COVID-19 y defensa del bien común
La crisis de salud pública provocada por la COVID-19 nos pone a prueba como sociedad y nos ofrece la oportunidad de crecer en humanidad, en poner en el centro la dignidad de cada persona y el bien común, poniendo en el centro a los más vulnerables, cuidando la fragilidad. Es, entre otras cosas, una oportunidad para valorar más lo que significa el bien común por encima de la conveniencia e intereses individualistas.
Es una oportunidad para crecer en aprecio al bien común en los comportamientos personales, creciendo en responsabilidad, solidaridad y cooperación. Para darnos cuenta mejor de que somos responsables de los demás. Para poner en el centro de nuestros comportamientos la protección de los más vulnerables, los mayores, los enfermos, las personas y familias sin recursos, los niños… Sin la prioridad del cuidado de los más frágiles no existe el bien común.
Es también una oportunidad para valorar más y mejor los servicios públicos que son expresión del bien común, particularmente el servicio de la sanidad pública y el de cuantas mujeres y hombres se entregan en ella al servicio de los demás. Es la oportunidad de tomar la firme decisión de dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para fortalecerla y extenderla, acabando con las peligrosas políticas de privatización, para el negocio, de los bienes esenciales.
Una oportunidad, también, para repensar y valorar el papel de los gobiernos y de todos los responsables políticos en la defensa del bien común, en la salud pública y en la economía de personas y familias. Estamos viendo un gran contraste entre los comportamientos serios y responsables de muchos gobiernos y el irresponsable de algunos iluminados neoliberales, extremadamente peligrosos, que dejan indefensas a las personas.
Oportunidad, igualmente, de poner más la mirada en los países más vulnerables, por su carencia de recursos sanitarios o su debilidad, y por su falta de recursos económicos. Oportunidad de hacer opciones mucho más claras por la solidaridad internacional. Sería un nuevo desastre humano que nos olvidáramos de esto.
Es esencial gestionar bien las consecuencias económicas de esta situación. Es fundamental que la factura económica no la vuelvan a pagar los pobres, los precarios, las familias más vulnerables. El bien común exige, ante todo, opciones claras en ese sentido. Sin ello el bien común no es más que hueca palabrería. Hay que tomar medidas para proteger el tejido empresarial más vulnerable, a los autónomos, a los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, en particular a los precarios, desempleados…, y no los beneficios de unos pocos que sí pueden asumir los costes de esta situación, a los que hay que exigir que lo hagan. De lo contrario, no harán sino crecer las desigualdades y la injusticia, una vez más. El déficit público es hoy una necesidad y el pago de las deudas con los poderes financieros debe quedar muy en segundo lugar. Porque los recursos hay que dedicarlos a la protección de la salud y de las condiciones de vida de las personas y familias, no a ninguna otra cosa. No hacer esta opción sería una radical inmoralidad.
Es urgente actuar para proteger el bien común desde la economía real. Pero también lo es impedir las consecuencias destructivas sobre la actividad económica que provocan los movimientos especulativos en eso que llamamos los mercados pero que no son sino la expresión de los intereses de los especuladores financieros cuya codicia habrá que atajar de una vez por todas. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
