La propuesta del Gobierno sobre la “mochila austriaca” complica la negociación de la reforma laboral

La propuesta del Gobierno del llamado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), es rechazada por los sindicatos y por la patronal, hasta el punto de “poner en riesgo el acuerdo de reforma laboral”.

El Gobierno presentó en la última reunión de la mesa de diálogo social que aborda la reforma laboral, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo que sustituirá a los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La propuesta ha sido rechazada por los sindicatos –con gran dureza en las formas y en el fondo–, y por los empresarios, hasta el punto que dificulta la negociación de la reforma laboral, tanto en las materias que se abordan y que están relacionadas con la estabilidad en el empleo, con atajar la temporalidad y la precariedad, con el fortalecimiento de la negociación colectiva o las medidas de flexibilidad interna negociada; como con los tiempos de la negociación que debe finalizar en diciembre, según los plazos establecidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia comprometido con la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios.

La mochila austriaca y el abaratamiento del despido

Así las cosas, UGT ha pedido al Gobierno que “reconsidere su propuesta, que en este caso solo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo”. Además, este sindicato echa en falta un “compromiso claro” de mantenimiento del empleo para las empresas que recurran a este nuevo mecanismo, tal y como ocurre ahora con los ERTE. En este sentido, el sindicato se opone a “cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido” según fuentes de la organización recogidas en Europa Press. Para el sindicato, este sistema de indemnización por despido “supondría un cambio de calado sobre el modelo de protección al empleo en España, con seguras consecuencias negativas y muy dudosos y débiles resultados positivos“.

Con mayor crudeza plantea CCOO esta propuesta del Gobierno, ya que “aleja al sindicato de un posible acuerdo”. “Llevamos 30 reuniones, casi ocho meses de negociación, en los que esta cuestión no ha estado encima de la mesa, al menos en términos similares a los ahora planteados. No nos ha quedado claro cuál es el objetivo de esta propuesta en la que se introducen materias que no tienen nada que ver con el objeto de esta negociación”, ha señalado el sindicato en un comunicado.

La propuesta del Ejecutivo es “de una gran complejidad” por las cuestiones que plantea en cuanto a procesos de reestructuración de empresas y recolocación de trabajadores, al tiempo que “genera muchas incertidumbres respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales” y que tienen “poca o nula concreción por parte del Gobierno”. En este sentido, Comisiones Obreras considera que la propuesta requiere mayor tiempo de negociación –teniendo en cuenta que apenas queda un mes para cerrar este acuerdo– y es “poco compatible” con las materias que ya hay en la mesa de negociación relacionadas con la estabilidad en el empleo, con atajar la temporalidad y la precariedad, con el fortalecimiento de la negociación colectiva o las medidas de flexibilidad interna negociada, conforme lo establecido en el Plan de Recuperación y Resiliencia comprometido con la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios.

La propuesta del Gobierno

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo se activaría en dos supuestos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización. El Gobierno establecería los parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores, que determinen una presunción de las causas de activación. Tendría una duración máxima de doce meses, en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas, y de seis meses, en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. En el supuesto de causas estructurales podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.

La propuesta del Gobierno señala que el periodo temporal de referencia y el porcentaje de reducción de jornada sean idénticos para todos los trabajadores afectados de un mismo centro de trabajo, aunque se permiten fijar distintos porcentajes de reducción de jornada o un número distinto de días máximos de suspensión, en función de los grupos profesionales, funciones o puestos de trabajo cuando existan causas justificativas debidamente acreditadas.

En el supuesto de concurrir a este mecanismo por causas estructurales, el Gobierno plantea incorporar un plan de recolocación para los afectados que tendría que incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo. Las empresas que contraten a trabajadores afectados por este mecanismo de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 6 meses.

La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, y mientras esté vigente esta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extra, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.

Las empresas autorizadas a aplicar un Mecanismo RED puedan beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones siempre que desarrollen acciones formativas a favor de las personas afectadas, y podrán recibir al mismo tiempo un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, que irá desde los 320 euros por persona a 425 euros, en función del número de trabajadores.

Estas acciones formativas serían obligatorias en el Mecanismo RED por causas estructurales. Si se incumplieran dichas obligaciones, las empresas deberán reintegrar el importe de las exenciones. Asimismo, los beneficios en materia de cotización se condicionan al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados durante seis meses.

Los trabajadores afectados por un Mecanismo RED tendrán derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial. El tiempo de percepción no se consideraría como consumido para la protección por desempleo, aunque no tendría la consideración de periodo cotizado.

La propuesta implica la creación de un fondo para sufragar este nuevo mecanismo, al estilo del Fondo de Reserva de las pensiones o de la “mochila austriaca”, que tendría por objetivo atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores, exenciones de cuotas empresariales y gastos de formación.

Abraham Canales

Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)