Anuncian movilizaciones si se retrasa la tramitación del fondo para las víctimas del amianto
El prometido fondo de compensación a las víctimas del amianto ha encallado, “de manera injustificada”, por lo que sindicatos y y asociaciones de afectados anuncian que se movilizarán si su tramitación vuelve a sufrir nuevos retrasos.
Los representantes de las centrales de trabajadores y de personas afectadas por el amianto se han reunido con los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados para recordarles los compromisos adquiridos y conocer en qué punto se encuentran los trabajos parlamentarios que deberían concluir con la creación del fondo.
El Congreso de los Diputados volvió a aprobar en abril de 2021 la proposición de ley, que a iniciativa del Parlamento Vasco, había salido adelante en mayo de 2019, aunque entonces no concluyó el trámite parlamentario, ante la repetición de las elecciones generales.
En anteriores encuentros, el grupo parlamentario Socialista había comunicado su intención de iniciar el proceso para proponer la ley en la comisión parlamentaria en el plazo de dos meses, tras la aprobación de los Presupuestos Generales en los que, precisamente, se incluyó una enmienda para financiar el Fondo con una partida de 25 millones de euros.
La Mesa del Congreso ha ampliado el plazo para presentar enmiendas en 28 ocasiones, “lo que retrasa de manera injustificada el inicio de su tramitación en la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, donde se tiene que debatir la forma jurídica, dotación y funcionamiento del fondo, según un comunicado de CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA).
De producirse nuevos retrasos, por una nueva ampliación del plazo para presentar enmiendas, que actualmente está vigente hasta el 23 de febrero, las tres organizaciones anunciarán la convocatoria de movilizaciones conjuntas.
Sindicatos y asociaciones de víctimas han explicado a los parlamentarios el sentido de las enmiendas que tienen su apoyo con el objetivo de clarificar a quien se dirige, personas afectadas por exposiciones al amianto de origen laboral, doméstico (familiares de trabajadores expuestos) y ambiental (vecindario de instalaciones en las que se utilizaba amianto).
También han insistido en la conveniencia de garantizar la financiación del fondo que, a imagen del existente en Francia, debería contra con fondos de la Seguridad Social, de los Presupuestos Generales del Estado y de las cantidades recabadas de las sanciones impuestas a las empresas por faltas de medidas de prevención en relación con el amianto, así como de las indemnizaciones a que dé lugar al acordar con cada beneficiario la subrogación a favor del Fondo del derecho a litigar frente a las empresas responsables de los daños a la salud.
De paso, los representantes de los trabajadores y afectados han aprovechado para manifestar su extrañeza ante la posibilidad de que finalmente el Fondo de Compensación a las víctimas de amianto quede encuadrado en el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 20320, cuando está previsto que su órgano rector esté formando con personal de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Redactor jefe de Noticias Obreras
