Tres de cada cuatro empresas obligadas por ley en España carecen de planes de igualdad
De las 13.094 empresas con más de 100 personas asalariadas que había en España a finales del año pasado, solo 3.154 cuentan con planes de igualdad registrados desde 2007, año en el que empezaron a negociarse, y el primer semestre de 2021.
Desde el 7 de marzo de este año las compañías con una plantilla de más de 100 trabajadores están obligadas por ley a contar con un plan de igualdad. Sin embargo, menos del 25% de las empresas cumple con sus obligaciones en esta materia.
“Pero esta cifra no es completamente real, porque a veces un plan de igualdad está doblemente registrado, como plan y como modificación, o porque una empresa de menos de 100 personas en plantilla ha podido perfectamente registrar ya el suyo”, explica Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, responsable del del informe Planes de igualdad en las empresas: estudio sobre su implantación e impacto.
Estévez recuerda que “el plan de igualdad es la primera herramienta con la que las trabajadoras pueden equiparar sus derechos dentro de una empresa”. No solo se trata de reducir la brecha de la desigualdad, sino también favorecer por ejemplo a las víctimas de la violencia machista, adoptando medidas como la reserva de plazas de aparcamiento especiales, o cambios de centro de trabajo cuando es posible.
Las 13.275 empresas con entre 50 y 99 trabajadores, que figuran en el censo, tendrán que acordar sus planes de igualdad a partir de marzo de 2022. Esto supone doblar este tipo de acuerdos entre las direcciones y las plantillas
Para la sindicalista, “no se puede desdeñar así una herramienta básica contra las desigualdades y que, además, es de obligado cumplimiento”, por lo que advierte que “no se trata únicamente de firmar un plan de igualdad, sino de que este documento sea útil para la realidad de cada empresa”.
Cumplir el expediente
Además de la información cuantitativa, es necesario diagnosticar y evaluar cada plan. El estudio llevado a cabo por USO ha detectado que hay planes que no pasan de ser una manera de cumplir el expediente. Hay 27 que estarán vigentes hasta 2030 y otras cuatro durarán hasta 2050. “Es imposible que las medidas recogidas sigan vigentes durante tres décadas”, denuncia Estévez.
Por ello, USO llama a “no solo legislar, sino vigilar el cumplimiento. Ya de por sí la ley deja fuera al grueso de las personas trabajadoras, las que están en micropymes, pero al menos debe promoverse una campaña desde Inspección y dotar a esta de medios para sancionar las infracciones”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
