Críticas al anteproyecto de ley sobre diligencia debida
Diversas organizaciones sociales denuncian la falta de ambición del anteproyecto de ley española de diligencia debida y reclaman “normas sustantivas que establezcan obligaciones directas, concretas y diferenciadas para las empresas”.
El anteproyecto de ley español sobre diligencia debida apela a la voluntariedad y la autorregulación empresarial en el cumplimiento de los derechos humanos.
Esto no implica nuevas obligaciones, sino “precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobados en 2011.
Entidades de la Alianza por la Justicia Global como Ecologistas en Acción, ATTAC España o el Observatorio DESC han mostrado su desacuerdo con el último anteproyecto español y denuncian que se haya desestimado el texto de la proposición de ley presentado por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, en el que se habían recogido las aportaciones de la sociedad civil.
Obligaciones y sanciones
Por ello, reclaman una ley marco que defina las obligaciones de las empresas transnacionales y que contemple la exigencia de responsabilidad (penal, civil, administrativa) por la violación de las mismas en terceros países y estableciera los mecanismos efectivos para la reparación de los daños sufridos por las víctimas, así como un centro de empresas que sustituya las auditorías privadas por la investigación público-social.
Las entidades sociales identifican como “uno de los grandes obstáculos para erradicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales”, precisamente, la falta de “nuevas normas obligatorias a nivel nacional e internacional que permitan determinar y sancionar por responsabilidad directa de las empresas matrices la vulneración de derechos humanos de cualquiera de las firmas de su cadena de valor”.
Insisten en que es necesario reafirmar la primacía de las normas de derechos humanos sobre las reglas de comercio e inversión, a la vez que los derechos sociales, laborales y ambientales deben dejar de ser considerados como “desventajas competitivas”. Para ello, notan, más que técnica jurídica, hace falta “voluntad política”.
Redacción de Noticias Obreras.
