Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla lo pactado a pesar de las dudas sobre el registro de jornada
Las organizaciones sindicales reclaman al Gobierno que continúe con su acción legislativa para regular el registro de la jornada laboral, pese a que los órganos consultivos de la Administración General han vapuleado la propuesta.
CCOO y UGT, en un comunicado conjunto, instan al Gobierno a seguir adelante con la reforma del registro de jornada, “reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real”.
Bajo su punto de vista, “el Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social”.
Tampoco puede evadir su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable”, como por otra parte, exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recuerdan ambas organizaciones.
Con este real decreto sobre el registro horario, el Ministerio de Trabajo buscaba combatir los excesos horarios y los incumplimientos de la jornada laboral tras la reforma fallida de la reducción del tiempo de trabajo.
Pero la propuesta legislativa ha recibido dos duros golpes a manos de los órganos consultivos del Estado.
El primero procede del Consejo de Estado, presidido por la socialista Carmen Calvo, que ha llegado a afirmar que “lo que puede la ley no lo puede el reglamento”. El segundo lo había dirigido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hace meses, como se ha encargado de recordar esta máxima instancia administrativa.
Impunidad ante el fraude empresarial
“Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley”, zanjan los sindicatos, para los que “resulta incomprensible” que se pongan tantas “cautelas”. Más aún, cuando tanto escrúpulo puede favorecer “la impunidad” ante el incumplimiento de la legislación laboral, señalan.
Para los sindicatos CCOO y UGT, la evaluación del Consejo de Estado parece “desviar el foco de lo esencial” que es asegurar el cumplimiento de la ley y adecuarla a los requerimientos de la Unión Europea.
Afean que se niegue al Ejecutivo capacidad para legislar en esta materia y derivarla al ámbito de la negociación colectiva, coincidiendo en este planteamiento con la patronal.
El cumplimiento de la legalidad, en este caso, sobre la jornada máxima, el pago de las horas extraordinarias o su cotización no puede ser “negociable”, argumentan.
“¿De verdad considera el Consejo de Estado que derechos esenciales, como el pago del salario o el cumplimiento de la jornada, pueden quedar al albur de la negociación?”, se preguntan.
En su opinión, la negociación colectiva no puede sustituir la observancia de las normas imperativas básicas, afirman las organizaciones sindicales.
Proteger a las empresas que incumplen y no al trabajador
Con relación a las dudas expresadas sobre la protección de datos, los sindicatos consideran “especialmente llamativo” este celo.
En vez de proteger a las personas trabajadoras, lo que se quiere, les parece, es ocultar la identidad de “las empresas incumplidoras”, dificultando, además, el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada.
Es más, apuntan, de seguir la lógica del Consejo de Estado, cabría también limitar el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial.
El proyecto de Real Decreto, recuerdan CCOO y UGT, pretendía precisamente “avanzar en esa dirección, reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros”, dado que “el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado”.
Los sindicatos reclaman el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y el avance hacia la equidad del sistema económico
“Las personas trabajadoras que ven prolongada ilegalmente su jornada sin retribución, las empresas que cumplen la ley y el conjunto de la sociedad española exigen una respuesta inmediata y contundente”, detallan.
“El tiempo del diagnóstico ha terminado: es el momento de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley”, concluyen.
Un dictamen muy duro
El Consejo de Estado ha concluido que “no procede aprobar el real decreto proyectado”.
El reglamento contemplaba la obligatoriedad de implantar un sistema digital de registro interoperable con la Inspección de Trabajo, con el objetivo de combatir el fraude en materia de horas extraordinarias.
Sin embargo, el Consejo de Estado considera que el texto invade ámbitos que, por su alcance, deberían regularse por ley, y no mediante un reglamento. A ello se suma la falta de una evaluación suficiente del impacto económico para las empresas, así como una escasa adaptación a las particularidades sectoriales.
Dado que el registro digital será obligatorio para 1,35 millones de empresas, el informe del Consejo de Estado considera que “la afirmación de Trabajo de que no supondrá una carga “resulta poco realista” y que un proyecto de tales características “requiere una más amplia tramitación”.
Ministerios socialistas enfrentados a Trabajo
El informe también recoge reparos de otros ministerios implicados —como Economía y Función Pública—, que habían cuestionado diversos aspectos técnicos y procedimentales del borrador.
Economía, cita el dicamente, considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, además de abogar por atender a las diferencia sectoriales
La Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cita el dictamen señala que el proyecto supondrá “un gran impacto presupuestario para todas las Administraciones públicas” que no ha sido valorado.
Tampoco ve este órgano consultivo motivos para la declaración de urgencia del proyecto: “no está adecuadamente justificada”. Además, señala que los informe aportados son “manifiestamente insuficientes”.
“No se trata de acumular informes y documentos, se trata de valorar las consideraciones emitidas por los particulares y por otros departamentos ministeriales y tratar de conseguir una norma completa”, razona.
Desde Protección de Datos, ya se alertó de que la regulación debía incluir un informe sobre el tratamiento de los datos, lo que fue incluido posteriormente por Trabajo.
Pero dejó claras sus dudas sobre el acceso de terceros a los datos, al no estar, desde su punto de vista, justificado el papel de la representación de los trabajadores.
“Que se cumpla la jornada”
Aunque el dictamen no frena formalmente la iniciativa, sí obliga al Ministerio de Trabajo a revisar de manera profunda el texto si quiere mantener vivo el proyecto.
Desde Trabajo, como recoge la agencia Europa Press, sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan:
“Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.
En cualquier caso, la negociación con los agentes sociales “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de diálogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
