Denuncian la vulneración de derechos en la gestión del ingreso mínimo vital
La Plataforma Rentas Mínimas de Integración, Tu Derecho, junto a las 83 entidades y colectivos ha denunciado al Ministerio de Seguridad Social y Exclusión por incumplir el derecho administrativo al reducir y retirar el ingreso mínimo vital (IMV) a familias que venían percibiéndolos.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, por segundo año consecutivo, ha reducido la cuantía del ingreso mínimo o ha dejado sin esta percepción a miles de familias, al proceder a una revisión de oficio, cuyo resultado no ha sido debidamente notificada a sus perceptores.
Según denuncian las entidades sociales, estas familias se han enterado de que ya no cobrarán esta prestación o lo han visto reducida, en algunos casos, a unos 20 euros, al intentar retirar en los cajeros automáticos el dinero que necesitaban.
El Ministerio ha procedido así en noviembre de 2022, sin esperar a acabar el año pasado, con lo que en algunos han provocado el endeudamiento de algunas familias que contando con este ingreso habían adelantado pagos correspondientes al mes de diciembre.
El departamento que dirige José Luis Escrivá, a juicio de los denunciantes, incumple así la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común que, en su artículo 21, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos sus procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
“Entendemos que esta forma de actuar, aun cuando hoy las familias afectadas recibieran su notificación, causa un daño irreparable en estas familias, supuestamente protegidas por el IMV”, ha criticado la plataforma junto con el resto de entidades.
Por todo ello, han pedido la dimisión de José Luis Escrivá y han emplazado a la persona que pudiera sustituirla a que repara la vulneración de derecho fundamentales que actualmente supone la gestión del ingreso mínimo vital y refuerce la plantilla de funcionarias y funcionarios del INSS que garantice una gestión eficaz y respetuosa con los derechos de las familias perceptores del IMV, garantizando por encima de todo la dignidad de las familias empobrecidas.
Desde la puesta en marcha de esta prestación, familias titulares junto a las entidades que las acompañamos han denunciado constantemente la falta de rigor en el proceso administrativo que la sustenta. La revisión de oficio, sin garantizar el derecho de audiencia antes de cometer el daño, vulnera entre otras cosas el interés superior del menor, beneficiarios en el 43% del ingreso mínimo.
Es más, entienden que se puede calificar esta manera de actuar como aporofobia, al negar a las familias pobres su derecho a ser escuchadas y recurrir las decisiones unilaterales de la Administración.
La errática gestión del ingreso mínimo vital, en su opinión, “desnaturaliza el derecho que reconoce ya que hurta a las familias de la tranquilidad de saber que van a estar protegidas gracias a un ingreso económico estable que les permita hacer frente a sus necesidades básicas y poder, desde esa tranquilidad, avanzar en su desarrollo social para, a medio o largo plazo, superar la situación de pobreza”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
