La Iglesia española pide que se tome en consideración la ILP sobre regularización extraordinaria de personas migrantes

La Iglesia de España llama a los grupos parlamentarios a considerar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras sobre la que se pronunciará el Congreso el próximo martes 9 de abril.

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) han emitido un comunicado conjunto en el que piden a los partidos políticos que “tomen en consideración la ILP sobre la regularización extraordinaria”.

El propio presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, en la red social antes llamada Twitter, había recordado que “los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia” y precisamente, “la inmigración lo es”.

El martes 9, se debate en el Congreso la toma en consideración de la ILP sobre regularización de inmigrantes. Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es. Sería absurdo que se impidiera este debate.

— Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) April 4, 2024

“Sería absurdo que se impidiera este debate”, concluía. A este mensaje le seguía otro en el que se lamentaba de que nos estemos acostumbrando “a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos” e insistiera: “Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de “regulación” de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar”.

Ya en su primer mensaje en la red social X como presidente de la Conferencia Episcopal, había recordado que “la dignidad humana nos pide acoger, proteger, promover e integrar a estos vecinos, muchos de ellos menores”.

Tambiéne la HOAC había dado su apoyo a esta ILP por la regularización, desde su lanzamiento, para que las personas migrantes puedan “ejercer sus derechos” y acabar con la “situación de vulnerabilidad y desprotección social” en la que se encuentran.

“La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”, decía entonces la HOAC.

Tras la presentación y defensa de la propuesta ciudadana, avalada por más 700.000 personas y 900 entidades sociales, estaba pendiente decidir si continuaba o declinaba su tramitación. Al parecer, el grupo parlamentario VOX, opuesto a la regularación extraordinaria, ha conseguido que se adelante su toma en consideración en el Pleno del Congreso.

Para las entidades eclesiales, “resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular”, tratándose de una iniciativa que cuenta la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos que podría tener un impacto positivo en la vida de muchas personas.

Tanto el PSOE y el PP, por lo visto, en la comisión parlamentaria de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se han mostrado contrarios, aunque por razones diferentes, a la regularización que propone la ILP.

Para el PP, “no es el momento” de abrir un proceso administrativo como el que se reclama, debido a la situación en la frontera, con la llegada de pateras fundamentalmente a las Islas Canarias, mientras que el PSOE se escuda, entre otras razones, en que Europa no lo permite.

Sin embargo, diversas fuentes insisten que la UE no se ha pronunciado expresamente sobre este tipo de procedimientos. De hecho, argumentan que la propia comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johhansson, así lo ha manifestado, pues se trata de una competencia de cada Estado. La normativa europea indica que la regularización siga criterios rigurosos y caso a caso, como por otra parte, defiende la ILP.

La otra justificación del PSOE para negarse a debatir la regularización extraordinaria se centra en que no es necesaria, ya que la flexibilización acometida en el reglamento de extranjería ha ampliado los requisitos para la concesión de los permisos de residencia y trabajo por motivos humanitarios, de arraigo, estudios o laborales.

Sin embargo, desde las entidades de la Iglesia volcadas en el acompañamiento a la población migrantes defienden que los trámites siguen todavía siendo lentos y farragosos, además de que en la práctica se da un bloqueo burocrático por falta de coordinación y escasez de recursos de las administraciones.

La regularización que propone la iniciativa legislativa ciudadana parte de la existencia de un sector importante de población extranjera que carece de la documentación exigida para poder trabajar y contribuir así al avance y prosperidad de la sociedad, siendo a menudo objeto de vulneración de sus derechos fundamentales y de explotación laboral.

El 9 de abril los grupos parlamentarios tan solo decidirán si la ILP continúa su avance legislativo, de modo que se pueda debatir sobre su contenido y se abra la posibilidad de concretar y mejorar sus propuestas. O no.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras