Los sindicatos piden protección para periodistas acosados y amenazados por grupos de extrema derecha
Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado una respuesta inmediata de las instituciones ante el incremento de amenazas de muerte, campañas de odio y episodios de acoso dirigidos contra periodistas y comunicadores, especialmente provenientes de grupos de extrema derecha.
La Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO) ha solicitado al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que adopten medidas urgentes para proteger a los profesionales señalados. El sindicato sostiene que los últimos casos muestran un patrón coordinado de hostigamiento.
Su portavoz, Montse Montaos, afirma que “la libertad de información, de expresión y de opinión están siendo atacadas por grupos organizados que no quieren permitir que otras personas piensen diferente y quieren ocupar desde la ultraderecha todo el espacio público en redes sociales”. También recuerda que “los y las periodistas no somos héroes ni heroínas, pero sí ejercemos una profesión que es fundamental para la democracia”.
Entre los casos recientes se encuentra el de la periodista Elena Reinés, cofundadora de “Woke Up News”, que ha denunciado haber recibido miles de amenazas de muerte. Reinés asegura que algunos mensajes incluían expresiones como “suicídate”, “ojalá aparezcas colgada de un puente” o “espero que los moros a los que defiendes te degüellen y te violen”. Según relata, incluso llegó a recibir advertencias de que “si me veían por Madrid juraban rajarme viva”.
La periodista sostiene que la gota que colmó el vaso fue la amenaza de “darme mi merecido” en un acto público. Afirma además que la campaña es “bien orquestada y organizada” y que “no es normal esta intensidad en los mensajes, ni este nivel de odio”. También denunció que, al acudir a Meta, la plataforma terminó bloqueando su cuenta y que una agente le llegó a explicar que “por privado no pasa nada si amenazas de muerte”.
Reinés confiesa que “claramente sí tengo miedo. Porque esto ya no se trata de insultos sin más. Son amenazas reales”.
Otros comunicadores también han sufrido presiones similares. El humorista y presentador Héctor de Miguel, Quequé, anunció su retirada temporal tras recibir amenazas. La analista política Sarah Santaolalla fue objeto de una campaña de hostigamiento que incluyó una pintada con su nombre y las siglas “RIP” en un espacio de memoria democrática.
Para CCOO, tres casos de esta gravedad en tan poco tiempo evidencian una escalada preocupante.
La intimidación se está consolidando
La Agrupación de Periodistas de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) coincide en el diagnóstico y alerta del riesgo extremo de normalizar la violencia contra la prensa.
El sindicato afirma que “ningún profesional de la información debe volver a trabajar bajo amenazas, insultos o agresiones físicas” y advierte de que “la intimidación contra periodistas y comunicadores se está consolidando como una práctica política y digital que busca amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”. UGT sostiene que estos ataques conforman una “escalera de violencia” que empieza con la deslegitimación y continúa con el señalamiento, el hostigamiento, las amenazas y las agresiones.
El sindicato advierte: “Cuando se intimida a quien pregunta, se castiga a quien contrasta y se amenaza a quien informa, lo que se rompe no es solo una redacción: se rompe la democracia”.
UGT subraya además la violencia específica que sufren las mujeres periodistas y comunicadoras, donde el ataque político se mezcla con agresiones de carácter machista. En el caso de Sara Santaolalla, la amenaza escrita con un “RIP” revela, según el sindicato, hasta qué punto el odio adopta formas agravadas cuando se dirige contra mujeres con voz pública. También recuerda que la situación vivida por Elena Reinés demuestra cómo el acoso puede combinar amenazas de muerte, desprestigio y contenidos manipulados.
Ambos sindicatos exigen una reacción firme de las instituciones, desde la identificación y sanción de agresores hasta la aplicación de protocolos claros para garantizar la seguridad en coberturas de riesgo. También reclaman responsabilidades a las plataformas digitales, cuyo funcionamiento, denuncian, permite que quienes amenazan actúen con impunidad mientras las víctimas pueden acabar penalizadas.
CCOO y UGT coinciden en que la libertad de información no puede sostenerse en un entorno donde informar implica exponerse a un clima de amenazas y miedo. Recuerdan que, cuando se agrede a un periodista, no se ataca solo a una persona, sino al derecho colectivo de la ciudadanía a saber qué ocurre, y llaman a una actuación inmediata para garantizar un periodismo libre y seguro.
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