Denuncian retrasos en la gestión del ingreso mínimo por la interinidad de la plantilla
El sindicato USO denuncia que, tras cuatro años de su implantación, la plantilla que gestiona el ingreso mínimo vital sigue en la interinidad, mientras que la tardanza en gestionar las solicitudes ronda de seis meses a un año.
A finales de 2020, se contrató a 1.025 personas provenientes de bolsas de empleo para un plazo máximo de tres años, que ya se han cumplido, para poner en marcha y tramitar el ingreso mínimo. En 2023, se hicieron unas 200 contrataciones de refuerzo para reclamaciones y revisiones.
Tras la publicación hace varios días de la convocatoria de procesos selectivos de la Administración General del Estado (AGE), las 1.025 plazas se podrán cubrir a través del turno libre, por lo que USO se pregunta “qué va a pasar con esta prestación hasta la incorporación de los titulares definitivos.
“¿Va a cesar la Administración de forma masiva al personal interino que ha cubierto esas funciones durante casi cuatro años? ¿Quién se encargará de la formación del personal de nuevo ingreso si la gestión y tramitación del IMV ha recaído en personal interino?” “Todas esas cuestiones y su falta de respuesta y planificación van a seguir afectando, sobre todo, a los ciudadanos que la solicitan: un colectivo vulnerable económicamente que no necesita más atrasos en la resolución de sus solicitudes”, concluye el responsable de Administración General del Estado en la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, José Joaquín Castro.
Sin embargo, en julio de 2023, cuando se estableció la creación de esa plazas en el futuro proceso selectivo que se convocase en AGE, también se indicaba que “las plazas que se encuentren ocupadas por personal temporal al amparo del programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital, podrán mantener su situación hasta la resolución de los procesos selectivos para su cobertura definitiva”.
Para este sindicato, esta disposición es un intento de “legalizar” su contratación con una simple mención en el BOE”.
Después de haber pedido infructuosamente datos sobre las contrataciones y la gestión de la prestación al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, la organización obrera se siente en la obligación de afirmar, por lo sabe “a través de nuestros afiliados que trabajan en este servicio”, que “muchas de las provincias llevan un retraso de entre seis meses y un año en la tramitación y resolución de expedientes”.
“Al poco personal para gestionar tamaña prestación, hay que sumarle los continuos cambios normativos y de instrucciones que llegan desde los servicios centrales, además de que también se ha cambiado en este tiempo el aplicativo informático para tramitarlos”, manifiesta Castro. Por ello, el sindicato reclama y denuncia la falta de información que hay en esta prestación, que no se facilitan datos reales ni se muestra transparencia con las decisiones que se han tomado para darle forma al ingreso mínimo vital desde que nació, en 2020.
Redactor jefe de Noticias Obreras
