Un real decreto blinda el poder adquisitivo de las pensiones en un contexto de incertidumbre internacional con subidas de hasta el 11,4%
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite desarrollar la revalorización de las pensiones públicas de la Seguridad Social para 2026, una medida ya convalidada por el Congreso de los Diputados y que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
La actualización garantiza, según el Ejecutivo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas pensionistas en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. “Pase lo que pase, nuestros pensionistas van a mantener el poder adquisitivo”, afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra subrayó que este mecanismo ya permitió proteger a los pensionistas durante la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania.
En términos generales, las pensiones contributivas y de clases pasivas se incrementan un 2,7% en 2026. Este aumento beneficia a 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones, así como a más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, esta subida supondrá un incremento aproximado de 570 euros anuales para una pensión media de jubilación, mientras que la media del sistema aumentará en torno a 500 euros al año.
Subidas más intensas en pensiones mínimas y prestaciones sociales
Las pensiones mínimas experimentan un incremento superior, del 7,07%, mientras que las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares se revalorizan un 11,4%. Este mismo porcentaje se aplica a las pensiones no contributivas y al ingreso mínimo vital (IMV), reforzando la protección de los colectivos más vulnerables.
En el caso del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), las pensiones se sitúan en 599,60 euros mensuales para las no concurrentes y en 582,10 euros para las concurrentes.
La pensión mínima de jubilación para personas mayores de 65 años en hogares unipersonales alcanza los 13.106,80 euros anuales, mientras que en los casos con cónyuge a cargo asciende a 17.592,40 euros.
Por su parte, las prestaciones por hijo a cargo con discapacidad también se actualizan. Las asignaciones por discapacidad igual o superior al 65% se sitúan en 5.962,80 euros anuales, y en 8.942,40 euros cuando el grado alcanza o supera el 75%.
El decreto fija además la pensión máxima en 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 euros anuales) y eleva la base máxima de cotización a 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que el año anterior.
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