El movimiento comunitario del “Parke” denuncia “acoso institucional”, impagos y bloqueos que ponen en riesgo sus proyectos sociales
La plataforma comunitaria denuncia una estrategia institucional de impagos, paralización de iniciativas y “acoso” que pone en riesgo proyectos que sostienen a cientos de familias en el Parke Alcosa tras la dana en Valencia
El conflicto que desde hace meses enfrenta al movimiento comunitario del Parke Alcosa con las Administraciones públicas ha dado un nuevo paso. La Plataforma SOS PARKE ha presentado dos quejas ante el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana encargado de velar por los derechos de la ciudadanía, y ha anunciado su intención de judicializar la situación con el apoyo de la Universitat de València, en lo que consideran una respuesta necesaria ante el “acoso institucional” que denuncian.
La iniciativa se produce en un contexto de creciente tensión, tras meses de denuncias por impagos, bloqueo administrativo y amenazas sobre proyectos sociales clave en este barrio obrero de Alfafar. Según las entidades implicadas, lo que está en juego es la continuidad de una red comunitaria que atiende a cientos de familias en situación de vulnerabilidad.
La denuncia ante el Síndic se inscribe en una trayectoria reciente de movilización social en defensa del proyecto comunitario del Parke, que ya había salido a la calle para alertar del riesgo de desmantelamiento de iniciativas surgidas o reforzadas tras la dana, que arrasó el territorio, pero no pudo con la solidaridad de la gente.
En los últimos meses, los colectivos han denunciado reiteradamente el impago de los centros de día, el abandono institucional y la falta de respuesta pública ante una emergencia social que se prolonga en el tiempo. De hecho, estas iniciativas han seguido funcionando gracias al apoyo vecinal y al trabajo comunitario, incluso en condiciones extremas.
Ahora, con la vía institucional activada, la plataforma busca que el defensor autonómico investigue lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales y una actuación coordinada de las administraciones para “desmantelar la respuesta comunitaria”.
De los impagos al bloqueo de proyectos sociales
El núcleo del conflicto sigue siendo el mismo: la financiación y viabilidad de los proyectos sociales del barrio. Por un lado, denuncian el impago de más de 300.000 euros por parte de la Generalitat por servicios ya prestados, una situación que, según sostienen, compromete la continuidad de los centros y supone un agravio tras el esfuerzo realizado durante la emergencia.
Por otro, señalan directamente al Ayuntamiento de Alfafar por el bloqueo de iniciativas comunitarias: desde la no renovación de convenios hasta la paralización de nuevos proyectos sociales o la amenaza sobre recursos básicos como el supermercado solidario, que atiende a cientos de familias cada semana.
Las organizaciones advierten de que estas decisiones afectan directamente al empleo, a la cohesión social y al acceso a derechos básicos en uno de los barrios con mayores dificultades de la comarca.
“No es burocracia, es una decisión política”
En la comparecencia pública ante la Generalitat, el Kolectivo de Jóvenes del Parke denunció que “no es un problema administrativo, es una persecución política”. La plataforma sostiene que su papel durante la dana (organizando ayuda, denunciando carencias y articulando respuestas comunitarias) está en el origen del conflicto actual. Consideran que existe una voluntad de castigo por su capacidad de movilización y por haber cuestionado la gestión institucional de la crisis.
Esta lectura coincide con lo recogido en las quejas presentadas, donde se habla de “persecución ideológica” y de una estrategia que amenaza con desmantelar proyectos que sostienen a población vulnerable.
Ante el bloqueo institucional, SOS PARKE abre ahora un doble frente. Por un lado, el jurídico, con el acompañamiento de la Universitat de València, que ya ha identificado posibles bases legales para llevar el caso a los tribunales.
Por otro, el social. La plataforma anuncia una campaña sostenida de movilización para exigir el pago de la deuda, la regularización de los proyectos sociales y la apertura de una mesa de reconstrucción con participación vecinal, aprobada hace casi un año y todavía sin convocar, así como la puesta en marcha de un plan de empleo comunitario, entre otras medidas.
La amplia presencia de organizaciones sociales, sindicales y eclesiales en la rueda de prensa –entre ellas la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la diócesis de Valencia– refuerza el planteamiento de fondo: la situación del Parke, además de un conflicto local, es un síntoma de cómo se gestionan –y se bloquean, como es el caso– las respuestas comunitarias en contextos de crisis.
En un barrio construido históricamente sobre redes de apoyo mutuo, lo que está en juego es el reconocimiento de una forma de sostener derechos con la participación de la gente. Una cuestión que interpela directamente al papel de las administraciones públicas ante la vulnerabilidad social y el protagonismo de la comunidad organizada.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
