La situación crítica de la atención primaria genera movilizaciones en Málaga y Bilbao
La larga pandemia ha encontrado a la atención primaria en mínimos, por lo que seis olas después de contagios masivos, su estado es crítico. Diversos colectivos han convocado nuevas manifestaciones en defensa de una sanidad pública básica suficiente.
“La atención primaria ha tenido crónicamente una dotación de personal escasa lo que hace que las labores asistenciales acaben siendo predominantes, cuando no únicas, en el funcionamiento de los centros de salud”, se quejaba amargamente la Federación de Asociaciones de Sanidad Pública.
Según sus datos, el gasto sanitario en atención primaria ha disminuido en proporción sobre el gasto sanitario público un 0,98% entre 2010 y 2018, si bien ha habido un ligero aumento desde 2016 (0,23%). Solo seis comunidades autónomas habían superado el porcentaje de 2010 al llegar a 2018.
Así, el 34,7% de la población señala que tiene que esperar más de seis días para ser citada por su médico o médica y que de media,en todo el Estado, aunque hay notables diferencias por comunidad autónomas, cada facultativo tiene asignada la supervisión de la salud de 1.342 personas.
“Una agenda imposible de cumplir”
La doctora María Cara, que trabaja en un hospital de Córdoba y es militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), explica que antes de la pandemia, “sobre todo la atención primaria estaba infradotada de personal, lo que implicaba tener una agenda casi imposible de cumplir, y hacía que el tiempo por paciente fuera de pocos minutos, con lo que no podían atenderlos con la calidad necesaria”.
La COVID-19 ha reventado las costuras. “Esa situación se ha agravado muchísimo con la pandemia, ya que el trabajo habitual se ha incrementado de forma muy importante, ya que además del trabajo habitual, deben tratar a los casos COVID y hacerles seguimiento”, afirma.
En Andalucía, la comunidad en la que trabaja, denuncia “se ha dejado de contratar a 8.000 profesionales sanitarios (despido encubierto). Los contratos que ofrecen son de días, semanas o pocos meses por lo que estos profesionales ante la precariedad que ofrecen en Andalucía se han trasladado a otras comunidades autónomas donde se le ofertan contratos en mejores condiciones y con una cierta estabilidad”.
“En muchos casos están realizando turnos de 12 horas, no se cubren las bajas, les deniegan los descansos”
Los gestores públicos han recurrido a refuerzos puntuales, a veces muy imaginativos. En el caso de la comunidad andaluza, cuenta Cara, “en muchos casos están realizando turnos de 12 horas, no se cubren las bajas, les deniegan los descansos. Se ha pedido a los jubilados que se incorporen a trabajar en vez de ofrecer contratos decentes a los profesionales que están en las bolsas de trabajo parados”.
Pero lo peor, según describe, es que “esta situación mantenida casi dos años hace que estén muy cansados y poco valorados por la administración sanitaria andaluza”, por lo que no es extraño que los pacientes se sientan “indefensos y frustrados al tener tan limitado el acceso a la sanidad pública, sobre todo en atención primaria”.
Según su experiencia, “las citas para el médico de familia pueden tardar hasta 10 días”, mientras que, “los teléfonos disponibles para acceder a una cita no responden a las llamadas, ni tampoco resuelve la situación la aplicación informática del Sistema Andaluz de Salud (SAS)”.
En este clima, “la población tiene la sensación de que la sanidad pública en Andalucía se está desmantelando poco a poco a favor de la sanidad privada”, advierte y relata que “ha habido y hay muchas movilizaciones en defensa de la sanidad pública y pidiendo un mejor acceso, pidiendo los profesionales necesarios para que se puedan atender de forma rápida sus problemas de salud”.
“Ahora todo se planifica desde arriba”
De hecho, mañana Marea Blanca Málaga saldrá a la calle para defender la sanidad pública en general y la atención primaria en particular. El también militante de la HOAC, “matrona” en la atención primaria malagueña, Juan Díaz, va un paso más allá: “Se ha producido un cambio de modelo: la atención primaria partía de la población y de los profesionales que planifican cuáles eran las necesidades de salud que se detectaban, pero eso ha cambiado desde hace mucho tiempo. Todo viene planificado desde arriba, sin tener en cuenta a los profesionales ni muchos menos a la ciudadanía”.
Tal y como detalla, Díaz, “todo se basa en cumplir objetivos, no de salud de la gente, sino de disminución del gasto farmacéutico, disminuir las derivaciones a los especialistas. Todo eso provoca una disminución de los recursos, fundamentalmente humanos, que cada vez haya menos contratos, que cada vez hay que hacer más cosas que no tienen sentido para la gente, pero que ocupan mucho tiempo”.
En su opinión, hay un interés particular detrás: “el motivo de todo eso es hacer que la población ante la saturación de la sanidad pública y la atención primaria, tenga que recurrir a la atención privada”.
Por ello, llama a reflexionar sobre la labor de los profesionales de la sanidad pública, gracias a los cuales tenemos altísimos índices de vacunación y se ha conseguido que las últimas olas resultaran algo menos letales. “Ha habido profesionales de esa sanidad pública que se han dejado la piel, más allá de lo que les correspondía y se les exige, más allá de su sueldo”.
En especial, ha llamado la atención sobre los profesionales de enfermería, personal administrativo y técnico y de los servicios de atención a los ciudadanos que “son quienes reciben el malestar de la gente, en una situación que no han provocado, ni tienen los medios para solucionárnoslo”.
“Sin lo público es imposible que una sociedad funcione”
El desmantelamiento de la sanidad pública, desde su punto de vista, “tiene que ver con el sistema que vivimos, que fomenta el individualismo, el que cada uno solucione los problemas por su cuenta”. De ahí que enfatice que “sin lo público es imposible que una sociedad funcione adecuadamente, por lo menos, que funcione satisfaciendo las necesidades de los que menos tienen y tienen más dificultades”.
Lo cierto es que el último episodio pandémico, con una variante de la COVID-19 en extremo contagiosa, ha revelado la incapacidad del sistema para tramitar las bajas médicas y para atender a la población infectada.
Bajas y altas
“El sistema público sanitario está desbordado, se atiende telefónicamente y con gran demora, en alguna comunidad autónoma incluso se ha optado por que las farmacias hagan el proceso de inclusión en las historias clínicas informatizadas de los sistemas públicos de salud de los casos detectados de personas positivas”, denunciaba el sindicato CCOO.
Ante la manifiesta incapacidad del sistema para tramitar adecuadamente las bajas, se ha optado por acelerar los procesos de bajas y altas, promover al autodiagnóstico y la comunicación telefónica.
Todo ello, lejos, de como pedía este sindicato, establecer “un sistema con las salvaguardas suficientes para las personas trabajadoras y que proporcione seguridad jurídica respecto a las prestaciones que se derivan en el sistema de la Seguridad Social”.
La atención primaria, el primer escalón del servicio sanitario que debe lidiar con las afecciones más comunes de la mayoría de la población y poner en marcha los tratamientos iniciales, necesita más recursos, más impulso y más implicación tanto de los administradores públicos como de los colectivos sociales y comunitarios que tienen propuestas para su mejora.
Después de Sevilla y Madrid, ahora le ha llegado el turno a Málaga, pero también a Bilbao, que el 23 de enero se movilizará para denunciar la situación de “colapso” de la atención primaria y la sobrecarga de la atención hospitalaria, y exigir medidas inmediatas para afrontar dicha situación.
Redactor jefe de Noticias Obreras
