Melilla: Donde habita el olvido a los derechos humanos
“Las políticas de control migratorio y protección de fronteras dejan en el olvido el derecho y los derechos humanos”, ha afirmado hoy el coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Pep Buades.
El jesuita ha explicado que el título que da nombre al Informe Frontera Sur 2022, Donde habita el olvido, hace referencia a Melilla. La investigación sobre la frontera sur del Servicio Jesuita a Migrantes documenta devoluciones sumarias, rechazos en frontera o devoluciones en caliente, pero también la falta de acceso a las oficinas de asilo en los puestos fronterizos y embajadas y algunas formas de violencia que se ejercen contra quienes intentan llegar a nuestro país.
“El problema más grave que tiene el modo de proteger la frontera es que se hace a costa de vulnerar derechos”, ha especificado, el abogado y coautor de este informe Javier Giménez Rivadeneyra, quien ha relatado que “los procedimientos de devolución de garantías tocan a personas que quieren solicitar protección internacional pero no pueden acceder, porque no pueden tener acceso a los puestos fronterizos, ni la policía marroquí les permite el paso sin la documentación requerida.
En los dos últimos años, se ha registrad un notable descenso en la llegada de inmigrantes con necesidad de protección internacional a la ciudad de Melilla, debido al “cambio de políticas de acceso” y al “refuerzo del perímetro fronterizo” con la ampliación del foso y la instalación de vallas con peines invertidos.
Giménez ha señalado que antes de la pandemia entraban en la ciudad española de 25.000 a 35.000 personas al día, mientras que ahora solo se permite el paso fronterizo, tras la reapertura de fronteras con la relajación de las medidas contra la pandemia, a quienes tienen residencia legal en algún país de la UE o tienen algún tipo de visado. De hecho, ha especificado que “en estos dos años, no se ha registrado ninguna solicitud en el puesto fronterizo”.
Sin vías seguras para solicitar asilo
También ha denunciado que “no hay vías seguras y legales para acceder a la protección internacional. El Centro Temporal de Inmigrantes de Melilla ha pasado de albergar a 2.500 personas a contar con una sola, mientras que los centros de menores, tradicionalmente saturados, están ahora muy por debajo de su capacidad.
En 2021 se cuentan quince saltos a la valla con entradas, mientas que en 2022, los saltos han sido más raros, aunque notables en número de entradas y de personas lesionadas, como lamentablemente quedó patente el 24 de junio, en lo que muchos llaman la masacre de Melilla-Nador.
“El conflicto diplomático entre Marruecos y España explica bastante los saltos entre mayo de 2021 y marzo de 2022, siquiera al observar una mayor pasividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes con los migrantes subsaharianos que se dirigían hacia la frontera o con sus conciudadanos que se valían de escalas para pasar a Melilla desde los pueblos contiguos a la frontera”, se lee en este informe que también nota que “nunca debe subestimarse el poder de la desesperación de quienes malviven en los montes”.
Los otros intentos de acceder al territorio español, normalmente a nado o mediante navegación hacia pequeños islotes, plazas menores de soberanía, han sido respondidos también con devoluciones sumarias.
Incluso en el caso del grupo de 125 personas subsaharianas que entró en España por el Peñón de Alhucemas el 20 de septiembre de 2021, quedando varias horas en el istmo hasta ser devueltos a territorio marroquí.
El rechazo en frontera
El coordinador del equipo Frontera Sur ha vuelto a insistir en las dudas legales sobre la utilización del rechazo en frontera de personas que se disponen a solicitar asilo, cuando no han entrado por los lugares legalmente habilitados para la entrada en el territorio y para solicitar protección, a pesar de la sentencia del Constitucional.
El informe recuerda que la sentencia exige que las entradas sean analizadas individualmente, exista pleno control judicial y se cumpla con el cumplimiento de las obligaciones internacionales, lo que parece que no está ocurriendo ante “la práctica imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo abiertas en las dependencias policiales de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”.
Esta nueva investigación, persigue, en palabras del delegado de Sector Social de Jesuitas España. Luis Arancibia Tapia, “contribuir a un cambio de valores, pasar de la hostilidad a la hospitalidad y también los cambios políticos necesarios para que sea un lugar donde la ley se respete”.
La atención de los jesuitas a la frontera, ha justificado, se debe a que es un espacio “donde la vida está más en riesgo, donde los derechos humanos entran a veces en una zona densa y oscura niebla y donde se juega la suerte de algunas de las personas más vulnerables y junto con ello la categoría moral de nuestra sociedad”.
El estudio también recoge los casos de personas que habían acudido a la oficina del SJM de Melilla y que con el pasar del tiempo, han logrado superar numerosos obstáculos para intentar cumplir sus sueños en nuestro país.
Redactor jefe de Noticias Obreras
