La pobreza que castigamos y la desigualdad que consentimos

“Estoy durmiendo al lado de una comisaría, porque me parece que es el sitio más seguro y más tranquilo después de las vivencias que he tenido en la calle”. Toni ha terminado buscando en la proximidad de una dependencia policial la seguridad que nuestra sociedad ha sido incapaz de proporcionarle mediante el acceso a una vivienda. Su testimonio, recogido en el informe HATEnto 2026, merece ocupar un lugar preferente en cualquier debate político sobre seguridad ciudadana. Acostumbrados a escuchar a nuestros representantes públicos hablar de la necesidad de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, sería oportuno preguntarles en qué lugar de sus prioridades sitúan la tranquilidad de Toni. Porque también él es ciudadano, aunque determinadas formas de ejercer la ciudadanía parezcan reservadas a quienes disponen de un domicilio.
El informe “No son casos aislados”, elaborado por HOGAR SÍ en colaboración con el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, introduce una cuestión de extraordinaria trascendencia social y política. La violencia contra las personas en situación de sinhogarismo ha adquirido unas dimensiones cuya comprensión exige examinar el comportamiento de nuestra sociedad y el funcionamiento de sus instituciones. Durante demasiado tiempo hemos abordado el sinhogarismo prestando una atención insuficiente a las conductas colectivas que contribuyen a perpetuarlo. Hemos estudiado las circunstancias de quienes viven en la calle con un detenimiento que rara vez hemos aplicado a las responsabilidades de quienes, desde posiciones de mayor seguridad y poder, condicionan sus posibilidades de abandonarla.
De las 144 personas entrevistadas en quince territorios españoles, el 64,3 % había sufrido alguna situación de victimización durante el último año por encontrarse en situación de sinhogarismo. Entre las víctimas, el 74,1 % había padecido estas experiencias de manera reiterada. Las características de la investigación aconsejan prudencia a la hora de extrapolar estos porcentajes al conjunto de las personas sin hogar en España, pero permiten reconocer la persistencia de unas conductas que difícilmente pueden explicarse mediante la excepcionalidad de determinados comportamientos individuales. La reiteración de la violencia obliga a preguntarse por las condiciones sociales que facilitan su reproducción.
Adquiere particular relevancia que el 59,2 % considere que la discriminación y el odio dificultan la salida del sinhogarismo. Esta percepción debería modificar sustancialmente la orientación de determinadas políticas públicas. Cada agresión, cada experiencia de rechazo y cada episodio de discriminación pueden comprometer los esfuerzos de una persona por reconstruir su vida. El daño trasciende el momento en el que se produce la agresión y acaba instalándose en las decisiones cotidianas, en las relaciones personales, en la confianza hacia los demás y en la propia capacidad para solicitar ayuda. El informe acredita la dimensión de ese deterioro: el 65,4 % sufrió consecuencias emocionales tras una experiencia de violencia o discriminación y el 59 % modificó sus hábitos, recorridos o estrategias de protección.
Resulta difícil imaginar cuánto esfuerzo exige reorganizar permanentemente la propia existencia para evitar una agresión. Cambiar de itinerario, renunciar a determinados espacios, medir las distancias, desconfiar de quienes se acercan y calcular dónde será menos peligroso pasar la noche. Una parte considerable de las energías que deberían poder dedicarse a superar el sinhogarismo termina consumiéndose en la necesidad de protegerse de los demás. Después, desde la comodidad de nuestras certezas, juzgamos la capacidad de estas personas para recuperar su autonomía.
La aporofobia, término acuñado por la filósofa Adela Cortina, encuentra en esta investigación una expresión particularmente reveladora de su dimensión social. El rechazo a las personas pobres termina condicionando el ejercicio efectivo de sus derechos y agravando las circunstancias que dificultan su inclusión. Deberíamos abandonar, por tanto, cualquier interpretación que sitúe la aporofobia exclusivamente en el terreno de las actitudes personales. Cuando el desprecio adquiere suficiente aceptación colectiva, puede incorporarse a las prácticas institucionales, a las decisiones administrativas y hasta al diseño material de nuestras ciudades.
