La plataforma “Ni un desahucio más” alerta de un escenario crítico tras el fin del escudo social y exige su recuperación inmediata
Ante el previsible agravamiento de los problemas de vivienda como consecuencia de los efectos económicos de la ilegal guerra contra Irán, la plataforma “Ni un desahucio más” ha expresado su “absoluto desconcierto” ante el anuncio de nuevas medidas de escudo social limitadas sin incorporar ninguna en materia de vivienda.
Las entidades recuerdan que esta omisión se produce “en un momento en que los alquileres están especulativamente desorbitados, cerca de 70.000 familias vulnerables acaban de quedar desprotegidas y hay alrededor de 600.000 contratos de alquiler próximos a su finalización”.
Las organizaciones que integran la plataforma, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, vecinales de consumidores y por el derecho a la vivienda, aseguran estar recibiendo en las últimas semanas cifras de avisos de desahucio “comparables a los años 2011, 2012 o 2013”, cuando la crisis económica dejó a decenas de miles de familias en situación extrema.
Ahora alertan que esto está ocurriendo antes de que los efectos económicos y sociales del conflicto internacional se dejen sentir de forma plena en la economía doméstica.
El Consejo General del Poder Judicial registró en 2024 27.564 desahucios, un 3,4% más que el año anterior. El 75% se debió a impagos de alquiler, y el 18% a ejecuciones hipotecarias, afectando fundamentalmente a familias con bajos ingresos, migrantes y trabajadores temporales.
Las entidades sociales advierten que, sin medidas urgentes, estas cifras podrían dispararse durante 2026. “Estamos viendo la antesala de una nueva oleada de emergencia habitacional”, alertan.
La plataforma exige al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que cumplan con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la vivienda. Y consideran que esto solo puede lograrse recuperando íntegramente el escudo social rechazado, incorporando además medidas especiales de protección para inquilinos cuya renovación o finalización de contrato los deja sin alternativa habitacional, límites efectivos a subidas abusivas (en muchos casos del 40%), mecanismos reales para evitar que familias vulnerables terminen en la calle pese a los topes de precios.
Para “Ni un desahucio más”, la defensa de la vivienda “es un principio irrenunciable para una vida digna”. Y recuerdan que el “no a la guerra”, pilar de los derechos humanos que comparten, “no puede dejar fuera la protección del hogar como condición material imprescindible”.
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