Organizaciones humanitarias denuncian que el endurecimiento migratorio “ataca los derechos” y pone en riesgo más vidas en el Mediterráneo

Organizaciones humanitarias denuncian que el endurecimiento migratorio “ataca los derechos” y pone en riesgo más vidas en el Mediterráneo
Las medidas impulsadas por el Gobierno de Giorgia Meloni contra el rescate civil en el Mediterráneo suponen un grave retroceso en derechos fundamentales y aumentarán el número de muertes en el mar. Criminalizan a las personas migrantes y a quienes intentan salvarlas

Es “inaceptable que el Gobierno considere una amenaza para la seguridad nacional a las personas que corren el riesgo de ahogarse en el Mediterráneo y a quienes intentan salvarlas”, afirman en un comunicado conjunto Alarm Phone, EMERGENCY, Médicos Sin Fronteras, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ People Saving People, Sea-Watch, SOS Humanity y SOS Mediterranee

Las organizaciones denuncian que el Ejecutivo italiano introduce nuevas medidas dirigidas a frenar la acción humanitaria en el mar. A su juicio, no se trata de una política para gestionar los movimientos migratorios, sino de una estrategia para “golpear y bloquear a los barcos humanitarios, con el resultado de aumentar el número de quienes pierden la vida en el mar”. Entre las medidas señaladas figuran restricciones operativas, la obligación de regresar a puerto tras un solo rescate, la asignación de puertos lejanos y sanciones contra las organizaciones que prestan asistencia.

El texto advierte también del impacto del proyecto legislativo que llegará al Parlamento italiano para adaptar el nuevo Pacto europeo sobre migración y asilo. Las ONG sostienen que podría convertir a Italia en el primer país en aplicarlo con consecuencias regresivas en materia de derechos.

Las nuevas normas “aceleran los procedimientos fronterizos y las expulsiones, amplían la lista de los llamados ‘países de origen seguros’ — en la que se incluyen también Egipto y Túnez– y facilitan el traslado de solicitantes de asilo hacia terceros Estados incluso sin vínculos reales”. El resultado, según denuncian, es “una restricción del derecho de asilo y el riesgo de exponer a muchas personas a persecuciones y a tratos inhumanos”.

Las organizaciones humanitarias advierten de que la nueva normativa prevé incluso la prohibición de entrada en aguas territoriales durante hasta seis meses para los barcos de rescate. Consideran que esta medida vulnera las obligaciones internacionales de salvamento marítimo.

En su valoración, “se trata de una medida que viola el derecho internacional y los convenios sobre salvamento, poniendo en cuestión la obligación inderogable de salvar vidas humanas”. Además, alertan de que el bloqueo naval podría aplicarse con criterios vagos, lo que aumentaría la discrecionalidad administrativa y reduciría la protección de las personas náufragas.

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El comunicado critica igualmente el rumbo de la política migratoria europea. Las ONG sostienen que la combinación del nuevo Pacto de migración y asilo y la ampliación de la lista de países considerados seguros está transformando el enfoque de la Unión. A su juicio, Europa “ya no es un lugar de paz y de derechos, sino un ‘continente fortaleza’ que apuesta por la externalización de las fronteras y por fuertes restricciones a las garantías y a los derechos de las personas migrantes, incluido el derecho de asilo”.

Continuar salvando vidas

Pese al endurecimiento normativo, las organizaciones firmantes reafirman su compromiso con el salvamento marítimo y con el respeto del derecho internacional.

“Las ONG continuarán operando en el respeto del derecho internacional para prestar socorro y salvar vidas humanas, sin mirar hacia otro lado”, subrayan, al tiempo que reclaman que Europa y los Estados miembros asuman esa misma responsabilidad.

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