El informe aporta un dato que debería provocar una discusión detenida en los plenos municipales. El 63,2 % de las personas participantes había identificado algún elemento de arquitectura hostil durante su experiencia de sinhogarismo. Conviene examinar la responsabilidad política que encierra esa expresión. Detrás de un banco diseñado para impedir que alguien pueda tumbarse existe una decisión cuya finalidad merece ser sometida a escrutinio público. Su adquisición requiere dinero, su instalación responde a determinados criterios de intervención urbana y su presencia modifica las posibilidades de utilización del espacio común.
La hostilidad urbana tiene expediente administrativo, responsables políticos y consignación presupuestaria. Merecería la pena conocer las razones que justifican determinadas actuaciones municipales y evaluar sus consecuencias sobre las personas que carecen de alternativas residenciales. Resulta especialmente preocupante que pueda considerarse un éxito de gestión la desaparición de personas sin hogar de determinados espacios públicos sin conocer siquiera qué ha sucedido con ellas después. El desplazamiento de la pobreza hacia lugares menos visibles puede satisfacer determinadas expectativas ciudadanas, pero difícilmente merece ser presentado como un avance social.
El 44,4 % de las personas entrevistadas ha sentido que se le denegaba el acceso a espacios públicos por su situación de sinhogarismo. Deberíamos detenernos en el significado político de esa experiencia. La pertenencia a una ciudad, el derecho a permanecer en ella y la posibilidad de utilizar sus espacios comunes forman parte de nuestra concepción de la convivencia democrática. Las administraciones municipales tienen la responsabilidad de garantizar que sus decisiones no establezcan categorías de ciudadanos en función de sus circunstancias residenciales. Revisar las ordenanzas, eliminar los elementos de arquitectura hostil y evaluar el impacto de las intervenciones urbanísticas sobre las personas sin hogar deberían constituir compromisos políticos concretos, susceptibles de seguimiento y fiscalización.
Particularmente grave resulta que la discriminación alcance a instituciones cuya razón de ser consiste precisamente en garantizar derechos. El 30 % de las personas participantes manifiesta haber experimentado situaciones discriminatorias en instituciones o servicios públicos destinados a proporcionar protección. El informe identifica experiencias vinculadas a las fuerzas de seguridad, la sanidad, los recursos especializados para personas sin hogar y la Seguridad Social. La responsabilidad institucional adquiere aquí una dimensión especialmente delicada, puesto que hablamos de servicios a los que las personas acuden desde circunstancias de vulnerabilidad y en los que depositan la expectativa legítima de encontrar una respuesta.
La calidad democrática de una institución pública también debe examinarse desde la experiencia de quienes encuentran mayores dificultades para relacionarse con ella. Las administraciones necesitan conocer qué sucede cuando una persona en situación de sinhogarismo solicita atención, cómo se interpreta su palabra, qué obstáculos encuentra y qué posibilidades tiene de reclamar frente a un trato discriminatorio. La formación de los profesionales, los mecanismos de supervisión y los procedimientos de evaluación institucional deben incorporar expresamente la lucha contra la aporofobia.
El alcance de la desconfianza resulta difícilmente asumible. El 60,9 % no solicitó ayuda después de sufrir una agresión o una situación de discriminación. Entre quienes renunciaron a buscarla, el 60 % consideraba que hacerlo resultaría inútil o que su testimonio no sería creído. Existe una gravedad política singular en el hecho de que una persona haya llegado a la conclusión de que recurrir a quienes tienen la responsabilidad de protegerla carece de sentido. Su renuncia termina privando, además, a las propias instituciones de una parte del conocimiento necesario para intervenir sobre la realidad.
Según recoge HATEnto, los registros oficiales contabilizaron 17 hechos de odio por aporofobia en 2022 y 29 en 2025. La investigación obliga a interpretar estas cifras teniendo presente la dimensión de la infradenuncia. Sería insuficiente evaluar las políticas contra la aporofobia atendiendo únicamente a los hechos registrados. También deben examinarse las dificultades que impiden denunciar, la confianza que inspiran los procedimientos existentes y la protección que reciben quienes deciden utilizarlos. Corresponde a los poderes públicos crear las condiciones que permitan aflorar esa violencia todavía desconocida.
