Los sindicatos cargan contra el informe de la AIReF y piden explicaciones al Gobierno por su enfoque para abordar la incapacidad temporal
Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado un profundo malestar con el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal (IT) y exigen al Gobierno que aclare cuál fue exactamente el encargo realizado al organismo fiscal.
Las organizaciones de trabajadores denuncian que el Ejecutivo es responsable del tono y la orientación que está tomando el debate público sobre unas prestaciones que, recuerdan, tienen como objetivo proteger a las personas trabajadoras que están de baja por enfermedad.
Críticas a un análisis “sesgado y parcial”
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, considera que el estudio de la AIReF ofrece “un análisis sesgado y parcial”, al centrarse únicamente en la evolución del gasto y culpar a colectivos con mejores condiciones laborales y preventivas de disparar su coste.
La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, también ha denunciado el sesgo del estudio, además de criticar que se convierta a las mujeres en las responsables del aumento del gasto y se cuestione la reforma laboral al relacionar estabilidad con mayor número de bajas.
Igualmente, ha lamentado que no se haya puesto el foco en el “problema crucial, que es la situación del servicio de salud, competencia, recordemos, de las comunidades autónomas”.
“El deterioro del sistema público de salud sí que ha producido un incremento en la duración de los procesos de incapacidad temporal que va ligado directamente al incremento de las listas de espera”, ha puntualizado Estévez.
“Reducir el gasto forzando a la población a acudir a trabajar enferma no protege a nadie y es imprudente en términos de salud pública”, ha afirmado Bravo.
Los sindicatos insisten en que “nadie debe estar de baja ni un día más de lo necesario, ni un día menos de lo que necesita”, y dirigen sus críticas a la insuficiente plantilla de inspectores que debe encargarse de esta tarea.
Inversión, controles públicos y el papel de las mutuas
Ambos sindicatos defienden fortalecer los controles públicos sobre los procesos de IT, siempre que estén bajo responsabilidad de órganos independientes y no de las mutuas, por su naturaleza de asociaciones empresariales, donde pueden darse “conflictos de interés”. Las mutuas de la Seguridad Social son entidades que se financian al 100% con cuotas de cotizaciones sociales.
Bravo ha recuperado la propuesta de integrar las mutuas en el sistema de Seguridad Social. “Si la financiación proviene de las cotizaciones y las prestaciones son de Seguridad Social, integremos ya las mutuas en el sistema de Seguridad Social”, ha resumido.
UGT, además, reprocha que muy pocas comunidades autónomas hayan querido adherirse a los acuerdos impulsados en el diálogo social para mejorar los tiempos de recuperación en bajas por patologías musculoesqueléticas.
La responsable sindical ha denunciado que, un año y pico después, muy poquitas comunidades autónomas han suscrito acuerdos de este tipo.
Para Bravo, “lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes, pensando que quien cae de baja varias veces en un año o varias veces en años sucesivos es un defraudador”. “Entre otras cosas, porque ahí están todos los enfermos crónicos de este país que tienen un empleo”, ha detallado.
Tampoco le parece razonable ningunear los trastornos de la salud mental que efectivamente están afectando a una parte importante de la población y, especialmente, a la población más joven.
El Ministerio de Seguridad Social sigue defendiendo su propuesta de legislar la reincorporación progresiva al puesto de trabajo después de una IT, aunque desde UGT, Estévez reconoce que no sabe bien cómo puede contribuir a reducir la duración de las bajas, si se mantiene el principio de que una persona enferma no esté obligada a ir a su trabajo.
La postura del Ministerio: creación “inminente” del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal
Mientras los sindicatos mantienen sus críticas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la puesta en marcha “inminente” del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, un órgano técnico diseñado para realizar el seguimiento de la gestión de las prestaciones y promover mejoras en la salud y en la recuperación de las personas trabajadoras.
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentó la iniciativa tras la reunión de la mesa de diálogo social sobre la IT —en la que participan CCOO, UGT, CEOE y Cepyme— y poco después de que la AIReF publicara su estudio, que advertía de una “deficiencia estructural” en la gestión actual.
El Observatorio estará regulado mediante una orden ministerial integrada en un decreto ley de 2024 pactado en el seno del diálogo social tripartito. Lo integrarán representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Ministerio de Sanidad; CEOE y Cepyme; y los sindicatos CCOO y UGT.
El Ejecutivo enviará esta semana a los agentes sociales un documento con propuestas —algunas de rango legal y otras reglamentarias— para reactivar unas negociaciones que permanecen paralizadas desde octubre. Tras introducir ajustes no sustanciales, el Ministerio confía en retomar el diálogo en la reunión prevista para el próximo lunes.
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