USO advierte de la complejidad del ingreso mínimo vital y reclama mejoras urgentes en su gestión
La Unión Sindical Obrera (USO) sostiene que el ingreso mínimo vital (IMV) continúa siendo una prestación “excesivamente compleja” y difícil de tramitar para las familias con menos recursos, lo que contribuye al elevado porcentaje de hogares que, pese a cumplir los requisitos, no acceden a ella.
“Tramitar un expediente del IMV no es algo automático como cobrar la prestación del paro”, afirma Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, quien subraya que la burocracia y las dificultades para completar la documentación siguen siendo “un obstáculo estructural que el Gobierno debe abordar sin demora”.
La advertencia del sindicato coincide con las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que este miércoles publicó un nuevo informe sobre la prestación.
La institución constata que, pese a su potencial, el IMV solo llega al 21,3% de los hogares en riesgo de pobreza, aunque su diseño permitiría alcanzar al 54,6%. Para el sindicato, estos datos confirman que la prestación “no ha logrado consolidarse como una herramienta eficaz contra la pobreza”, precisamente por fallos en su arquitectura y en su gestión.
“Desde el Gobierno estamos trabajando en una reforma con el objetivo principal de simplificarlo y que sea más fácilmente comprensible para los beneficiarios”, han indicado fuentes de Seguridad Social a Europa Press.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, recordó que el IMV solo ha logrado disminuir un 9,5% la tasa de pobreza, lejos de las cifras anunciadas en su lanzamiento. Sí ha tenido un mayor impacto en la reducción de la brecha de pobreza, que se ha reducido un 30%, aunque Herrero insiste en que, con un despliegue completo, podría haber llegado al 58%.
Con todo, el departamento que lidera Elma Saiz insisten en que la pobreza en España se ha reducido a mínimos de la última década, con el 19,7% en 2024. También denuncian el recorte de las rentas mínimas autonómicas desde la aprobación del IMV, que cifran en unos 600 millones de euros.
Hogares con derecho que no lo solicitan
Uno de los principales problemas detectados por expertos y organismos es el non take-up, es decir, la proporción de hogares que no solicitan la ayuda pese a tener derecho. Según las últimas evaluaciones de la AIReF, este fenómeno alcanzó el 55% en 2024.
El coste del IMV ascendió a 3.106 millones de euros en 2024, pero, según la AIReF, alcanzaría 6.145 millones si llegara a todas las personas que cumplen requisitos, y podría elevarse hasta 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza (considerada en el umbral del 40% de la renta mediana).
En el caso de la pobreza infantil, esta renta mínima junto con el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) solo cubre al 29% de los hogares afectados, pese a contar con un amplio margen para llegar a muchos más.
Ante este escenario, USO insiste en que es necesario “repensar el modelo” para que la prestación cumpla su finalidad. El sindicato reclama simplificar los procedimientos, reforzar la atención presencial y adaptar los requisitos a la realidad social de los hogares vulnerables. “Mientras el proceso continúe siendo tan rígido y burocrático, el IMV seguirá sin llegar a quienes más lo necesitan”, advierte Estévez.
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