Piden al Gobierno que siga el ejemplo vasco y navarro en la exención de las indemnizaciones a las víctimas de amianto
Sindicatos y asociaciones de afectados reclaman al Gobierno que, siguiendo el ejemplo del País Vasco y Navarra, permita la exención fiscal de las indemnizaciones previstas para las víctimas del amianto.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa, a iniciativa de Elkarrekin Podemos, aprobaron por unanimidad considerar exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones previstas en el fondo de compensación de las víctimas del amianto. Todo apunta a que las juntas de Bizkaia y Araba y del Parlamento Foral de Navarra, con competencias fiscales, se pronunciarán en el mismo sentido.
Sin embargo, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), además de CCOO y UGT afirman que “en todas las ocasiones en que hemos planteado la cuestión, tanto durante la tramitación de la propia Ley del Fondo como en la de los Presupuestos Generales del Estado, hemos recibido la negativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y del Senado”.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se negó a esta posibilidad en reuniones con los secretarios generales de UGT y CCOO sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá anunció que que el reglamento de la Ley del fondo de compensación de las víctimas del amianto no estará aprobado hasta a finales de junio, a pesar de que el plazo previsto en la ley era el 19 de enero.
Las organizaciones de trabajadores y de víctimas han tenido que desmentir al ministro que, en su comparecencia en Senado de hace unos días, atribuyó a las víctimas y sus representantes la preferencia de ser compensadas a través de una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así han aclarado que siempre han defendido “la necesidad de que se mantenga el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco que da origen al Fondo, que definía al instrumento como un fondo de compensación y a las cantidades a percibir por las personas afectadas como indemnizaciones”.
La exención de las indemnizaciones evitaría que las personas afectadas tengan que tributar un 47% de todas las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal en el que se procede a indemnizarlas, como ocurre con las las obtenidas por sentencia judicial o a las previstas para las víctimas del terrorismo y del VIH. Además, así también se evitaría que las víctimas se vean obligadas a recurrir en primera instancia a la vía judicial, que puede prolongarse durante muchos años.
FEDAVICA, CCOO y UGT exige al Gobierno que siga el ejemplo de las instituciones vascas y navarras, extendiendo la exención para el conjunto de las personas afectadas por el amianto de España. “Nadie entendería que no se atendiera una petición de mera justicia social y se establecieran víctimas de primera y víctimas de segunda categoría”, afirman.
Redactor jefe de Noticias Obreras
