Organizaciones sindicales y sociales piden al Gobierno que garantice el acceso a las vacunas desarrolladas con financiación pública

Organizaciones sindicales y sociales piden al Gobierno que garantice el acceso a las vacunas desarrolladas con financiación pública
Foto Ilustración de Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images
Una veintena de organizaciones reclaman al Gobierno que la vacuna de Hipra y las que desarrolla el CSIC, todas ellas con financiación pública, deben incorporarse a C-TAP, la plataforma impulsada por la OMS para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de las vacunas y de otras herramientas contra la COVID-19.

Las organizaciones reclaman que haya más protección de la inversión pública destinada al desarrollo de las vacunas y otras herramientas sanitarias contra la Covid-19. En este sentido, han remitido una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para subrayar que los acuerdos firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con financiación pública tengan licencias “no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica”.

Las entidades señalan que la vacuna de la multinacional farmacéutica española Hipra está a punto de comenzar la última etapa antes del proceso de regulación y autorización. La compañía ha obtenido, al menos, 15 millones de euros para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció en su momento la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Compartir el conocimiento para un mayor acceso a la vacuna

La propuesta de las entidades sigue el ejemplo de la vacuna Corbevax, cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla. En el caso de las vacunas españolas con financiación pública, sus licencias deberían ser compartidas a través de C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la Covid-19.

Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo.  Una decisión política del Gobierno de España que permitirá “avanzar y liderar a nivel mundial el planteamiento de soluciones concretas para conseguir un acceso y una distribución justa y equitativa de las vacunas”

Momento clave para la salud pública global

Las organizaciones sindicales y sociales recuerdan que estamos en un momento clave para avanzar en la vacunación y la protección de la ciudadanía de los países de bajos ingresos y, así, fortalecer los sistemas sanitarios. “Mientras en los países más ricos los gobiernos se preparan para convivir con la Covid-19, ponen terceras dosis e incluso avanzan en una cuarta, en los países de bajos ingresos se ha vacunado con dos dosis solo al 10% de la población”, debido a las políticas de producción y precios que aplican las farmacéuticas