El cambio de paradigma en la política de vivienda no está teniendo eficacia

Aunque las organizaciones de trabajadores valoran la política de vivienda impulsada en este último año por el Gobierno, han dejado claro que sus efectos están siendo limitados y que sigue sin facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Las medidas adoptadas en materia de vivienda han merecido el reconocimiento de CCOO, más por suponer un cambio de paradigma”, fundamentalmente a raíz de la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayor por el Derecho a la Vivienda, que por sus resultados.

Ciertamente, la limitación anual del precio del alquiler, la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión, como ocurrió en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, calificando la vivienda protegida al menos, 30 años o la obligación de destinar un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler asequible dentro del suelo de reserva para vivienda pública, le parecen positivas al sindicato.

Lo que no quita para expresar su disconformidad por la nula eficacia de muchas de las disposiciones aplicadas. La crítica principal se centra en la potestad concedida a las Comunidades Autónomas para declarar las zonas tensionadas, “sin esta declaración previa no es posible incidir en el mercado de la vivienda para limitar y hasta reducir los precios del alquiler”. Hasta el momento, solo Cataluña ha puesto en práctica esta capacidad legal. Otro incumplimiento, señala el sindicato coordinador por Unai Sordo, tiene que ver con el cobro a los inquilinos de los gastos de gestión que las inmobiliarias están disfrazando como servicios.

La falta de ambición para intervenir en el mercado del que depende finalmente el cumplimiento del derecho a una vivienda digna se refleja en el hecho de que la ley no regula el suso temporal ni el alquiler por habitaciones. Así, según este sindicato, su advertencia del “coladero” abierto parece cumplirse, al impulsar que “miles de propietarios hayan traspasado sus viviendas del alquiler residencial al temporal y en algún caso al vacacional”.

Medidas más ambiciosas

El sindicato reclama más ambición, por ejemplo, en cuanto a la vivienda social, que según calcula, deberían alcanzar la cifra de un millón en nuestro país para converger con Europa. Así entiende que hace falta una política pública de adquisición de vivienda privada ya construida y disponible para su posterior puesta y gestión en el mercado del alquiler a precios limitados.

En paralelo, considera, hace falta impulsar la rehabilitación de vivienda privada vacía para ponerla en el mercado del alquiler asequible. Para ello, propone que las Administraciones carguen con los costes de la reforma a cambio de la cesión por 10 años, con garantía de reintegro en buenas condiciones. También apuesta por mejorar la gestión del Bono al Alquiler Joven con “un compromiso de cofinanciación y resultados por parte de las comunidades autónomas”.

Del mismo modo, defiende que la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que garantiza hasta el 20% de la hipoteca para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores, debe aplicarse de forma que no sirva para incrementar de nuevo el precio final de las viviendas, como ya ocurrió con las desgravaciones en el IRPF hasta el año 2013. También facilitaría el acceso de la población a la vivienda, en su opinión, sería el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), debido a que se toma como referencia para acceder a determinados programas públicos de vivienda. Según sus cálculos, una subida del 5% del IPREM para el año 2024, significaría que 200.000 hogares más podrían cumplir los requisitos de ingresos para solicitar una vivienda pública protegida.

Otra de las líneas de actuación que CCOO reclama a la Administración es el control de la deuda hipotecaria de las familias, que con los tipos de interés registrados en 2022 y 2023, ha generado el aumento de las cuotas hipotecarios, superando el 30% de los ingresos de las familias y provocando una contracción de los créditos hipotecarios, del 17,7%, y un aumento de la morosidad hipotecaria, del 8%.

El sindicato, crítica con el Código de Buenas prácticas financieras, demanda a la Administración que facilite la novación o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo, de manera que se minimice el coste para los hipotecados, se facilite el crédito a las familias y, a su vez, se minimice el riesgo de impago.

Insiste CCOO en que, para garantizar una oferta razonable de préstamos hipotecarios, es necesario abordar una transformación del mercado limitando el incremento de las cuotas de los préstamos a no más del 30% de las rentas de los hipotecados y establecer como tipos de interés fijos de referencia para las hipotecas vinculados al precio de la deuda pública del Estado a largo plazo, lo que ya ocurre en Francia que ha establecido un tipo máximo “de usura”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras