Lo sindicatos redoblan su compromiso contra la violencia machista en el trabajo
De cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los sindicatos CCOO y UGT han firmado un manifiesto conjunto en el que recuerdan que estamos ante “un problema político y social de primero orden” que requiere “la actuación decidida los poderes públicos” y de “todas las esferas sociales”.
No en vano, recuerdan que en lo que va de año ya han sido asesinadas 51 mujeres por violencia machista; un menor ha sido asesinado y que en 2022 fueron asesinadas 50 mujeres por sus parejas o exparejas y dejando en orfandad a 38 menores.
Desde 2003, las mujeres asesinadas por este tipo de violencia suman 1.236; (1 cada seis días). “Vidas truncadas por la violencia machista, vidas arrebatadas por la violencia patriarcal, que dejan destrozadas a familias enteras y que causan un daño atroz a las personas y a nuestra sociedad en todos los aspectos”, explicita el comunicado.
Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica durante 2022, los juzgados españoles recibieron un total de 182.073 denuncias, un 11,8 % más que el año anterior, y las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 176.380, un 10,7 % más que en 2021, año en el que se contabilizaron 159.352.
Otras 34 mujeres murieron o padecieron otras violencias en 2022, por agresiones sexuales relacionados con la trata y explotación sexual; feminicidios familiares, incluidos los crímenes de honor; sociales, a manos de hombres amigos, vecinos o compañeros de trabajo; y vicarios o por sustitución (asesinato de los hijos e hijas para dañar a la madre o bien de una mujer para dañar a otra), según datos provisionales de Delegación del Gobierno contra la violencia de género.
“Las violencias contra las mujeres suponen la mayor vulneración de derechos humanos y el atropello de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, además de ser una expresión extrema de la desigualdad de género que es incompatible con una sociedad democrática”, advierten.
Evidentemente, los sindicatos anuncian que redoblarán sus esfuerzos en el ámbito laboral para garantizar que “los centros de trabajos sean espacios seguros y para la autonomía de las mujeres supervivientes a las violencias machistas”, por lo que reivindican la extensión de los derechos laborales (suspensión de contratos, movilidad geográfica y funcional, etc.) reconocidos a las víctimas de violencia de género (a las que les es de aplicación la Ley 1/2004 contra la violencia de género), a las víctimas de violencias sexuales, tal y como contempla la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía integral de la libertad sexual.
Además, piden el desarrollo del Convenio 190 de la OIT, para hacer efectiva la equiparación de derechos sociolaborales y económicos entre las víctimas de violencia sexual y de violencia de género, para que se recojan y sistematicen en las estadísticas oficiales los datos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, y a que se realice una revisión y refuerzo de las políticas activas de empleo para todas las mujeres víctimas violencias machistas.
Por su parte, aseguran, seguirán impulsando la sensibilización ante las violencias machistas de delegados y delegadas sindicales y las plantillas de los centros de trabajo, la negociación de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo previstos negociar, planes de igualdad y medidas de acción positiva en la negociación colectiva que contribuyan a la erradicación de las discriminaciones, los estereotipos y la violencia.
Más allá de las relaciones laborales, exigen “tolerancia cero” frente a ·todas las violencias contra las mujeres”, reclamando mayor impulso a la educación en igualdad e instando a las diferentes Administraciones a que dediquen ·de forma sostenida y creciente los recursos necesarios, especialmente los económicos, y que garanticen en todos los ámbitos que les son propios servicios de prevención y de atención integral a las víctimas de todas las violencias machistas·.
En su comunicado, en concreto, llaman a las fuerzas democráticas a que “continúen reforzando como política de Estado los contenidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la elaboración de propuestas más ambiciosas y eficaces para la y de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022 – 2025”, tras celebrar que el Pacto de Estado se haya convertido “en una herramienta permanente” e insistir en la necesidad de una financiación suficiente y estable para su desarrollo, así como para impulsar una red pública de atención integral a todas las víctimas de estas violencias, “24 horas 365 días al año, para que no queden desprotegidas en ninguna circunstancia, fecha u horario”.
Un observatorio sindical contra las violencias machistas
En particular, el sindicato CCOO cuenta con un observatorio propio que sirva tanto para recabar información como para atender a las víctimas. Así, el sindicato advertía que “el acoso sexual y por razón de sexo es un delito oculto y ocultado”. “Su invisibilidad parte de que todavía se considera una “mancha”, tanto para la que lo padece como para la empresa en la que se produce”, completaba.
CCOO alertaba de que todavía “las empresas en muchos casos lo consideran un asunto externo, lo ignoran o lo ocultan, cuando son ellas, precisamente, según las leyes aprobadas, las que “deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”.
Esta prioridad explica la creación hace un año del observatorio sindical de acoso sexual y por razón de sexo, una web para atender las peticiones de información y atención, que ha recibido en menos de un año de existencia 81 consultas, la mayoría de pequeñas y medianas empresas.
El 53% ha requerido más información y el 22,2% comunicó su situación como víctimas de acoso sexual en el entorno del trabajo. No obstante, se ha registrado un número importante de visitas que no pasan de la página de inicio, por lo que el sindicato “está revisando el diseño de la web para que se acceda a los diferentes contenidos”.
El 80% de los casos atendidas por el observatorio tuvieron que ver con el acoso sexual, definido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, frente al 20% de consultas sobre acoso por razón sexo, entendida como “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
“Este último está especialmente invisibilizado y no reconocido como tal, por lo que hay que reforzar también las actuaciones de sensibilización, información y concienciación para que sea posible detectarlo”, según la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal.
“No existe un perfil de mujer acosada en el trabajo, porque es algo que sucede en todos los sectores y en todas las categorías profesionales”, denunciaba la secretaria confederal, quien, sin embargo, señalaba que “hay condicionantes que hacen más difícil escapar de esta situación, como la precariedad o la discriminación salarial”.
De hecho, la condición de mujeres migrantes aparece como un factor que hace “un 50% más difícil escapar de la violencia”, mientras que el sector servicios acumula la mayoría de los casos que afecta especialmente a las trabajadoras del hogar.
Redactor jefe de Noticias Obreras
