Movilización y críticas ante la negativa a prorrogar y topar los alquileres
El movimiento inquilino ha respondido al fin de las prórrogas del alquiler llamando a preparar una huelga general por la vivienda, mientras Oxfam Intermón alerta de que el sobreesfuerzo para pagar la renta podría dispararse del 35% al 62% de los hogares arrendatarios.
El Sindicato de Inquilinos llama a una huelga general por la vivienda tras la votación que ha tumbado las prórrogas del alquiler ha puesto a disposición de la ciudadanía nuevos modelos de respuesta dirigidos a inmobiliarias y propietarios que cuestionen la validez de las moratorias.
El colectivo recuerda además que, en zonas declaradas tensionadas —como gran parte de Cataluña—, siguen vigentes las prórrogas de tres años previstas en el artículo 10.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una herramienta independiente del decreto rechazado.
Ante el riesgo de nuevos intentos de desahucio, el movimiento inqulino insta a las personas afectadas, hayan podido acogerse o no a la prórroga, a acudir a las asambleas presenciales que organiza semanalmente en distintos municipios.
La organización sostiene que la acción colectiva y la desobediencia civil han permitido frenar miles de expulsiones en los últimos años.
Tras la votación, el sindicato ha acusado a varios grupos parlamentarios de alinearse con los intereses del “rentismo” y ha denunciado que, pese a recibir más de 145.000 cartas en las últimas horas, sus diputados “han hecho oídos sordos” a las demandas de los inquilinos.
La organización considera que la presión social no ha sido suficiente y plantea dar un paso más. Por ello, ha llamado a las entidades sociales y sindicales a trabajar conjuntamente para hacer posible una huelga general por la vivienda y por condiciones de vida dignas.
“No queremos seguir viviendo así: vivir nos cuesta la vida”, ha afirmado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès Jové, Aragonès.
Hace apenas una semana se presentó en Cataluña la Plataforma por un trabajo y una casa dignos, que agrupa a sindicatos laborales y de vivienda y que aspira a sumar nuevas adhesiones.
En las próximas semanas, esta plataforma anunciará los siguientes pasos en el camino hacia la convocatoria de una huelga general.
Aumentará el sobreesfuerzo de las familias
También Oxfam Intermón ha reaccionado ante la falta de acción pública para frenar la crisis de la vivienda. Según sus proyecciones, el porcentaje de población arrendataria en situación de sobreesfuerzo —más del 30% de los ingresos destinados a vivienda— podría pasar del 35% al 62%.
El impacto sería especialmente severo entre los hogares con menores ingresos: entre quienes perciben en torno a 15.000 euros anuales, el sobreesfuerzo podría dispararse del 67% al 92%.
La organización subraya que el encarecimiento del alquiler afecta ya a capas sociales más amplias: incluso entre quienes ingresan más de 58.000 euros anuales, el porcentaje de arrendatarios en riesgo de sobreesfuerzo podría pasar del 12% al 43%.
“En el Congreso no solo se decidía sobre contratos. Nuestros representantes políticos estaban votando sobre la estabilidad de millones de vidas”, señaló Alejandro García-Gil, responsable de Políticas de Vivienda de Oxfam Intermón.
A su juicio, la prórroga no era una solución definitiva, pero sí “un dique urgente” para evitar que miles de familias se vean obligadas a abandonar su hogar.
En los próximos dos años vencerán más de 1,2 millones de contratos firmados antes de la escalada de precios, en un mercado donde el alquiler ha aumentado un 52% desde abril de 2021, frente al 23% de crecimiento de los ingresos de los inquilinos.
Sin el límite del 2% en las revisiones, un alquiler de 800 euros podría superar los 1.200 euros, lo que, según la organización, se traduce en mudanzas forzosas, pérdida de redes comunitarias y ruptura de proyectos vitales.
Oxfam alerta del aumento de los llamados “desahucios invisibles”: una de cada tres personas inquilinas tuvo que dejar su vivienda el último año por no poder asumir la renta.
La entidad considera que lo ocurrido en el Congreso marca “un mal precedente” en un momento clave para desplegar soluciones estructurales como el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Reclama coordinación institucional y acuerdos amplios para garantizar un acceso a la vivienda asequible, digno y estable.
“Garantizar el derecho a la vivienda es una decisión sobre el modelo de sociedad que queremos. Una sociedad donde quedarse no sea un privilegio, sino una garantía”, concluye García‑Gil.
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