Organizaciones sociales, sindicales y eclesiales impulsan su propio proyecto de ley de vivienda
Las organizaciones sociales, sindicales y eclesiales de la Iniciativa Ley Vivienda, entre las que figura la Juventud Obrera Cristiana (JOC), han anunciado hoy su intención de presentar en el Congreso su propio proyecto legislativo ante el retraso en la aprobación de la norma que lleva meses debatiendo el Gobierno.
“Asegurar el derecho a la vivienda es una prioridad para los jóvenes por lo que la JOC apoya esta iniciativa”, asegura Alejandro Gea Vida, secretario general de JOC España.
“La vivienda es una preocupación constante de los jóvenes, que raramente se pueden emancipar y menos aún con un salario digno”, dice Gea, que considera necesario una ley que incluya garantías mínimas que aseguren “no solo el derecho a techo, sino también “los suministros básicos de una vivienda y la erradicación del sinhogarismo”.
Según su experiencia, “los jóvenes que se emancipan tienen que dedicar la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, normalmente, de un piso compartido, mientras que usureros y fondos buitres especulan con la vivienda”. “La vivienda es un derecho que debe estar protegido por la iniciativa pública”, concluye.
Las cerca de 50 entidades sociales que promueven la Inicitativa Ley de Vivienda han acordado un manifiesto en el que expresan “No podemos esperar más, por eso este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la Iniciativa desde sus inicios”.
De hecho, aseguran que “10.961 familias han sido expulsadas de sus casas entre enero y marzo de este año por no poder pagar su alquiler o hipoteca”, cifra que crecerá, continúan, “cuando el 9 de agosto finalice la moratoria actual que está posponiendo muchos de los desahucios. Sin olvidar el aumento de las ejecuciones hipotecarias en el último año, empujando a las familias a acogerse a una moratoria que solo es efectiva cuando ya han perdido su casa”.
Para la plataforma de colectivos, la falta de diálogo con los responsables del Gobierno, es un claro síntoma de “falta de intención absoluta a elaborar la ley que la gente necesita y no la que piden los bancos, los fondos buitre, las patronales o las inmobiliarias”.
Organizaciones impulsoras del manifiesto
La PAH; Movimiento Nadie sin hogar; Sindicato de Inquilinas e Inquilinos; Entrebarris; Juventud Obrera Cristiana – JOC; Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña; Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía; Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones – COESPE; Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Cataluña; Taula d’Entitats del Tercer Sector Social; Confederación Intersindical – CI; Confederación General del Trabajo – CGT; Comisiones Obreras – CCOO; Unión General de Trabajadores – UGT; Observatori DESC; Alianza contra la Pobreza Energética; Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid; Grupo Monitoreo DESC; Plataforma Contra los Fondos Buitre; Plataforma DESC España.
Organizaciones que dan su apoyo al manifiesto
Intersindical Valenciana; Marea Blanca Catalunya; CNT València; Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià; Sillas contra el Hambre; Marea Básica; ATTAC España; Marea Blanca Catalunya; Coordinadora Residencias 5+1; Red Agua Pública; IAC; Abrir Brecha; COBAS; Afectados BB Serveis; CAES; EL ROGLE; Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud; Audita Ciudadana de la deuda en Sanidad (Audita Sanidad); FAVB – Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona; ATTAC acordem; Marea Colomense; Marea Pensionista de Catalunya; Abrir Fenda; Oficina popular de vivienda – Valladolid; Intersindical Salut; Rebeldía; COS de l’Horta; Obrir Escletxa.
Redactor jefe de Noticias Obreras
