Los sindicatos se plantan ante Seguridad Social ante sus reiterados incumplimientos
Los dos principales sindicatos del país han expresado su malestar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la mesa del diálogo social convocada para abordar la incapacidad temporal, por el incumplimiento de los compromisos pendientes en materia de jubilación anticipada.
Al término de la reunión, tanto UGT como CCOO habían advertido previamente de que no asumirían nuevos acuerdos mientras no se desbloquearan los temas ya pactados, un mensaje que, según denuncian, continúa sin ser atendido.
La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, acusó al departamento que dirige Elma Saiz de “faltar a su palabra” y de “hacer oídos sordos” a cuestiones esenciales como la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, la aplicación de coeficientes en las pensiones máximas tras un Expediente de Regulación de Empleo o la actualización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas o peligrosas.
Según Estévez, el Ministerio insiste en centrarse únicamente en los asuntos que “quiere”, como la rebaja de los costes de la IT.
“Lo que estamos teniendo es la percepción de que los acuerdos sirven para hacerse fotos y no para lo que realmente pensamos que deben servir: para cambiar la vida de las personas trabajadoras, para hacer una vida mejor, para proteger sus derechos, para proteger su salud”, afirmó la dirigente sindical.
Entre las críticas más reiteradas figura la ausencia de convocatoria para constituir la Comisión de Evaluación que debe recibir los expedientes e informes de los sectores que solicitan anticipar la edad de jubilación por la dureza o peligrosidad de sus actividades.
Tras la reunión, UGT elevó el tono y aseguró que no volverá a sentarse en la mesa de diálogo social “en tanto en cuanto” no sea para tratar los asuntos bloqueados, al considerar “absurdo” firmar nuevos compromisos sin garantías de cumplimiento.
“Sería absurdo volver a firmar un acuerdo cuando no tenemos las garantías de que se vaya a cumplir”, ha indicado Estévez.
Estévez calificó además el encuentro de este lunes de “infructuoso” y criticó que, una vez más, se convocara “sin orden del día”.
Por su parte, la CEOE instó al Ministerio a avanzar en aquellas medidas relacionadas con la incapacidad temporal que puedan aprobarse por vía reglamentaria, a la espera de posibles acuerdos más amplios sobre las bajas médicas.
Jubilación anticipada y penalizaciones
Los representantes de CCOO y UGT reclaman a la Seguridad Social el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas, especialmente de comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya tramitación permanece paralizada desde abril del año pasado debido a los cambios introducidos por la última reforma de pensiones.
Hasta entonces, el personal laboral era el único colectivo del sector público con acceso a esta modalidad de retiro. Sin embargo, las nuevas condiciones obligan a que el trabajador relevista cuente con un contrato indefinido, a jornada completa y con una duración mínima de dos años.
Aunque el INSS flexibilizó en septiembre este último requisito permitiendo sustituir al relevista si cesa antes del plazo, las Administraciones siguen sin poder cubrir estas plazas debido a la rigidez de los procesos de contratación pública, lo que mantiene miles de jubilaciones parciales bloqueadas.
Pese a que la Administración del Estado ha habilitado una tasa extraordinaria para contratar relevistas y regiones como Navarra han impulsado medidas de apoyo, los sindicatos advierten de que estos esfuerzos no están resolviendo el problema de manera general. “Hará falta una disposición con rango de ley que permita, aunque sea de forma transitoria, que los contratos de relevo no computen en las ofertas de empleo público”, señala uno de los negociadores.
También reclaman demanda sindical una aclaración de la interpretación de la disposición transitoria 34 del acuerdo de pensiones de 2021, que regula los coeficientes reductores de la jubilación anticipada forzosa para trabajadores con bases máximas de cotización afectados por despidos colectivos.
Hasta ahora, la penalización se calculaba sobre la pensión inicial, lo que reducía su impacto. Sin embargo, los sindicatos denuncian un cambio de criterio que elevaría el recorte y exigen garantías para quienes se ven obligados a retirarse anticipadamente por un ERE.
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