Los sindicatos quieren regular las prácticas para mejorar la calidad y cantidad del empleo de las personas jóvenes
Los sindicatos quieren acabar con la “periferia laboral” que en la actualidad representan las prácticas no laborales que fomentan que los estudiantes acaban realizando tareas productivas sin protección ni derechos reconocidos.
El 63% de las personas que realizan las prácticas del periodo de formación de su etapa universitaria o de Formación profesional lo hacen en fraude de ley, según apunta el secretario de Juventud de CCOO, Adrià Junyent, al no cumplirse “la parte formativa” y al desarrollar “el mismo trabajo que el compañero de al lado con contrato laboral”.
Esta situación, que ha llegado a afectar a entre 500.000 y 400.000 personas jóvenes al año, supone para Junyent, “una periferia laboral”, al suponer pérdida de derechos básicos y reducción injustificada de costes para la empresas que además acaba por condenar a la juventud a la precariedad.
Gobierno y agentes sociales se han comprometido, de hecho, a elaborar un estatuto de las prácticas no laborales –Estatuto del Becario–, en parte, como desarrollo de uno de los compromisos alcanzados en la última reforma laboral, pero también como componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del plan de choque contra el desempleo juvenil.
Representantes del Ministerio de Trabajo presentaron el miércoles 4 de mayo un primer documento, apenas un esquema que enumera las cuestiones a tratar sin entrar en aspectos concretos, salvo la necesidad de establecer algún mecanismo de compensación económica a los estudiantes por el que puedan cotizar a la Seguridad Social, tal y como ya se está abordando en otra mesa del diálogo social, que lidera el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, comentó que en la primera reunión sobre las prácticas no laborales, “las organizaciones empresariales mostraron en principio una buena disposición,” a alcanzar un acuerdo, si bien es verdad que sus intervenciones se centraron más en el método de la negociación que en propuestas concretas.
“Vamos a intentar por todos los medios que haya una acuerdo. Para avanzar y acabar realmente con el fraude, tiene que haber un compromiso de las organizaciones empresariales con la realización de las prácticas tanto en cantidad y como en calidad”, ha explicado Vicente, que espera que “este proceso, al igual, que otros, concluya, con un acuerdo tripartito”.
Propuesta sindical
La regulación de las prácticas no laborales, a juicio de CCOO, ha de garantizar, entre otras cuestiones, el contenido formativo de las mismas con intervención de los centros educativos y la opinión de las organizaciones estudiantiles, un suelo mínimo de compensación económica para la persona en prácticas, cuya cotización a la Seguridad Social deberá servir para generar derecho a prestaciones sociales, así como establecer un límite al número de personas en formación en función de la plantilla de cada empresa.
También proponen la creación de un observatorio de las prácticas no laborables en el que participen los centros educativos y las organizaciones estudiantes que sirva para conocer su número, pero sobre todo, para comprobar la evolución de las mismas y valorar hasta qué punto favorece la inserción en el mercado laboral de los jóvenes en igualdad de condiciones con el resto de la población.
Otra de sus propuestas es la bonificación de las cotizaciones sociales de los contratos indefinidos, con una duración mínima de tiempo, de personas que hayan realizado las prácticas en la empresa que finalmente los suscriba.
La opinión de Junyent de establecer un estatuto para estas prácticas, “si se hace y se hace bien, puede servir para aumentar la capacidad de inserción laboral de los estudiantes y jóvenes” pero también favorecerá que “las empresa van a contar con personas más preparadas y formadas, lo que repercute en la productividad”.
Diálogo social
El proceso de negociación de esta materia, al menos, ha empezado dentro del plazo que se habían marcado gobierno e interlocutores sociales, aunque Vicente ha expresado su deseo de concluir antes del verano, si bien reconoce que la experiencia les ha enseñado que este tipo de negociaciones “no es como empieza, es como acaban”. “Buscar acuerdo necesita un tiempo que hay que tomarse para que se produzca”, ha concluido.
La próxima reunión para abordar este asunto está prevista para el 23 de mayo, fecha en la que se espera que las parte negociadoras puedan poner sobre la mesa propuestas más concretas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
