Respuestas públicas ante la soledad no deseada
El Gobierno ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) para aunar, reforzar y coordinar los esfuerzos de las administraciones y la sociedad civil contra la soledad no deseada.
No se trata tanto de un catálogo de actuaciones y medidas, como de impulsar la preocupación pública por el aislamiento involuntario que fomentan los actuales ritmos de vida. Hata ahora, habían sido las administraciones locales y autonómicas las que se habían ocupado de la atención pública hacia este fenómeno creciente de las sociedades modernas.
La novedad reside en que la Administración General quiere liderar la respuesta, unificar soluciones y mejor la coordinación, para evitar la fragmentación, dispersión y desigualdades territoriales.
La estrategia estatal quiere integrar la perspectiva de la soledad en las políticas nacionales, autonómicas y locales, para lo cual se han creado cauces estables de consulta y participación ciudadana, además de crear un sistema estatal de indicadores y seguimiento y proponer criterios comunes para detección temprana desde los dispositivos sanitarios, educativos y de atención social.
El marco aprobado concibe la soledad involuntaria como una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo.
La soledad no deseada no es una cuestión meramente personal, sino que se ha convertido en un problema social de primer orden con consecuencias negativas para la salud, la dinámica social y la economía.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que una de cada seis personas en el mundo está afectada por la soledad, al tiempo que estima que está relacionada con más de 871.000 muertes al año. En positivo, la entidad afirma que unas relaciones sociales fuertes pueden mejorar la salud y alargar la vida.
En España, un estudio del Observatorio Soledades, impulsado por la Fundación ONCE, ha revelado que una de cada cinco personas se siente sola. Dos tercios de ellas –el 13,5% de la población–, además, desde hace más de dos años. La mayor incidencia se registra entre los jóvenes y entre las personas mayores.
La vulnerabilidad económica actúa como uno de los desencadenantes más decisivos de la generación de soledad. Casi la mitad de las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad, el 47,4%, han sentido soledad no deseada. La falta de recursos lastra la participación en actividades sociales, la movilidad y degrada los vínculos sociales.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de una Mesa interinstitucional de soledades, que se reunirá anualmente, presidida por la secretaría de Estado de Derechos Sociales y en el que habrá representantes de doce ministerios y diez miembros de la sociedad civil, entre otros integrantes.
La estrategia comprende cuatro grandes ejes de actuación: transversalidad de las soledades en las políticas públicas; desarrollo comunitario; detección y apoyos de proximidad; y sensibilización e innovación.
Las propuestas alcanzan el urbanismo social, capaz de crear espacios públicos inclusivos, seguros y accesibles, mediante, por ejemplo, la adecuación de plazas, centros cívicos o parques para facilitar el encuentro intergeneracional o la creación de rutas peatonales accesibles
El Marco Estratégico también prevé la creación de estructuras estables de participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas contra la soledad. Otro ámbito relevante es el impulso a modelos de vivienda colaborativa, como el cohousing, integrándolos en los planes estatales de vivienda, autonomía personal y cuidados.
El plan también apuesta por convertir centros de día y residencias en recursos multiservicio abiertos al territorio. La idea es que estos equipamientos, tradicionalmente cerrados sobre sí mismos, se transformen en dispositivos flexibles, como pueden ser los comedores comunitarios para mayores de la zona, los servicios de comida preparada con reparto a domicilio o la programación cultural o de ocio abierta al vecindario.
Igualmente, plantea políticas que garanticen el acceso a la oferta cultural, social y cívica a personas con necesidades de apoyo. Esto incluye asegurar que quienes requieran acudir con un intérprete, un asistente personal o un cuidador puedan hacerlo sin barreras económicas u organizativas.
Entre los ejemplos mencionados figura el uso de taxis sociales o solidarios, ya implantados en algunos municipios rurales, que permiten a personas con movilidad reducida desplazarse hasta un teatro, un cine o un centro cultural.
La soledad no se concibe
como un problema individual, sino
como un fenómeno social que requiere
comunidad, accesibilidad, participación
y servicios públicos cercanos
Asimismo, el Marco prevé el desarrollo de recursos accesibles de apoyo y escucha –telefónicos, digitales y presenciales– como complemento al acompañamiento directo. En algunos territorios ya existen líneas de apoyo emocional o servicios de teleasistencia con funciones conversacionales, pero la estrategia señala que es necesario extenderlos y homogeneizarlos en todo el país.
La estrategia también insta a los ayuntamientos a consolidar nuevas figuras locales de apoyo y conexión comunitaria: dinamizadores, conectores sociales o referentes de barrio que trabajen en coordinación con los servicios municipales. Su función será detectar situaciones de aislamiento, activar redes de proximidad y acompañar a las personas en su vida cotidiana. Estas figuras se podrán complementar con voluntariado formado, aunque la base del modelo será profesionalizada.
La puesta en marcha de todas estas medidas señala un cambio de enfoque profundo: la soledad no se concibe como un problema individual, sino como un fenómeno social que requiere comunidad, accesibilidad, participación y servicios públicos cercanos. El Marco Estatal busca que ninguna persona –sin importar su edad, condición económica o lugar donde viva– quede fuera de los espacios de vida compartida.
Para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la soledad no deseada emerge también como «una cuestión democrática», que exige un abordaje estructural, comunitario y centrado en las personas. •
Redactor jefe de Noticias Obreras
