El Gobierno aprueba un paquete de 309 millones para Ceuta, que celebra su día con manifestaciones por todo el país

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas por valor de 309 millones de euros para afrontar la crisis que atraviesa Ceuta, en un contexto marcado por la preocupación social y el aumento de la confrontación política coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que el plan constituye una “respuesta de choque” destinada a reforzar la actividad económica, la atención humanitaria, la seguridad y los servicios públicos.
Según explicó tras la reunión del Consejo de Ministros, la cuantía movilizada equivale aproximadamente al 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta, lo que, a juicio del Ejecutivo, refleja el carácter extraordinario del esfuerzo realizado por la Administración central.
Ayudas económicas, atención humanitaria y refuerzo de servicios
La principal medida económica contempla 80 millones de euros en ayudas directas para empresas, autónomos y trabajadores afectados por las consecuencias de la crisis. El Gobierno sostiene que esta cantidad supera las pérdidas estimadas por la Cámara de Comercio de Ceuta derivadas del descenso de la actividad comercial y turística.
El decreto incorpora además 118 millones de euros destinados a la acogida humanitaria. De esta partida, 63,6 millones se dedicarán a la atención de menores no acompañados y 53,4 millones al alojamiento y cobertura de necesidades básicas de las personas migrantes.
Asimismo, se prevén 90 millones de euros para reforzar los dispositivos de seguridad y otros 21 millones para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como sanidad, educación, justicia y abastecimiento de agua.
Las ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la Agencia Tributaria y el Ejecutivo prevé que comiencen a abonarse durante el mes de octubre.
Arrecian las críticas desde Ceuta
Pese al anuncio de las nuevas medidas, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, continúa reclamando una mayor implicación del Estado, no así de las Comunidades Autónomas en manos de su propio partido que se niegan por ejemplo a atender a la personas menores no acompañadas, ante una situación que ha definido como “uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Ceuta”.
Entre tanto las movilizaciones de la población residente continúan. La mayoría de las concentraciones se han desarrollado de forma pacífica y reflejan el malestar existente entre parte de la población por el impacto social, económico y humanitario de la crisis, aunque algunas han dado pie al hostigamiento de personas migrantes, informadores y personal humanitario.
Concentraciones convocadas por la FEMP
Más de 260 ayuntamientos de toda España secundarán este miércoles 2 de septiembre las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el lema Por Ceuta.
La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, del PP, ha animado a las corporaciones locales a sumarse a la iniciativa como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma ante la situación que afronta.
Sin embargo, la convocatoria ha generado división política. El PSOE se ha desmarcado de la iniciativa al considerar que tiene un componente partidista. Izquierda Unida y diversas formaciones nacionalistas han expresado posiciones similares y sostienen que la movilización contribuye a incrementar la confrontación política sobre la gestión de la crisis.
Está previsto que las concentraciones se celebren en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León, además de la Comunidad de Madrid, donde el ayuntamiento de la capital ha tratado de presentar una formalidad jurídica en un nuevo choque con la Delegación del Gobierno.
Convocatorias alternativas y debate sobre la política migratoria
Paralelamente, colectivos sociales, organizaciones sindicales y formaciones políticas han convocado actos alternativos para denunciar actitudes racistas y expresar su solidaridad tanto con las personas migrantes como con la población de Ceuta.
La crisis ha reabierto el debate sobre la política migratoria española y europea, la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la capacidad de respuesta de las administraciones ante movimientos migratorios de gran magnitud utilizados como munición en los llamados enfrentamientos “híbridos” entre Estados que comparten frontera.
La llegada masiva de personas migrantes y la permanencia de miles de ellas en el territorio ceutí han incrementado la presión sobre los recursos locales y alimentado la preocupación de parte de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar una respuesta basada en el respeto a la dignidad humana y en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas implicadas.
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