La sanidad pública sigue sin llegar a todas las personas residentes en nuestro país

La sanidad pública sigue sin llegar a todas las personas residentes en nuestro país
FOTO | Médicos del Mundo
Solo en 2025, más de 34.000 trabas administrativos y legales dificultaron o impidieron la atención sanitaria a 12.768 personas en situación de vulnerabilidad, según ha denunciado Médicos del Mundo en su IV Informe sobre Barreras al Sistema Nacional de Salud.

En el Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril, esta organización humanitaria denunció que el Sistema Nacional de Salud sigue sin ser universal. En su investigación documenta  45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 de salud mental grave, 26 de enfermedades respiratorias, 47 de enfermedades degenerativas y 29 interrupciones voluntarias del embarazo que no fueron atendidas o lo fueron con retrasos,

El pasado 10 de marzo, el Gobierno aprobó un Real Decreto destinado a restaurar la universalidad del acceso sanitario, revirtiendo los efectos del Real Decreto 16/2012, que dejó fuera del sistema a personas migrantes en situación administrativa irregular y a españoles residentes en el extranjero sin cobertura.

Es verdad que la nueva norma reincorpora a la mayoría de colectivos excluidos, pero las personas ascendientes reagrupadas —madres y padres mayores de 65 años traídos por sus hijos e hijas continúan sin cobertura, a la espera de una ley que permanece bloqueada en el Congreso.

El padrón, principal barrera discriminatoria

El informe vuelve a señalar un patrón que se repite año tras año: las barreras burocráticas son el principal obstáculo para acceder al sistema sanitario. La ONG las define como requisitos administrativos que afectan únicamente a determinados colectivos y generan un trato desigual.

En 2025, estas barreras provocaron 12.826 casos de discriminación, y más de la mitad se debieron a un mismo requisito: la obligación de presentar un padrón con al menos tres meses de antigüedad. Para personas en situación de vulnerabilidad residencial o administrativa, cumplir este requisito es, sencillamente, imposible.

Médicos del Mundo valora positivamente el nuevo Real Decreto, pero advierte de que su eficacia dependerá de cómo lo implementen las comunidades autónomas. Su presidente, Pepe Fernández, subraya que la aplicación debe ser “diligente, objetiva y sin interpretaciones restrictivas”.

La organización insiste en que los datos del informe no reflejan un empeoramiento, sino la persistencia de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década.

Para garantizar que nadie quede fuera del sistema, la ONG reclama que el Congreso apruebe cuanto antes la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, actualmente encallada en la cámara baja.

La norma recuperaría la redacción original del artículo 3 de la Ley 16/2003 y reconocería el derecho a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España, con independencia de su situación administrativa.

Además de la reforma legal, es imprescindible invertir y mejorar la gestión del sistema sanitario para que la universalidad sea real y efectiva, defiende la portavoz de Médicos del Mundo.

Madrid impone sus propios requisitos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante décadas defiende la entrada del interés privado en la gestión sanitaria, ha denegado la atención sanitaria a 1.965 personas, imponiendo 5.412 impedimentos, según el II Informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas en la Comunidad de Madrid, presentado por la delegación madrileña de la red Europea contra la Pobreza EAPN.

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EAPN Madrid valora positivamente el Real Decreto 180/2026, que regula el derecho a la atención sanitaria de personas extranjeras sin residencia legal. Sin embargo, advierte que no eliminará de inmediato todas las barreras, ni resuelve la exclusión de colectivos como las personas ascendientes reagrupadas.

Además, denuncian que la Comunidad de Madrid sigue exigiendo tres meses de antigüedad en el territorio, pese a que el preámbulo del decreto no contempla tal requisito.

Expertos sanitarias recuerdan que el gasto es mayor en urgencias hospitalarias que si se atendiese en el centro de salud, con prevención y acompañamiento.

Daniel García Blanco, portavoz de la Mesa de Salud de Puente de Vallecas y del Grupo de Inequidades en Salud de SoMaMFyC, las políticas autonómicas han consolidado un modelo restrictivo. “Se puede afirmar una clara vocación excluyente por parte de las instituciones de esta Comunidad Autónoma”, dice.

Recordó que los datos no avalan la existencia de “turismo sanitario”, pese a que esta idea ha servido para justificar medidas como las Unidades de Tramitación Únicas o la exigencia sistemática del empadronamiento.

La mitad de las trabas detectadas en Madrid tienen relación con las barreras documentales y discriminatorias, especialmente por la falta de empadronamiento, requisito imprescindible para tramitar la tarjeta sanitaria o el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE). A ellas se suman barreras informativas, económicas y culturales, que dificultan el acceso incluso a quienes tienen derecho reconocido. Dos tercios de las personas afectadas son mujeres, y casi el 70% carecía del DASE.

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