida laboral o compatibilicen trabajo y pensión”.
Dificultades para la juventud
Estas organizaciones, que demandan ser reconocidas como interlocutoras con el Gobierno, recuerdan que “retrasar la edad de jubilación aumenta las dificultades de nuestra juventud para encontrar un trabajo digno y tener un futuro con derechos”.
Igualmente rechazan que se contemple la intervención de las mutuas patronales en las bajas de incapacidad temporal. Efectivamente, la futura ley prevé la firma de convenio de colaboración para agilizar pruebas médicas a personas en incapacidad temporal. Algo que ya figuraba en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y que desde 1996 las empresas que tomaran la decisión pueden hacer.
Aquí también exponen un argumento de fondo para oponerse: “como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y desarrollo de los sistemas sanitarios públicos, se pretende solucionar el problema poniendo en manos de las mutuas los diagnósticos y tratamiento de las patologías traumatológicas”.
En definitiva, plataformas como la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40), Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), el Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP ), el Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN) o la Coordinadora Estatal de Pensionistas UNIDAD COESPE, plantean que esta última reforma “ni aborda ni toma medidas para satisfacer las demandas más urgentes de las personas pensionistas”.
Así recuerdan que vienen reclamando la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones perdido desde 2011, la mejora sustancial de las pensiones mínimas a niveles del salario mínimo y la recuperación de la tasa de reemplazo entre el salario y la pensión que, afirman, se está reduciendo por los recortes de las reformas.
Además, piden acabar con la brecha de género que se sitúa en el 37%, el cumplimiento de la Ley 21/2021 que determina la exigencia de la realización de la Auditoría de cuentas de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones mermadas por los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados, la eliminación de los planes privados de empresas y, como objetivo general, la viabilidad del Sistema Público de Pensiones mediante la creación de empleo de calidad y la mejora sustancial de los salarios y cotizaciones.
La crítica de los sindicatos minoritarios
También USO critica que el acuerdo, lejos de mejorar los incentivos a la jubilación demorada, activa y flexible, va a servir para restrasar el acceso al empleo de los más jóvenes.
Tampoco ve con buenos ojos la modificación del reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Ya que solo podrá solicitarlos las organizaciones más representativas” y hace el procedimiento todavía más “inaccesible que el actual”.
Igualmente advierte de que la recuperación del bonus para las empresas que rebajen la siniestralidad ya “demostró su ineficacia” y duda de que sea atractivas para las empresas aplicar la jubilación parcial al tener que abonar el 100% de la cotización de la persona relevada.
Sobre la intervención de las mutuas, el aspecto que más oposición está generando, USO deplora que se quiera reducir el absentismo más que mejorar las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos, dando mayor protagonismo a las mutuas en vez de fortalecer las instituciones públicas.
Este sindicato, además, ha recordado que en 2027 quedará establecida la edad de jubilación en 67 años, tras implantarse por completo la reforma de 2011.
CGT duda de que sea una avance el hecho de anticipar la jubilación en un año (ahora son dos años y pasarían a ser tres), a la vez que los contratos de las personas relevistas serán a jornada completa e indefinidos hasta al menos dos años a posteriori de la jubilación ordinaria del jubilado parcial. Recuerda que hasta la ley del 2013, se podia acceder a la jubilación anticipada a los 60 años (con los mismos requisitos de años cotizados y antigüedad en la empresa), con un 85% de pensión y contratos estables y a jornada completa de las personas relevistas.
Esta organización considera que “no se recuperan derechos esenciales y fundamentales de las personas trabajadoras, que tienen que ver con sus posibilidades de acceder a la jubilación a la edad de 60 años como forma generalizada y para aquellos sectores con penosidad, peligrosidad o alto riesgo de accidentabilidad, reduciendo la edad de jubilación de manera sensible a través de coeficientes reductores adecuados a sus trabajos”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