La incorporación expresa de la aporofobia al artículo 22.4 del Código Penal en 2021 y la aprobación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, representan avances jurídicos relevantes. Tras el reconocimiento legislativo llega una tarea política más exigente, menos visible y probablemente menos rentable en términos de comunicación institucional: garantizar su cumplimiento. Los derechos reconocidos necesitan procedimientos accesibles, recursos suficientes y profesionales capacitados para hacerlos efectivos. De otro modo, corremos el riesgo de celebrar los avances normativos mientras permanece prácticamente intacta la experiencia cotidiana de quienes deberían beneficiarse de ellos.
La investigación exige, asimismo, una atención específica a las mujeres. Entre las entrevistadas que habían sufrido algún hecho victimizante, el 27,3 % había padecido una agresión sexual y el 32,2 % había buscado relaciones no elegidas por razones de seguridad. Este último dato encierra una vulneración particularmente dolorosa de la libertad personal. Cuando una mujer encuentra en una relación que no ha elegido una posibilidad de protegerse frente a la violencia, la intervención pública debe comprender las circunstancias que están condicionando sus decisiones. Las políticas de vivienda y protección social deben incorporar estas experiencias y reconocer la singular exposición de las mujeres a determinadas formas de violencia durante el sinhogarismo.
Llegados a este punto, resulta imprescindible recuperar el artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Su contenido debería adquirir un peso determinante en las políticas dirigidas a erradicar el sinhogarismo. Disponer de una vivienda proporciona unas condiciones elementales de seguridad, intimidad y estabilidad desde las que afrontar las consecuencias de la violencia y recuperar la confianza. Las conclusiones del informe refuerzan la necesidad de situar el acceso a la vivienda entre las prioridades de la intervención pública.
España ha establecido el horizonte de 2030 para la erradicación del sinhogarismo. La proximidad de esa fecha exige compromisos verificables, recursos presupuestarios suficientes y mecanismos públicos de rendición de cuentas. El Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben responder por el ejercicio de sus respectivas competencias. La lucha contra la aporofobia debe incorporarse expresamente a la evaluación de las políticas contra el sinhogarismo. Ignorar su capacidad para perpetuar la exclusión comprometería los propios objetivos de la estrategia nacional.
Pero sería demasiado complaciente concluir este examen circunscribiendo las responsabilidades a los poderes públicos. El 59,3 % de las agresiones documentadas se produjo en presencia de testigos y el 60,8 % de los testigos presentes no intervino. Debemos preguntarnos por el proceso de deterioro de la sensibilidad social que permite presenciar determinadas agresiones sin considerar necesario ofrecer ayuda, buscar protección o denunciar lo sucedido. La normalización de la violencia contra las personas pobres constituye uno de los aspectos más perturbadores de nuestra convivencia.
También las comunidades cristianas tenemos que dejarnos interpelar por estas conclusiones. La opción preferencial por los pobres y la dimensión política e institucional de la caridad nos comprometen en la defensa efectiva de sus derechos, en la denuncia de las prácticas discriminatorias y en la exigencia pública de responsabilidades. Nuestra contribución a la erradicación del sinhogarismo debe alcanzar los espacios donde se adoptan las decisiones que condicionan la existencia de las personas a las que acompañamos.
HATEnto ha concedido protagonismo a la palabra de quienes conocen la aporofobia desde su propia experiencia. Quizá la primera consecuencia política del informe debería consistir en garantizar que esa palabra tenga continuidad en los espacios de decisión pública. Las personas en situación de sinhogarismo deben participar en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de las políticas que les afectan. Conocen aspectos de nuestra sociedad que difícilmente alcanzamos a comprender desde la seguridad de nuestras propias circunstancias.
Cuando en 2030 se presenten los resultados de la estrategia nacional contra el sinhogarismo, alguien debería recuperar el testimonio de Toni y preguntar dónde duerme. Su respuesta ofrecería una medida extraordinariamente concreta del alcance de nuestros compromisos, de la eficacia de nuestras instituciones y de la justicia de nuestra convivencia.
Hasta entonces, cada presupuesto aprobado, cada ordenanza municipal, cada decisión institucional y cada comportamiento ciudadano contribuyen a determinar sus posibilidades de vivir con seguridad. Conviene que seamos conscientes de esa responsabilidad. También cuando cerramos la puerta de nuestra casa y dejamos al otro lado, a la intemperie, una realidad social por la que tendremos que responder.
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Impulsando el Evangelio.
Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales



