Siguiendo con los pobres (y II)

En mi anterior reflexión, realizada al hilo de la VIª Jornada Mundial de los Pobres, celebrada el pasado día 13 de noviembre, y también de lo manifestado por dos personalidades públicas procedentes del mundo de la economía y de la política –la Jornada invitando a poner a los pobres en el centro y las declaraciones invitando a no hablar de pobres y pobrezas– ya apuntábamos que, siguiendo la recomendación de Juan Pablo II en el punto 41 de su encíclica Sollicitudo rei socialis (La preocupación por la cuestión social), seguiríamos con la reflexión tratando de ofrecer pistas de solución. Nada nuevo si tenemos en cuenta que la Doctrina Social de la Iglesia en su elaboración tiene por norma, desde Juan XXIII y el Vaticano II, seguir el esquema conocido como Ver-Juzgar-Actuar. Iremos por pasos.

I. Lo primero fue un grito de denuncia

Convendrá recordar que lo que hoy conocemos como Doctrina Social de la Iglesia tuvo sus orígenes en la encíclica Rerum novarum (De las nuevas cuestiones), publicada el 15 de mayo de 1891 por el papa León XIII.

Para situar en su contexto aquella encíclica, tan significada no solo por su temática sino también por lo que supuso para el devenir posterior de las enseñanzas sociales de la Iglesia, nada mejor que recurrir a otra encíclica posterior escrita por Juan Pablo II, la conocida como Centesimus annus (A los cien años) y que fue publicada el 1991, como su nombre indica, para conmemorar los cien años de la Rerum novarum.

En el punto 4 de Centesimus annus, nos dice Juan Pablo II lo siguiente: “A finales del siglo pasado, la Iglesia se encontró ante un proceso histórico, presente ya desde hacía tiempo, pero que alcanzaba entonces su punto álgido. Factor determinante de tal proceso lo constituyó un conjunto de cambios radicales ocurridos en el campo político, económico y social, e incluso en el ámbito científico y técnico, aparte el múltiple influjo de las ideologías dominantes. Resultado de todos estos cambios había sido, en el campo político, una nueva concepción de la sociedad, del Estado y, como consecuencia, de la autoridad… En el campo económico, donde confluían los descubrimientos científicos y sus aplicaciones, se había llegado progresivamente a nuevas estructuras en la producción de bienes de consumo. Había aparecido una nueva forma de propiedad, el capital, y una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado, caracterizado por gravosos ritmos de producción, sin la debida consideración para con el sexo, la edad o la situación familiar, y determinado únicamente por la eficiencia con vistas al incremento de los beneficios. El trabajo se convertía de este modo en mercancía, que podía comprarse y venderse libremente en el mercado y cuyo precio era regulado por la ley de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta el mínimo vital necesario para el sustento de la persona y de su familia” (Este subrayado y los que sigan son míos) Creo que esta larga cita explica mejor de lo que yo habría podido, y con más autoridad, la situación con la que León XIII se encontró a la hora de escribir Rerum novarum. Realmente, él se encontró con muchas cosas nuevas de las que hablar.

Pues bien, ya en el primer punto de aquella encíclica, León XIII hace una descripción de las cosas nuevas y entre ellas cita “la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría”. Sin salir de este primer punto, de ahí que hayamos titulado este apartado “lo primero fue un grito de denuncia”, León XIII exclamaría que “no solo la contratación del trabajo, sino también las reglas comerciales de toda índole, se encuentran sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”.

¿Cómo no resaltar este extremo si de ahí, de ese yugo impuesto, arranca todo?

II. Pero enseguida vino una propuesta en positivo

Seguimos sin salir del punto primero de Rerum novarum, y en el mismo ya se apunta una tarea: “vemos claramente, cosa en la que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa…” No cabe la indiferencia ante estas situaciones que atentan contra la dignidad humana, ni mucho menos ignorarlas.

Por eso León XIII decía, y ahora damos un salto en la encíclica y del punto uno pasamos al treinta, que “a nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia”.

Esta propuesta, la de velar de modo especial por la gente de humilde condición, la reforzaría Juan XXIII cuando en el punto 56 de su encíclica Pacem in terris (Paz en la tierra) diría que “razones de justicia y equidad pueden exigir, a veces, que los hombre de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que pueden hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses”.

¿Cómo ignorar a los pobres, los ciudadanos más débiles, aunque eso sea efectivamente algo muy antiguo y aunque algunos piensen que eso radicaliza a la sociedad? ¿No serán ellos, los empobrecidos, más que causa la consecuencia de una sociedad radicalizada por injusta?

III. Pasando necesariamente por el Bien Común

En esa indicación, la de “proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde”, empezamos a vislumbrar propuestas en positivo que van más allá de la mera, y a veces necesaria, denuncia. Y mucho más tras la indicación de Juan XXIII quien, por razones de justicia y equidad, apunta, y además como exigencia, “que los hombre de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles”.

Es curioso que esta cita de Juan XXIII en Pacem in terris la haga en una parte de la encíclica (los puntos que van de 53 al 59), que dedica a hablar sobre el Bien Común. Pues hablando de ese principio tan fundamental en la vida pública y social, que obliga a ciudadanos, gobernantes (hasta el punto de afirmar que “la razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común” (PT, 54)) y del que se dice que “debe redundar en provecho de todos” (PT, 56), es cuando dice que, si a alguien se ha discriminar positivamente desde la acción de gobierno, es a los ciudadanos más débiles.

Y, ¿quiénes más débiles que aquellos que se quiere hacer desaparecer del debate político por desestabilizadores o por antiguos, o sea los empobrecidos?

IV. Una adecuada política fiscal

Leemos en el punto 303 del Compendio sobre la Doctrina Social de la Iglesia que “El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona… Un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de adecuadas políticas de redistribución de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las necesidades de los ciudadanos”.

Y también leemos en el punto 355 que “Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad. Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener las actividades empresariales y las iniciativas sin fines de lucro, y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y de protección social, destinados en modo particular a proteger a los más débiles.

La finanza pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos. En la redistribución de los recursos, las finanzas públicas deben seguir los principios de la solidaridad, de la igualdad, de la valoración de los talentos, y prestar gran atención al sostenimiento de las familias, destinando a tal fin una adecuada cantidad de recursos”.

V. Concluyendo

Ante el hecho innegable y escandaloso de la pobreza en un mundo con recursos suficientes para que todos puedan vivir con dignidad:

• Políticas de discriminación positiva destinadas a proteger a los más débiles.
• Considerando que el progreso social no solo hace referencia a la renta producida sino también y sobre todo a que se tenga en cuenta el modo en que son producidos (condiciones de trabajo) y el grado de equidad en la distribución de la renta (justicia distributiva), hacen falta políticas fiscales que posibiliten un gasto público que no solo garantice el desarrollo sino también y sobre todo la solidaridad.
• Y, para asegurar todo eso, un Estado garante de los sistemas de previsión y de protección social, destinados en modo particular a proteger a los más débiles.

Pepe Carmona

Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Orihuela-Alicante