Díaz emplaza a los expertos a presentar en noviembre su propuesta para la subida del SMI de 2027
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado de plazo hasta finales de octubre o principios de noviembre a la comisión de expertos que asesora al Ejecutivo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que presente su propuesta de incremento para 2027.
Tras reunirse con la comisión, Díaz señaló que el informe deberá servir de base para la posterior convocatoria de la mesa de diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales, con el objetivo de fijar la cuantía definitiva del salario mínimo para el próximo ejercicio.
La ministra evitó pronunciarse sobre si la subida podrá aprobarse antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, aunque insistió en que las empresas deberían conocer la nueva cuantía antes del 1 de enero de 2027.
“La vida de los trabajadores y las empresas no se detiene por un proceso electoral”, afirmó la titular de Trabaj quien expresó su deseo de que los agentes sociales, consultados durante el proceso sin que sea necesaria su aprobación, respalden la decisión final.
Durante su comparecencia, Díaz pidió a los expertos que tengan en cuenta la evolución de la inflación, actualmente situada en el 4,9%, así como el comportamiento de los beneficios empresariales, la productividad y el crecimiento económico.
Según explicó, los beneficios de las empresas aumentan por encima del 20% y los márgenes sobre ventas superan el 8%. “Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo”, afirmó la ministra, que defendió un mejor reparto de la riqueza ante unos márgenes empresariales que calificó de “históricos”.
Al igual que en ejercicios anteriores, el Gobierno ha encargado a la comisión que la propuesta garantice que el salario mínimo alcance al menos el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea, y que mantenga su poder adquisitivo frente al incremento de los precios.
Además, este año se ha solicitado un análisis específico sobre el impacto del salario mínimo en los hogares con menores rentas, especialmente afectados por el encarecimiento de la alimentación, la vivienda, el transporte y la energía.
La relatora de la comisión y catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto, avanzó que el informe tendrá en cuenta la evolución de los salarios, la inflación y otras variables macroeconómicas para formular la recomendación sobre el incremento del salario mínimo interprofesional.
Sin apoyo patronal desde 2020
El SMI vigente se sitúa en 1.221 euros mensuales en catorce pagas tras la subida del 3,1% aprobada por el Gobierno para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El incremento fue pactado con los sindicatos CCOO y UGT, sin el respaldo de las organizaciones empresariales.
La última ocasión en que CEOE y Cepyme apoyaron un acuerdo sobre el salario mínimo fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales. Desde entonces, las sucesivas revalorizaciones se han acordado exclusivamente con las centrales sindicales.
Los sindicatos reclaman actualizar el salario mínimo ante una inflación del 4,9%, pero todavía no han fijado públicamente una nueva cifra conjunta para 2027. CCOO mantiene su referencia de una subida superior al 5%, mientras UGT ha reclamado abrir de inmediato la negociación y espera a completar la evolución de los precios para concretar su demanda.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya ha criticado la intención del Gobierno de abordar una nueva subida del salario de referencia para las retribuciones más bajas para 2027 y ha considerado que la medida tiene un claro “tinte electoral”, al recordar que la última actualización se aprobó el pasado febrero.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el dirigente empresarial cuestionó que se plantee un nuevo incremento salarial en el mismo ejercicio en que ya entró en vigor la subida del 3,1% que situó el SMI en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.
Frente a los argumentos del Ministerio de Trabajo, la patronal sostiene que el debate debería centrarse en la situación de las pequeñas empresas, el incremento de los costes laborales y la productividad. Garamendi denunció que durante los últimos años las empresas han soportado un aumento de las cotizaciones sociales y reclamó que se tenga más en cuenta la realidad de pymes y autónomos. “Pensemos en una panadería, pensemos en una tienda, pensemos en un bar, que son la mayoría de las empresas”, pidió.
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