La propuesta de una cesta de la compra básica con precio limitado
“No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra”. Esta afirmación, realizada por la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es tan tajante como cierta.
Razón de ello es que recientemente, y juntamente con el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, hayan propuesto topar el precio de productos básicos, como el pan, la leche, los huevos o la fruta. Concretamente, se busca llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras para establecer una cesta de la compra básica, equilibrada y saludable (de unos 20 o 30 productos) que mantenga su precio congelado hasta después de Navidad.
El objetivo no es otro que proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. No en vano, la subida de precios de la energía y los combustibles, en primer lugar; el aumento de tipos de interés, en segundo lugar, con su repercusión en las hipotecas y en el acceso a un bien de primera necesidad como la vivienda; y el alza de los precios de la cesta de la compra, en tercer lugar, están ahogando la capacidad adquisitiva de los hogares, particularmente aquellos con rentas más bajas..
Esta subida de precios de carácter tridimensional ha obligado al gobierno a tomar medidas que logren frenar la inflación. Lo hizo inicialmente con los combustibles, subvencionando una parte de la subida de los precios. Lo hizo posteriormente con la energía, topando el precio del gas y arbitrando el mecanismo conocido como “excepción ibérica” con el objetivo de reducir el precio de la luz . Y en la agenda del gobierno urge ahora adoptar nuevos mecanismos para evitar que las hipotecas, por un lado, y la subida de los productos alimenticios básicos, por el otro, mermen más aún si cabe la ya débil capacidad de resistencia y supervivencia a esta escalada inflacionista.
Es en este contexto donde hay que situar la propuesta de Yolanda Díaz. Si hace poco se hablaba de “salvar la navidad” cuando se pedía relajar las medidas de confinamiento y restricciones derivadas de la pandemia de la covid-19, ahora se vuelve a apelar a esa expresión de “salvar la navidad” desde un prisma diferente.
Nueva crisis para la clase trabajadora
Cualquiera de nosotros habremos comprobado cómo con 50 euros la cesta de la compra es cada día más reducida. La comida no subía tanto desde 1994, y la inflación actual (10,5% en el mes de agosto) no se veía desde hace décadas, convirtiéndose en una nueva crisis para la clase trabajadora. Llenar la cesta de la compra va a costar casi 900 euros más al año que hace apenas doce meses. La repercusión de esta incesante subida de precios va más allá de que los hogares rebajen sus expectativas de consumo. También provoca, por ejemplo, que modifiques sus hábitos de consumo y adquieran productos menos saludables.
Una situación que exige medidas que implican un potente esfuerzo para que las familias no lo pasen mal e incluso no pasen hambre. Y para que no se convierta en privilegio poder disfrutar de una alimentación saludable. Y es evidente que no se puede exigir de igual manera a quienes no llegan o tienen dificultad para llegar a fin de mes, que a aquellos sectores económicos que han tenido más beneficios en esta época de crisis. Precisamente, los oligopolios energético y petrolero , el sector bancario y el de las grandes distribuidoras de alimentación están entre esos pocos privilegiados. Hay que recordar sin ir más lejos que Mercadona, primer grupo de supermercados de España, obtuvo un beneficio neto, en el año 2021, de 680 millones de euros.
Pero no ha de extrañarnos que estos lobbies reaccionen airadamente cuando se les señale y exija, o en ocasiones únicamente se les persuada moralmente, para que asuman este esfuerzo y compromiso. Su rechazo suele ir acompañado de una contrapropuesta a la que siempre se suma la derecha política y mediática: la bajada de impuestos, como sería la bajada del IVA de algunos de estos productos. Una propuesta sin duda mucho más lesiva para las finanzas públicas y sin un efecto redistributivo.
Es lo que ha ocurrido con esta propuesta, de la que se han desmarcado las principales patronales de supermercados, como Asedas, que representa a Mercadona, Lidl, Dia y supermercados regionales como Ahorramas y Condis; Anged, a la que pertenecen El Corte Inglés y Alcampo, y ACES, la de Eroski o Carrefour. Solo esta última, de entre las grandes cadenas, se ha abierto a acoger la propuesta, pero parece más una estrategia y elemento de publicidad que un compromiso serio con el objetivo último de la medida.
Pero no han sido los únicos en cuestionar la medida. Algunos ministros socialistas, e incluso Unidas Podemos, socio del gobierno, así como asociaciones de pequeños distribuidores y del pequeño comercio han expresado reticencias. Una mala noticia, desde mi punto de vista. Porque además ha desviado el foco del papel jugado por los grandes oligopolios, que evidentemente han hecho negocio y se han lucrado a costa del desproporcionado incremento de precios que, en el caso de la alimentación, no se ha trasladado a otros actores de la cadena de valor, como agricultores o ganaderos. Sectores que también han soportado –y no han compensado– incrementos en sus costes de producción.
Todas estas reticencias o cuestionamientos, sin embargo, suponen sin duda una llamada a hacer más pedagogía y mayor diálogo, de manera que permita hacer posible el reto de sumar a más actores que comparten espacio y compromiso ideológico progresista en favor de la clase trabajadora.
Porque todo parece indicar que se avecina un otoño e invierno complicados con la inflación disparada y con previsiones de racionamiento de la energía. El tope a los precios, ante una situación excepcional como la que vivimos, y el traslado del esfuerzo que ello supone a los grupos privilegiados, ha demostrado ser una medida efectiva, aunque no exenta de complicaciones, como ha ocurrido con el caso de la energía y el precio de la luz. Trabajar en esta dirección obligará a adoptar mecanismos e incentivos complementarios que palíen los posibles impactos perjudiciales sobre aquellos cuyo músculo está muy debilitado, como el sector del pequeño comercio. Lo que solo puede ser posible con una fiscalidad justa, progresista y sostenible.
Economista y politólogo
