La vivienda se dispara como principal problema del país y el 82% reclama priorizarla como derecho
El barómetro de octubre del CIS refleja un aumento de 18,2 puntos en la preocupación por la vivienda tras las movilizaciones y el caso Maricarmen. Una mayoría respalda la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios y apoya medidas de intervención pública, aunque la valoración general de los decretos del Gobierno divide a la ciudadanía
La vivienda se ha convertido en el principal problema de España y también en la preocupación que más afecta personalmente a la ciudadanía. El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este miércoles, revela que el 55,7% de las personas entrevistadas señala la vivienda entre los tres principales problemas del país, un incremento de 18,2 puntos respecto a septiembre. Además, el 82,3% considera que las políticas públicas deben priorizar la vivienda como derecho constitucional, frente al 11,5% que defiende su consideración como bien de mercado.
Los resultados se conocen en plena movilización social por el derecho a la vivienda y cuando las organizaciones sindicales, el movimiento inquilino y distintos colectivos sociales preparan la huelga general del próximo 11 de noviembre. El organismo público realizó las 5.025 entrevistas entre el 1 y el 6 de octubre, coincidiendo con las movilizaciones contra los desahucios, la aprobación y el rechazo parlamentario de los decretos del Gobierno y las manifestaciones del 3 de octubre en más de medio centenar de ciudades.
La evolución resulta especialmente significativa. En junio, el 41,5% de las personas encuestadas situaba la vivienda entre los principales problemas del país. En julio, la proporción ascendía al 43% y en septiembre había descendido al 37,5%. Ahora alcanza el 55,7%, su nivel más elevado.
La distancia respecto a las siguientes preocupaciones también es considerable. La migración aparece con el 20,9% de menciones, seguida de los problemas económicos (20,3%), la calidad del empleo (19,4%) y las referencias al Gobierno, los partidos o determinados responsables políticos (15,1%).
Además, el 29,9% menciona espontáneamente la vivienda como el primer problema de España, sin necesidad de que el entrevistador le sugiera esta respuesta.
El incremento coincide con la creciente presencia de la crisis habitacional en la agenda pública. Aunque una encuesta no permite atribuir directamente el aumento de la preocupación a las protestas, los resultados muestran que la cuestión de la vivienda ha adquirido una centralidad social extraordinaria durante las últimas semanas.
Maricarmen, de un desahucio a una cuestión nacional
El estudio dedica sus primeras preguntas al caso de Maricarmen, cuya expulsión de su vivienda desencadenó una oleada de solidaridad y movilizaciones contra los desahucios.
El alcance público del caso es prácticamente generalizado: el 54,1% de las personas entrevistadas aseguran conocerlo con bastante detalle, otro 34,8% tienen información general y un 9,1% afirman que le resulta familiar, aunque sabe poco. Solo el 1,5% declaran desconocerlo. Entre quienes conocen lo ocurrido, el 75,1% considera que el caso tiene mucha o bastante importancia.
Sin embargo, el resultado más significativo aparece cuando el centro demoscópico pregunta qué debería prevalecer en situaciones semejantes: “el cumplimiento de la ley y los contratos” o “la protección de personas vulnerables”.
El 57,1% prioriza la protección de las personas vulnerables, frente al 32,7% que considera más importante el cumplimiento de la ley y los contratos. Otro 7,1% señala espontáneamente que ambos aspectos deben tener la misma importancia.
La respuesta sitúa el debate más allá de la aplicación estricta de las obligaciones contractuales. Una mayoría de las personas consultadas considera que la vulnerabilidad social debe tener un peso prioritario cuando está en juego la pérdida de la vivienda.
Esta percepción coincide con el cuestionamiento social de los desahucios de personas mayores, familias con menores y hogares sin alternativa habitacional que ha acompañado las movilizaciones de las últimas semanas.
Amplio respaldo a las medidas de vivienda, pese a la división sobre los decretos
El barómetro también pregunta por los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre. El 80,4% de los entrevistados conoce su aprobación, aunque su valoración general está dividida: el 47,2% los considera muy o bastante positivos, mientras el 42,3% los juzga bastante o muy negativos.
La situación cambia cuando se examinan las medidas por separado. Todas las propuestas planteadas por el CIS, salvo una, reciben el apoyo de una mayoría.
El 64,9% respalda prohibir los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, mientras el 58,6% está a favor de prorrogar automáticamente hasta dos años los contratos de alquiler que finalicen antes de diciembre de 2028.
