Reclaman alternativas habitacionales ante el derribo del asentamiento de Níjar

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido al Ayuntamiento de Níjar (Almería) que paralice el derribo del asentamiento de El Walili, del que ya se ha iniciado el procedimiento administrativo, hasta que no se garantice una alternativa habitacional para sus 500 vecinos y vecinas.

La organización asegura que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Níjar está construyendo unas cajoneras con 62 habitáculos, que estarán terminadas posiblemente para junio, y que servirán para alojar provisionalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores y trabajadoras “temporales”.

Sin embargo, APDHA hace notar que las personas migrantes que trabajan en la agricultura de esta zona residen de manera permanente en el municipio, porque en Níjar la actividad agrícola es continuada durante todo el año. También advierte, de que una parte importante de la población a la que se dirigen estos alojamientos no puede cumplir con los requisitos establecidos por el consistorio.

Para la asociación, el desalojo lo único que va conseguir es que formen nuevos asentamientos en otra zona, ya que las personas trabajan en un territorio aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata, y sin transporte público.

Por ello APDHA, así como  las personas que habitan el poblado han pedido la paralización del procedimiento hasta no tener una alternativa de alojamiento permanente, que se les facilite acceso a los recursos básicos de la comunidad y que se desarrolle en el municipio una política de vivienda asequible para las personas que trabajan en la agricultura.

En los últimos 20 años, el municipio nijareño ha duplicado prácticamente su superficie de cultivo, pasando de 3.373 hectáreas en 2001, a 6.087 hectáreas en 2021, según el informe “Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga”, del año 2021.

Se trata del mayor crecimiento de toda la provincia de Almería, con la implantación de importantes industrias agrarias de productos bio, sin que se haya planificado alojamiento para las personas que allí trabajan, critica la asociación, que lamenta: “todo ello, además del déficit crónico que tiene la localidad en oferta de vivienda no turística”.

En el año 2017 había identificadas por los servicios sociales en los campos de Níjar un total de 3.014 personas viviendo en infraviviendas y poblados de chabolas, según el Estudio y Análisis de la Situación Socio-Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 2016-2017, recogido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar.

La organización critica la precaria situación en la que se mantiene a estas personas, más aún, recuerda, “cuando son ellas las que sostienen un sector que ha cifrado sus exportaciones este año en más de 3.000 millones de euros, lo que a todas luces es absolutamente vergonzoso”.

La asociación denuncia que en las provincias de Almería y Huelva, donde se está desarrollando la agricultura industrial hortofrutícola, crecen los asentamientos de trabajadores del campo sin las condiciones mínimas de habitabilidad, sin agua potable, luz, saneamientos, ni recogida de residuos, ante la indiferencia de las autoridades municipales y autonómicas.

Lamentablemente, para la organización, “en el actual mundo globalizado, hay libertad de movimiento de mercancías y capitales, pero el tránsito de trabajadores queda pendiente de su regulación por parte de los Estados”. Afirma APDHA que en España las principales vías para acceder a la residencia son dos: se necesita demostrar tres años de permanencia y un contrato de 30 horas semanales de trabajo para obtener la residencia por arraigo social.

Por otro lado, con la nueva reforma laboral, se puede acceder al arraigo laboral con dos años de permanencia y demostrando seis meses de trabajo, “en ambas formas, muy complicado de lograr”, estima la organización.

Al no existir vías legales y seguras de entrada al Estado español, argumenta, quien quiere llegar al país lo tiene que hacer de manera irregular. El tiempo necesario que exige la ley para regularizar la situación administrativa de estas personas, como mínimo dos años, les obliga a trabajar “sin papeles”, lo que facilita todo tipo de explotación y vulneración de derechos, denuncia APDHA.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras