El retraso en la regularización extraordinaria sume en la preocupación a colectivos y personas migrantes
Miles de personas migrantes siguen esperando que arranque el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno el pasado 26 de enero. El compromiso político —fruto de un acuerdo entre PSOE y Podemos— preveía que el decreto se llevara a Consejo de Ministros y se publicara en el BOE a comienzos de mes.
Sin embargo, el retraso ha encendido las alarmas entre los colectivos de derechos humanos, que temen que la demora y los cambios introducidos en los borradores comprometan el alcance real de una medida largamente reivindicada.
La regularización llega tras seis años de lucha, desde aquella carta de abril de 2020 que reclamaba una respuesta extraordinaria en plena pandemia, pasando por la Iniciativa Legislativa Popular, que reunió más de 700.000 firmas pero quedó encallada en el Congreso.
El proceso actual es, para muchos, la primera oportunidad real de corregir una situación de irregularidad administrativa que afecta a cientos de miles de personas.
Cada día que pasa sin que el Real Decreto de la Regularización Extraordinaria se publique en el BOE, aumenta la incertidumbre entre miles de personas migrantes que esperan poder iniciar un procedimiento que les permita acceder a derechos básicos
Más de 800.000 personas dispondrían de apenas dos meses y medio para reunir documentación, resolver trámites y presentar solicitudes. Las organizaciones reclaman una prórroga y advierten de que quienes viven situaciones más precarias serán quienes más dificultades tengan para cumplir los tiempos.
Desde el Movimiento #RegularizaciónYa se advierte del retraso acumulado en la emisión del dictamen del Consejo de Estado, que tiene el texto sobre la mesa desde el 10 de marzo.
El movimiento denuncia que, mientras el Estado retrasa los pasos necesarios para activar el proceso, las personas migrantes continúan siendo el blanco de narrativas racistas que las responsabilizan de problemas que no han generado.
La falta de información oficial y la ausencia de un calendario claro alimentan la desinformación y abren la puerta a abusos, como cobros indebidos por trámites inexistentes o falsas promesas de “reservas” de solicitudes.
La organización insiste en que la regularización no es solo un trámite administrativo, sino una medida de justicia social que reconoce la contribución de miles de personas que sostienen sectores esenciales de la economía y la vida cotidiana. Igualmente reivindican el papel de las redes vecinales, escolares y comunitarias que han sostenido la lucha durante años.
Documentación inaccesibles y oficinas atascadas
Aunque los colectivos pro derechos humanos celebran que el empadronamiento no figure entre los requisitos, alertan de que otros documentos pueden ser igualmente inaccesibles.
En Madrid, por ejemplo, obtener certificados del abono transporte —clave para demostrar tiempo de residencia— solo es posible en una oficina concreta y con escasez de citas.
La brecha digital es otro obstáculo. Reclaman que exista una vía presencial paralela a la telemática y que se garantice acompañamiento con mediación, traducción e interpretación. También rechazan que se impongan tasas a personas en situación irregular.
La abogada Esjaba Messaoud, especializada en extranjería, reconoce los avances logrados por el movimiento Regularización Ya, pero advierte del riesgo de fraudes por parte de profesionales que ya están cobrando por supuestos “cupos” inexistentes. También teme que las tasas y la falta de formación del personal que tramitará los expedientes generen errores y denegaciones injustas.
Desde el sindicato CCOO, alertan de la falta de plantilla en Extranjería, Seguridad Social, Empleo e Interior. Recuerdan el precedente del ingreso mínimo vital, donde la externalización provocó retrasos y exclusiones.
Para activistas como Victoria Columba, la regularización es una conquista política en un contexto de recorte de derechos y criminalización de la migración. Recuerda que el proceso “no es un proceso cerrado sino en disputa” y que debe garantizar que nadie quede fuera.
La regularización extraordinaria es una oportunidad histórica para reparar una situación de injusticia estructural. Pero su éxito dependerá de que el Gobierno garantice plazos realistas, vías presenciales accesibles, ausencia de tasas excluyentes, participación de organizaciones migrantes, y recursos suficientes para la administración. De lo contrario, el proceso corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que pretende corregir.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
