Nace el sello de inclusión social
Las empresas que faciliten la inserción laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) contarán con un sello distintivo para reconocer su acción inclusiva.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido aprobada en Consejo de Ministros, para cumplir con la la disposición adicional primera de la ley19/2021 del IMV, y con lo dispuesto en el componente 23 del Plan de Recuperación. A través de dos decretos, se impulsa la creación del Consejo Consultivo del IMV y el llamado Sello de Inclusión Social.
Iniciativas inclusivas
El sello servirá para identificar a entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como fundaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión hacia la inclusión y la participación activa en las sociedad.
Los requisitos que se deben cumplir para merecer esta distinción incluyen adoptar medidas de inclusión social, estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber recibido ninguna sanción, no perjudica al medio ambiente o disponer de un plan de igualdad.
El sello se concederá por de tres años desde la resolución de la concesión, al término de los cuales habrá que volverlo a solicitar. Se podrá concederse para reconocer iniciativas que faciliten el acceso a bienes y servicios básicos a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, apoyen a la infancia y adolescencia, mejoren las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes, promuevan el acceso al mercado laboral e impulsen el acceso y uso de las tecnologías digitales.
Con todo, también prevé distinguir “actuaciones ligadas a la inclusión social de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y que no se encuentren en las categorías anteriores; entre otras, actuaciones destinadas a la mejora de las habilidades personales y sociales, la reducción de la pobreza energética y la educación financiera”.
El Ministerio de Inclusión entiende esta iniciativa como una innovación en la colaboración público privada y un respaldo al avance de la responsabilidad social corporativa.
Consejo consultivo
Además, se crea el consejo consultivo del ingreso mínimo vital, un órgano de consulta en el que participarán las entidades del tercer sector de acción social, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Asesorará al ministerio y trasladará propuestas para aumentar la eficacia de la protección social.
También se han presentado modificaciones para mejorar la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital, que en la actualidad llega a casi medio millón de familias, aunque la previsión inicial apuntaba a llegar a más de un millón de personas. Desde principios de este año, los servicios sociales de los ayuntamientos quedaron habilitados para certificar situaciones de vulnerabilidad especial con lo que esta prestación se ha dirigido a 30.000 personas más.
Redactor jefe de Noticias Obreras