También obtiene un respaldo mayoritario el endurecimiento de las condiciones de los alquileres de temporada y por habitaciones (64%), así como la prohibición temporal de compra de viviendas por determinados fondos buitre o grandes inversores especulativos (67,1%).
Las medidas fiscales reúnen apoyos especialmente elevados. El 81,4% está a favor de las rebajas de impuestos para personas propietarias que reduzcan o congelen los alquileres y el mismo porcentaje apoya las desgravaciones para personas inquilinas. El impuesto generalizado del 10% a los pisos turísticos obtiene un 75,1% de respuestas favorables.
Las iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a la propiedad y promover vivienda protegida reciben todavía más respaldo: el 87,9% apoya una línea de crédito del ICO de 50.000 euros sin intereses ni comisiones para la primera vivienda y el 95,1% respalda reducir al 4% el IVA de la construcción de vivienda protegida.
La excepción aparece en la propuesta de establecer alquileres indefinidos mediante prórrogas automáticas, rechazada por el 52,1% y respaldada por el 43%.
Estos resultados dibujan una ciudadanía favorable a combinar distintas respuestas públicas ante la crisis habitacional: protección frente a los desahucios, intervención sobre prácticas especulativas, incentivos fiscales y promoción de vivienda protegida.
El CIS también detecta una demanda de mayor responsabilidad del Estado. Aunque el 40,7% considera que actualmente las comunidades autónomas concentran las principales competencias en vivienda, el 48,1% cree que debería ser la Administración central quien asumiera mayores competencias para mejorar el acceso. Un 23,9% se inclina por las autonomías y un 21,8% por los ayuntamientos.
La preocupación por la vivienda llega a la vida cotidiana
La dimensión social de la crisis se confirma al preguntar por los problemas que afectan personalmente a la población.
La vivienda vuelve a ocupar el primer lugar, con un 33,8% de menciones, por delante de los problemas económicos (30,3%), la sanidad (24%) y la calidad del empleo (18,8%).
La comparación con las preocupaciones generales permite identificar una diferencia importante. Mientras la discusión política e institucional tiene una presencia notable cuando se pregunta por los problemas de España, pierde protagonismo cuando las personas entrevistadas se refieren a su propia vida.
Así, las menciones al Gobierno, los partidos o responsables políticos concretos pasan del 15,1% como problema general al 4,8% como problema personal.
En cambio, vivienda, economía, sanidad y condiciones de empleo concentran buena parte de las preocupaciones cotidianas. Se trata de cuestiones directamente relacionadas con la seguridad material, la protección social y las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Esta realidad convive con una valoración relativamente favorable de la economía doméstica. El 68,4% considera buena o muy buena su situación económica personal, frente al 22,9% que la califica de mala o muy mala.
La percepción cambia al evaluar la economía española: el 57,8% cree que la situación general es mala o muy mala, mientras el 36,2% la considera buena o muy buena.
La diferencia muestra que la preocupación por la vivienda no depende exclusivamente de una percepción negativa de la economía personal. El acceso a un hogar y la estabilidad en la vivienda se han convertido en problemas con entidad propia, incluso en un contexto en el que la mayoría de los encuestados valora positivamente su situación económica.
El barómetro de octubre refuerza, además, los resultados de otro estudio reciente del CIS sobre las actitudes hacia el Estado de bienestar. Aquella investigación, publicada a comienzos de mes, revelaba que apenas el 11,9% consideraba garantizado para todas las personas el acceso a una vivienda digna y adecuada. El 68,4% entendía que ese derecho solo estaba garantizado para algunas personas y el 18,2% afirmaba que no estaba garantizado para nadie.
La lectura conjunta de ambos estudios muestra una distancia considerable entre el reconocimiento del derecho y su cumplimiento efectivo: ocho de cada diez personas consideran que debe prevalecer el derecho constitucional a la vivienda, pero una proporción igualmente amplia no cree que esté garantizado para toda la población.
Es en esa distancia donde se sitúan las movilizaciones de las últimas semanas y la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. El nuevo barómetro no mide el respaldo a esa huelga, pero sí confirma la amplitud de la preocupación social que constituye su principal contexto reivindicativo.
La investigación del organismo público sitúa la vivienda en el centro de las preocupaciones generales y personales y muestran una demanda mayoritaria de respuestas públicas que hagan efectivo un derecho constitucional todavía insuficientemente garantizado.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
