Critican las medidas de alivio hipotecario por injustas e insuficientes
Activistas por el derecho a la vivienda, sindicatos y asociaciones de consumidores califican las medidas de alivio de la carga hipotecaria como “injustas”, “insuficientes” y “raquíticas.
“Son claramente injustas, si recordamos el esfuerzo conjunto para el rescate a la banca, insuficientes para aliviar el destrozo que en las familias está provocando ya la subida de tipos y del euríbor, y terminarán provocando nuevos desahucios”, opina Francisco Morete, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
UGT critica el hecho de que “las entidades financieras vuelven a ganar”, ya que incrementan sus beneficios por la subida del Euríbor y los tipos de interés”, mientras que CCOO alerta de que las medidas anunciadas “no serán suficientes para frenar el creciente esfuerzo hipotecario que van a soportar los hogares endeudados en un contexto de subidas de tipos y tipos medios más altos”.
El acuerdo del Gobierno con los bancos, para FACUA-Consumidores en Acción, no pasa ser “raquítico”, además de servir para garantizar que “los bancos no vean reducidos sus beneficios”.
El portavoz de la PAH explica que “el alargamiento del tiempo de hipoteca, mejora también el negocio bancario, ya que a más tiempo más intereses cobrará la banca” y apunta que el requisito de destinar más del 50% del ingreso al pago de los préstamos, cuando los intereses hayan subido otro 50%, es sencillamente “una barbaridad”.
Una barbaridad
“Todos los organismos especializados aconsejan que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos, y aquí se requiere que sea el 50%, en una situación de inflación muy elevada”, añade, por lo que se pregunta cómo estarán viviendo esas familias. También comenta que aunque se habla de la “dación en pago”, “nada se dice de dónde va a vivir después esa familia”.
Desde la PAH piden la “limitación temporal de los beneficios caídos de la guerra”, “un plan de amortización de los miles de millones pendientes del rescate anterior”, y que se limite el Euríbor mientras duren las tensiones inflacionistas. Morete recuerda que el rescate bancario de 2011, que costó 66.000 millones de euros, estuvo acompañado de recortes y sacrificios, mientras continuaron los desahucios, los embargos y los negocios con fondos buitres.
El sindicato UGT considera que el paquete de medidas de alivio de la carga hipotecaria no soluciona las dificultades de las familias más vulnerables, “solo se aplaza en el tiempo la duración de la hipoteca, con distintos plazos.”, al tiempo que insiste en que la subida de tipos reporta más de 8.000 millones de euros de beneficio a los bancos.
CCOO coincide en señalar que “las medidas paliativas anunciadas no serán suficientes”, además de reclamar “medidas estructurales, que no figuran en la propuesta del Gobierno, que garanticen un sistema hipotecario sano, equilibrado y con una mayor competencia entre las entidades financieras”.
FACUA advierte de que “los umbrales de renta propuestos por el Gobierno son bajos, lo que impide que los hogares con rentas medias puedan beneficiarse de estas medidas”, además de cargar duramente contra la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por no haber consultado al Consejo de Consumidores y Usuarios, para que pudiera valorar las medidas y realizar aportaciones.
Un fondo de ayudas a las familias
UGT propone la creación de un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca, cuyo coste se eleva de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación.
Este fondo tendría que estar acompañado de la extensión de las medidas antidesahucios y de aplazamiento del pago del alquiler, al menos hasta que entre en vigor la Ley Estatal de Vivienda. El fondo cubriría por medio de una prestación mensual, el sobrecoste generado en caso de que el Euribor supere un valor de 1,5 puntos y tendría una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan los requisitos fijados.
El sindicato estima que esta medida afectaría a cerca de 340.000 hipotecas, por lo que harían falta 650 millones de euros para absorber la totalidad del sobrecoste generado en las familias. Un dinero que podría recaudarse con el nuevo impuesto a las Grandes Entidades Financieras por sus incrementos extraordinarios.
Por su parte, CCOO defiende el derecho a una vivienda digna y adecuada, principalmente, a través de un parque público de alquiler asequible y de una mayor regulación y control del alquiler a precios de mercado.
También apuesta por una mejor regulación que igualmente garantice el acceso a unas condiciones sostenibles de financiación hipotecaria a aquellas personas que deseen adquirir su vivienda en propiedad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
