Comienza el diálogo social para la reducción de la jornada laboral

La mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales que abordará la reducción de la jornada laboral en España sin que implique recorte salarial arrancar sus trabajos este jueves

Esta será “la legislatura de los salarios y del tiempo de trabajo”, anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejando claro que la reducción de la jornada laboral, contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, se hará aunque no cuente con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que discrepan del formato de la negociación.

En concreto, el acuerdo entre PSOE y Sumar contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.

El Gobierno considera que se debe reducir la jornada laboral, que lleva “40 años congelada”, para que los trabajadores ganen tiempo para la vida. La ministra defiende que es una medida muy apoyada por la ciudadanía, incluso por los votantes de la derecha, y que mejorará la productividad de la economía española.

La jornada de 37,5 horas semanales que se plantea implantar para 2025 será el “suelo mínimo legal” para todos los trabajadores y beneficiará a 12 millones de asalariados que por ahora tienen una jornada superior a ésta. De hecho, algo más de 1,6 millones de asalariados del sector privado y los tres millones de empleados públicos son los únicos que actualmente cuentan con una jornada semanal igual o inferior a las 37,5 horas a la semana”, según ha detallado la ministra. Pero, exceptuando estos colectivos mencionados, “la mayoría de las personas asalariadas tiene jornadas superiores” a las 37,5 horas semanales, ha añadido en declaraciones recogida en Europa Press.

“Por este motivo, reducir la jornada en términos semanales afectaría de modo directo a 12 millones de personas asalariadas. Este enorme avance social serviría para corregir una parte del desfase de 40 años entre la jornada y la productividad y además va a propiciar el necesario cambio en los usos del tiempo y también los usos sociales en nuestro país”, según Díaz.

En este sentido, ha afirmado que España es “un país poco europeo”, pues convocar reuniones “a las ocho de la tarde es una profunda anomalía” en Europa. “No se trata de rabajar sólo menos, se trata de trabajar mejor, en buenas condiciones. Es un debate de altura que en el resto de países europeos está más que planteado”, ha indicado la ministra.

La vicepresidenta segunda ha argumentado además que hay que ganar tiempo para la vida y, en este punto, ha advertido de que “muchísimas de las bajas” de incapacidad temporal (IT) en España tienen que ver con la salud mental, con no tener tiempo y “trabajar en condiciones que son absolutamente imposibles a veces” para las personas.

Los sindicatos, es “necesaria” y “cuanto antes”

Por su parte, este martes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló que el primer tramo de la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas para 2024, “no tendría prácticamente efecto” en la jornada de los trabajadores afectados por convenio, ya que ésta se situaría en 1.758,16 horas frente a las 1.751,56 horas que supone la media de la jornada sectorial pactada en 2023.

Eso sí, el segundo tramo de la reducción de la jornada previsto, el que la llevará hasta las 37,5 horas en 2025, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores, el 94% de quienes tienen convenio colectivo de referencia, según este sindicato.

Sordo considera que reducir la jornada laboral por ley es una cuestión “necesaria” que, a su juicio, debe abordarse “cuanto antes”, aunque la intención sindical es que la jornada, el tiempo de trabajo y la distribución de la jornada laboral se siga dirimiendo en el ámbito de los convenios colectivos. “Ahora, si la ley nos acompaña en ese terreno, mejor”, agregó.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve positivo que el Gobierno se plantee reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero no oculta su deseo de “esta legislatura sea la de las 35 horas semanales”.

La última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue en 1984 y recortar las horas de trabajo era una reclamación y una exigencia de las organizaciones sindicales.

Los empresarios no quieren al Gobierno en esta negociación

Aunque el anuncio de la convocatoria de esta mesa ha sido bien recibido por los sindicatos, no lo ha sido tanto por las organizaciones empresariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado “dispuesto a hablar” sobre el tema, pero “no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella”.

“Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre”, ha defendido Garamendi estos días.

Al presidente de la patronal le molesta que esta mesa de negociación tenga “marcado el final y el resultado”, por lo que entiende que “no se puede hablar de diálogo social” cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a “un hito político”.

Garamendi quiere además que esta regulación se haga “entre los trabajadores y los empresarios” y “por sectores”, ya que hay algunos que tienen mayor productividad y otros sectores donde los trabajadores tienen “menos productividad y se necesitan más horas” de trabajo.

Además, considera que la reducción de la jornada laboral es “otra subida implícita del salario mínimo interprofesional”, que además “va a bloquear la negociación colectiva” con los sindicatos.

Mejorar el registro horario

Como vía para reducir la jornada laboral este año a las 38,5 horas semanales, Trabajo quiere mejorar el funcionamiento de registro horario.

Todos las empresas, sin excepción, están obligadas desde el 12 de mayo de 2019 a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores en virtud de un Real-Decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de aquel año.

El objetivo de esta medida es medir la duración de las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias, y también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate.

El registro obligatorio que las empresas debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organiza y documenta mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.

En caso de no existir representación legal de los trabajadores, es la empresa quien determina cómo se organiza y documenta el registro de jornada.

La empresa está obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y éstos deben permanecer a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 626 euros si es considerada leve o llegar a los 6.250 euros en caso de calificarse como grave.

Redacción / Agencias