Los sindicatos celebran que España active el mandato constitucional de democratizar la empresa
Los dos grandes sindicatos saludan la iniciativa sobre la democracia en el trabajo impulsada por el Ministerio de Trabajo para desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, que reconoce la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa y su acceso a la propiedad de los medios de producción.
Para CCOO, el informe confirma una evidencia largamente denunciada. Javier Pacheco, responsable de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, recuerda que “ha habido un gran inmovilismo a pesar de que está en el ámbito constitucional” y que, pese a la claridad de la Carta Magna, “lo cierto es que no ha tenido ningún desarrollo”.
A su juicio, ha llegado el momento de asumir plenamente el mandato constitucional, que contiene “dos aspectos esenciales, el derecho de participación de los trabajadores y el acceso a los medios de producción”.
Pacheco sostiene que España debe dar un salto cualitativo en la participación laboral. Explica que es necesario “mejorar la representación legal de los trabajadores”, pero sobre todo garantizar que puedan intervenir en los asuntos decisivos de la empresa. Como afirma, hay que “formar parte de las decisiones, meternos en el corazón de la organización de la empresa y del trabajo”.
La digitalización refuerza aún más la urgencia, ya que, según advierte, “necesitamos intervenir para evitar los sesgos que se producen de manera automatizada por la aplicación de herramientas digitales o de inteligencia artificial”.
El dirigente de CCOO también subraya la dimensión económica del asunto. Reclama que las trabajadoras y los trabajadores “deben tomar parte en los beneficios”, y recuerda que la participación no puede limitarse a la negociación colectiva. A su juicio, se trata también de decidir sobre la reinversión y la actividad empresarial, así como de abrir vías para la participación en el capital: “No solo hablamos de las plusvalías del trabajo, sino de formar parte del capital que determina la cuantía del trabajo”.
En esa misma línea denuncia que “en los últimos años se han multiplicado el reparto dividendos entre los accionistas, sin beneficiar a los trabajadores que son el capital social de las empresas”.
Pacheco cree que el ciclo político y social permite abordar ahora lo que durante años fue inviable. Tras un periodo en el que, según explica, “tuvimos que luchar por defender y recuperar derechos”, considera que los sindicatos han recuperado capacidad ofensiva y pueden “incidir en el modelo de empresa que necesitamos para el siglo XXI”.
Aun así, anticipa resistencias: “Es de prever una resistencia empresarial fuerte”, recuerda, citando precedentes como los planes de igualdad, la prevención de riesgos o el acceso a algoritmos, ámbitos en los que “las empresas deben dar acceso a la información y los datos del funcionamiento”.
También desde UGT se valora el informe como una oportunidad excepcional para completar una tarea constitucional pendiente. Su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, resume así el momento: “Se trata de cumplir un mandato constitucional que lleva olvidado 48 años”. Añade que este es el momento de comprobar quién defiende realmente la Constitución: “Es una magnífica oportunidad para los que alardean de constitucionalismo demuestren que les importa toda la Constitución, y no solo aquello que les beneficia”.
Luján defiende que avanzar en participación es beneficioso para todos: “Es algo bueno para la economía, para las empresas y para la sociedad”. Considera que la democratización del trabajo es clave para garantizar una transición justa, ya que es la única vía para que “de verdad nadie se queda atrás” y para que “todas las voces sean escuchadas e intervengan en las decisiones”.
Lamenta, sin embargo, el retraso español: “En otros países se ha avanzado más, pero aquí, ningún partido político, ninguna entidad ni institución ha tenido interés en aplicarlo”.
Ante los posibles obstáculos, Luján es tajante: “Ni el tamaño de las empresas, ni la presencia o no de los sindicatos debe impedir que se cumpla la Constitución”, del mismo modo que no existen excepciones para otras normas. El dirigente insiste en que lo esencial es abrir un proceso negociado: “De lo que se trata es de encontrar la manera de llevarlo a cabo, para eso se tendrá que formar la mesa correspondiente en el Diálogo Social y ver qué pasos hay que ir dando”.
Las propuestas del informe —desde la presencia en los consejos de administración hasta mecanismos de acceso a la propiedad o la creación de fondos ciudadanos para empresas en sucesión— han colocado sobre la mesa un debate que sindicatos, académicos y parte del Gobierno consideran inaplazable.
Tanto CCOO como UGT coinciden en que democratizar el trabajo es imprescindible para modernizar la economía, reducir desigualdades y fortalecer la democracia. Y ambos sostienen que, después de casi medio siglo de retraso, España ya no puede permitirse seguir ignorando su propia Constitución.
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